Luis Hernández Navarro

Juan Salgado Guzmán, también conocido como El Indio o El Caderas, era un eslabón clave para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa. Era tío de Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, fundador del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, aunque estaba sometido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), estos lo ejecutaron extrajudicialmente el 22 de septiembre de 2021, en el municipio de Metepec, estado de México.

La emboscada en que cayó José Fernando Ruiz Montejo, El Poni, y tres de sus guardaespaldas, en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, Frontera Comalapa, Chiapas, en los límites de Guatemala y México, el 28 de diciembre de 2020, fue el inicio de una guerra entre cárteles en la entidad, que cada día escala más.

La Santa Muerte y Malverde están en todos lados en San Cristóbal de las Casas y en ciudades de Chiapas como Teopisca. Su culto no está encubierto. Los mercados están repletos de elementos rituales propios de su veneración. Las tiendas de herbolaria y magia de la antigua Jovel ahora tienen monumentales Huesudas y Malverdes dando la bienvenida a los fieles.

Chiapas es un polvorín a punto de estallar. La violencia se multiplica de manera alarmante. Los ataques armados de paramilitares contra comunidades zapatistas son frecuentes y se intensifican. Grupos del crimen organizado organizan levas de jóvenes para engrosar sus ejércitos. Miles de desplazados viven en el monte o en poblados provisionales. Bandas de delincuentes motorizadas protagonizan en San Cristóbal verdaderas batallas campales para controlar mercados y rutas de drogas. Cárteles pelean a sangre y fuego por el control de la frontera con Guatemala.

El malestar cunde entre los profesores de educación indígena. De Baja California hasta Quintana Roo realizan concentraciones y protestas. El magisterio oaxaqueño convocó para este 16 de mayo a una movilización del nivel de educación de los pueblos originarios, en Palacio Nacional, a las 6 de la mañana. Poco después, a las 10, planean trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro.

El 1º de enero de 1994, Pablo González Casanova vacacionaba en Cuba. Se metió a nadar y de repente su esposa le gritó: Ven, que está saliendo México en la televisión. Al llegar frente a la pantalla, se encontró con las imágenes de “los muchachos que tomaron San Cristóbal, encapuchados. A los dos días –me explicó en larga entrevista– ya estábamos en México. Después me llamó don Samuel Ruiz a formar parte de la comisión para la paz. Acepté”.

Protegido por Israel, Tomás Zerón de Lucio, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en tiempos de Enrique Peña Nieto, quien torturó y amenazó de muerte a detenidos, alteró y fabricó pruebas falsas y fue figura clave en la elaboración de la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dice ser un perseguido político.

Ayotzinapa es una herida abierta. Han transcurrido ocho años y medio de la atrocidad y el agravio no cicatriza. ¿Cómo va a cerrarse si la verdad no llega? ¿Si no hay justicia? ¿Si el daño no se repara?
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Una visión global sobre los hechos, los responsables y la situación del caso Ayot¬zinapa, el último, nos muestra, desglosados en 36 puntos, los enormes obstáculos para iluminar las tinieblas que se ciernen sobre la tragedia. Con evidencias probadas exhiben la imposibilidad de cerrar el caso.

A Miguel López Vega lo quiere volver a encarcelar el gobierno de Puebla. Ya lo detuvo en 2020 y se vio obligado a liberarlo por falta de pruebas. En aquel entonces lo acusó, en un proceso amañado, de obstrucción de obra pública y daño a las vías de comunicación.