Derechos indígenas

Ya es un hecho que en la llamada 4T no hay posibilidad de que desde el Presidente de la República se establezcan condiciones para alcanzar la justiciabilidad del derecho indígena , ello a la luz de las violaciones y restricciones que en tres años se han venido colocando, coincidentes, por cierto, con la razón de Estado que prevaleció, al decidir y avalar, sucesivamente los tres poderes, la mutilación y distorsión del alcance de la contrarreforma indígena de 2001. Hoy, como ayer, la problemática de los recursos naturales, es el corazón de la referida razón de Estado.

El 12 de octubre de 2020, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México tomó la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tras varios años de lucha, gestiones burocráticas interminables ante el Gobierno de la Ciudad de México. Lo decidió como repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales.

El Congreso Nacional Indígena cumple hoy 25 años de un caminar activo en defensa de las tierras y territorios de los pueblos indígenas que lo integran. Como sabemos, inició hermanado con el horizonte que abrió el zapatismo y bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas y de sus movimientos. Las luchas actuales contra el despojo dan suficiente evidencia de lo que han declarado las comunidades zapatistas: No nos conquistaron. Hoy, en el día del descubrimiento, tampoco hay resonancia ni centralidad de la figura de Cristóbal Colón.

En sus Memorias, publicadas por primera vez en 1955, Jaime Torres Bodet deplora cómo la interpretación sobre la conquista y el pasado colonial de México han dividido dolorosa e inútilmente al país.

La geografía del horror mexicano tuvo, al finalizar el siglo XX, un momento cumbre. La atrocidad se volvió forma de gobierno cotidiana. El terror estableció una nueva nomenclatura. Se llamó Acteal y Norte de Chiapas, Aguas Blancas y El Charco, los Loxichas.