Derechos indígenas

La reciente aprobación de una nueva reforma constitucional relativa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido motivo de la reiteración, casi lugar común de que se cubre una deuda histórica. Ojalá fuera así, pero su letra no avala tal aseveración. Por lo pronto, quiero recordar que a las reformas hay que evaluarlas no sólo por lo que dicen, sino también por lo que callan. A esos claroscuros me referiré sin abordar el contexto político de sus promotores y el silencio de actores indígenas claves y representativos.

Hablo del Estado para anotar, de entrada, la dimensión que guarda en amplias regiones del país la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas. ¿Quién se encarga de cumplir con la obligación de garantizar la paz y el respeto al más fundamental de los derechos como lo es el derecho a la vida?, para colocar de entrada que la dimensión del derecho colectivo de los pueblos resulta inexistente por lo que en los hechos resulta fielmente practicado el paradigma salinista de ni los veo ni los oigo. Es otra la agenda prioritaria.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRES Y ALTERNATIVOS A LOS DIÁLOGOS NACIONALES POR LA PAZ
AL PUEBLO CREYENTE
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD A LA SOCIEDAD EN GENERAL

NUESTROS MUERTOS TIENEN ROSTRO, NOMBRE Y SU CORAZÓN SIGUE LATIENDO EN EL VIENTRE DE LA MADRE TIERRA.

Felices los que son perseguidos por causa de la justicia porque suyo es el Reino de los Cielos (Mateo 5,1-8)

Aplastadas mediáticamente por las campañas electorales, las múltiples denuncias de los pueblos indígenas por la suplantación de su representación por parte de los partidos políticos, parecieran invisibles. Sin embargo, casi no hay una sola entidad en que las comunidades no hayan protestado por la burla de que son objeto.