La comunidad rarámuri de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, está abriendo brecha. Su resistencia contra el despojo de su territorio por los caciques locales le costó ya la vida de su dirigente Juan Ontiveros y le valió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas de protección en favor de ella.
Acreditar los derechos humanos en la sociedad mexicana no ha sido fácil. El que hoy estén incorporados al marco legal del país ha sido producto de una ardua y tenaz lucha de movimientos populares, organismos civiles, intelectuales, medios de comunicación y personalidades democráticas.
Hace 25 años se abrió un nuevo horizonte para los pueblos originarios de México. Los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígena se convirtieron en el documento fundacional de una etapa de largo aliento en su lucha emancipadora; en parte medular de su proyecto estratégico e instrumento esencial para su reconstitución. El equivalente, por utilizar un símil histórico, al Programa del Partido Liberal Mexicano en la Revolución de 1910-17.
Este 16 de febrero se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque una permanece: el indigenismo como política de Estado.
En plena pandemia, la presa Pilares comenzó a llenarse. La comunidad de Chorijoa, del ejido Guarijíos-Burapaco, fue inundada. Sus tierras, árboles frutales, cercos, vegetación tradicional, platas medicinales están desapareciendo bajo el agua. Conforme el embalse se llena, el territorio ancestral de la tribu makurawe se pierde.
En septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra tomó la decisión histórica de aprobar la Declaración sobre Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, propuesta iniciada hace 17 años por Vía Campesina.
La segunda asamblea plenaria del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), con la comandancia del EZLN, se realizó del 11 al 14 de octubre en el Cideci-Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con más de medio millar de asistentes, las dos terceras partes delegadas y delegados y el resto invitados nacionales y 13 internacionales, de Estados Unidos, Italia, Guatemala, Ecuador y Nicaragua.
Abel Barrera era seminarista cuando, en su natal Tlapa, Guerrero, vio cómo la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.
Los policías, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno Zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público.
