Movimientos sociales, indígenas y campesinos

Peter M. Rosset and Maria Elena Martínez- Torres

A fines de mayo sesionó en Ciudad Juárez el Tribunal Permanente de los Pueblos –instancia internacional de gran reconocimiento ético– para escuchar y manifestarse sobre la amplia demanda colectiva planteada por cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, migrantes, mujeres, ambientalistas, campesinas, indígenas, comunicadores, de derechos humanos, titulada Libre comercio, violencia, impunidad, y derechos de los pueblos.

Los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyeron la Audiencia General Introductoria, celebrada en Ciudad Juárez entre el 27 y el 29 de mayo afirmando: "Los principios del libre mercado no son compatibles con la dignidad humana, ni con la sustentabilidad del medio ambiente". Una verdad que las distintas audiencias y el grueso de los mexicanos ha sufrido en carne propia y que ha dado origen a los más importantes movimientos sociales en las últimas décadas, pero que los gobiernos en turno se han negado a reconocer.

Ciudad Juárez es el epicentro del temblor de horror que sacude México; también lo es de la resistencia ciudadana a la insensata guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Temor y esperanza, amnesia y memoria, parálisis y acción atraviesan y forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Juaritos.

El 21 de octubre se inauguró el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con la presencia de miembros de esta prestigiosa institución internacional, heredera del Tribunal Russell, instancia creada para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra de Vietnam y posteriormente, en las dictaduras latinoamericanas.

El próximo 21 de octubre arrancará la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México. En él se juzgará la violación a los derechos humanos en México. Culminará a finales de 2013 o principios de 2014. Buscará evitar que sus trabajos sean utilizados con fines electorales.

Las organizaciones indígenas de Oaxaca están preparando la presentación de una serie de controversias constitucionales y amparos contra la reforma constitucional aprobada el miércoles 6 de abril por la 61 Legislatura del Congreso de la entidad. Hay en ellas una gran indignación y coraje. No son las únicas. Muchas organizaciones civiles están molestas, tanto con el proceso seguido para su aprobación como con el resultado final.

El pasado martes 15 de febrero, el fantasma de 2006 regresó a Oaxaca. Durante siete horas, en la capital del estado, se enfrentaron maestros pro democráticos e integrantes del movimiento popular con policías federales y locales. Al día siguiente, miles de profesores pararon actividades y tomaron carreteras. Denunciaron la represión y exigieron la renuncia de varios funcionarios públicos locales.

Las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en Cancún en diciembre 2010 (COP 16) significaron un parteaguas en muchos sentidos, todos negativos.
No así las movilizaciones populares frente a esta cumbre, de organizaciones como Vía Campesina y otras de base, que no han perdido el sentido de la realidad, de lo que es absurdo y de lo que necesitamos hacer. Cada vez, la brecha es mayor.