Crisis agrícola

A un mes de la trilla del maíz y como parte de los programas de reactivación económica que impulsa el gobierno para paliar la crisis que se agudizará por la pandemia del coronavirus, el pasado 25 de marzo se anunció un nuevo precio de garantía para los medianos productores del grano en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Como si fueran hongos que nacen con la humedad, decenas de plásticos, lonas y tiendas de campaña brotaron rodeando la mayoría de las entradas a la Cámara de Diputados el pasado jueves. Los improvisados piquetes fueron instalados por organizaciones campesinas como presión para que los legisladores incrementen los recursos para el campo durante el siguiente año.

El gobierno del presidente López Obrador decidió cambiar el eje de las políticas agrícolas hacia la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, en lugar de plegarse hacia el libre mercado. La idea de comprar en el mercado internacional los alimentos –incluso básicos– en los que no tenemos ventajas comparativas fue construyendo una fuerte dependencia alimentaria. El año pasado México ocupó el primer lugar en el mundo en la importación de maíz, con 17 millones de toneladas, mientras se produjeron 27.2 millones.

Rectificar es de sabios. Durante muchos años, Jorge Gage Francois fue un convencido dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la principal organización campesina del PRI. Hoy, es el flamante coordinador nacional del Programa Estratégico de Fertilizante de la Cuarta Transformación (4T).

Como secretario de Energía de la CNC, Gage Francois defendió la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En octubre de 2013, declaró que era vital para transformar el campo, pues es la columna vertebral por donde transitará el cambio de época que México está construyendo.

En México, durante los últimos 30 años los indígenas y campesinos han recibido fuertes presiones para despojarlos de sus tierras y territorios considerados necesarios para una nueva forma de acumulación de capital. La modernización neoliberal del campo, la desamortización de los bienes comunes, los proyectos energéticos y extractivos, los megaproyectos de infraestructura e incluso la conservación de la naturaleza, consideran como punto de partida la desposesión de las tierras y bienes comunes de los pueblos indígenas y campesinos.

La mayoría de los proyectos extractivos, de hidrocarburos y de energías renovables, así como los proyectos de infraestructura pretenden instalarse en las tierras de los pueblos indígenas, de ahí que resulta necesario que el nuevo gobierno ponga por delante el interés de los dueños y poseedores de los territorios y sus propuestas alternativas para el buen vivir, antes que favorecer los intereses de las corporaciones que pretenden despojarlos. Para ello, tendrá que cambiar el andamiaje jurídico institucional construido para favorecer y legalizar la desposesión de los pueblos.