Derechos indígenas

El Día de Muertos se adelantó en Tlaxcala. Las normalistas rurales de Panotla tomaron las calles para demandar la reinstalación de las mesas de negociación con las autoridades educativas. Se toparon con un grupo de entre 200 y 250 policías y bomberos, que las rodearon con armas de fuego, gases lacrimógenos y extinguidores. Las muchachas comenzaron a grabarlos con sus celulares. Al principio, los uniformados lo tomaron con humor y les dijeron que iban a arreglarse para aparecer guapos. Luego, perdieron la calma. Tomen en cuenta lo que pasó el 2 de octubre.

Es compleja la relación entre derecho y política, aun cuando ésta debería practicarse siempre en apego al derecho. No es el caso tratándose de los pueblos indígenas que históricamente han estado sometidos al despojo de sus territorios y quienes logran un reconocimiento a través de sentencias, aún tienen que seguir luchando para que las ejecuten, que les cumplan. En ello van en juego toda una serie de maniobras y alianzas de los despojadores con la complicidad de quienes deberían estar de parte del derecho de los pueblos.

El 6 de abril pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sentencia sobre una demanda de amparo en revisión (498/2020) presentada por el pueblo mayo asentado en el norte de Sinaloa. No es una sentencia cualquiera. Aunque antes de ésta el máximo tribunal federal ya había emitido otras, existen varios elementos en torno a ella que la vuelven singular.

Es un hecho que, en su resistencia histórica, los pueblos indígenas se movilizan, unos para promover y fortalecer su organización autonómica en defensa de sus territorios, sin confiarse en que del Poder Ejecutivo en turno emanará la protección a los mismos.