“Me chingan a todos a discreción. Mátalos a todos, Iguala es mía”, habría ordenado José Luis Abarca Velázquez, El A1, ex alcalde de esa ciudad. Según el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue El Guarachero –como le apodaban al ex edil, cuando era un humilde comerciante– quien ordenó desaparecer a los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.
Escalofriante. El coronel José Rodríguez Pérez, responsable de 27 Batallón de Infantería de Iguala, habría dado la instrucción de ultimar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida cuadro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014. Los militares no sólo no hicieron nada para protegerlos, aunque sabían en tiempo real lo que sucedía. No sólo falsearon lo sucedido. Simple y llanamente, los asesinaron y desaparecieron, al menos, a parte de los 43 jóvenes.
Tres acontecimientos se empalman en la masacre de Ayotzinapa. El central es la salvaje agresión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por el crimen organizado, militares y policías. El segundo consiste en la decisión de agentes estatales de distinto nivel de no intervenir para evitar que el crimen se consumara, pese a contar con información en tiempo real de lo que acontecía.
La fotografía de Fabrizio León tomada en 1985 habla por sí misma. Con los pesados bultos de café a sus espaldas y las huertas del aromático desplegadas hasta las faldas de la montaña frente a ellos, tres jornaleros indígenas chiapanecos caminan para dejar su carga. Es el último jalón del día. Tras una interminable faena pizcando las cerezas, se dirigen a dejar su carga al finquero antes de que el sol de ponga. Es un fruto cosechado con sangre y sudor, con despojo y dolor.
Los pequeños caficultores están molestos y decepcionados con el gobierno federal. Le recriminan que a la trasnacional Nestlé le haya otorgado indebidamente privilegios. También, negarse a dialogar y acordar con ellos cuestiones fundamentales de la industria.
Hay luto en la Sierra Tarahumara. Dolor y miedo. Sed de justicia y anhelo de paz. El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, y del guía de turistas Pedro Palma, en la comunidad de Cerocahui, a manos de un narcotraficante perteneciente al grupo de los Salazar, cimbró la región.
Cuando los pueblos de Oaxaca exigieron su renuncia, el mandatario estatal utilizó a Los Zetas y a grupos criminales para reprimirlos, afirma
En 2006 y 2007, los pueblos de Oaxaca exigieron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El mandatario estatal utilizó a Los Zetas y a grupos criminales para reprimirlos. Fueron asesinadas 26 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Centenares fueron detenidas arbitrariamente y torturadas. Otras más desaparecidas. La denuncia la hace Arturo Peimbert, fiscal del estado de Oaxaca.
Hace más de seis siglos, en 1589, sedientos de oro y minerales preciosos, los españoles llegaron a territorio rarámuri. Buscaban minas en lo que hoy es el municipio de Chínipas, a poco más de 100 kilómetros de la parroquia de Cerocahui, donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, y el guía de turistas Pedro Palma.