Pueblos mayas cuestionan propuesta de Ley General Indígena y exigen mayor autonomía sobre sus territorios
Redacción Desinformémonos
15 de agosto de 2026
Pueblos y organizaciones mayas de la Península de Yucatán cuestionaron la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas al considerar que mantiene mecanismos de tutela estatal sobre la libre determinación, la autonomía, el territorio, la consulta y el consentimiento de los pueblos. Las comunidades exigieron que el reconocimiento de sus derechos no quede condicionado a procedimientos administrativos ni a la validación de instituciones gubernamentales.
Las organizaciones valoraron que la iniciativa reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho e incorpore medidas relacionadas con género, futuras generaciones, personas migrantes y personas con discapacidad. Sin embargo, señalaron que la propuesta permitiría al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) determinar qué comunidades cumplen los requisitos para ser reconocidas e incorporadas al Catálogo Nacional, lo que, desde su perspectiva, trasladaría al Estado una decisión que corresponde a los propios pueblos. También cuestionaron que la iniciativa limite el acceso a recursos naturales considerados estratégicos y establezca una lista de autoridades indígenas que no contempla las formas de organización propias de los pueblos de la Península.
Uno de los principales reclamos se refiere al derecho a la consulta, pues la propuesta condiciona su realización a que exista un “impacto significativo” determinado por autoridades estatales. Los pueblos mayas consideraron que la consulta debe realizarse cuando una medida pueda afectar sus derechos y no quedar sujeta a la valoración de instituciones gubernamentales. También exigieron reconocer expresamente las guardianías indígenas y el papel de los pueblos en la protección de bienes naturales y bioculturales como las abejas y la meliponicultura, las semillas y el maíz criollo, el agua, los cenotes, la selva y el monte.
Las comunidades también cuestionaron las restricciones planteadas para acceder al amparo indígena y pidieron que cualquier integrante pueda recurrir a este mecanismo frente a actos u omisiones que vulneren derechos colectivos, incluso cuando las propias autoridades comunitarias estén involucradas. Además, propusieron que en casos de afectaciones ambientales el amparo pueda promoverse mientras persistan los daños. Los pueblos mayas de Homún, Kinchil, Chablekal, Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec, Tekit, Chocholá, Baca, Sitilpech y otras comunidades de Yucatán, Quintana Roo y Campeche llamaron a incorporar sus planteamientos a la iniciativa y a garantizar que la falta de inscripción en el Catálogo Nacional no sea utilizada para negar o limitar sus derechos.
A continuación el comunicado completo:
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