Derechos indígenas

El 6 de abril pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sentencia sobre una demanda de amparo en revisión (498/2020) presentada por el pueblo mayo asentado en el norte de Sinaloa. No es una sentencia cualquiera. Aunque antes de ésta el máximo tribunal federal ya había emitido otras, existen varios elementos en torno a ella que la vuelven singular.

Es un hecho que, en su resistencia histórica, los pueblos indígenas se movilizan, unos para promover y fortalecer su organización autonómica en defensa de sus territorios, sin confiarse en que del Poder Ejecutivo en turno emanará la protección a los mismos.

Ya es un hecho que en la llamada 4T no hay posibilidad de que desde el Presidente de la República se establezcan condiciones para alcanzar la justiciabilidad del derecho indígena , ello a la luz de las violaciones y restricciones que en tres años se han venido colocando, coincidentes, por cierto, con la razón de Estado que prevaleció, al decidir y avalar, sucesivamente los tres poderes, la mutilación y distorsión del alcance de la contrarreforma indígena de 2001. Hoy, como ayer, la problemática de los recursos naturales, es el corazón de la referida razón de Estado.

El 12 de octubre de 2020, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México tomó la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tras varios años de lucha, gestiones burocráticas interminables ante el Gobierno de la Ciudad de México. Lo decidió como repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales.