A dos días del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sólo se mantiene la ausencia de certeza sobre su destino entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Este caso, bien sabemos y no olvidamos, no es el único cubierto bajo el manto de la impunidad.
Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila, en el estado de Michoacán, ubicada en una región con recursos naturales codiciados por todo tipo de intereses, desde el ámbito minero, los consorcios inmobiliarios y, entretejido con ellos, el crimen organizado con sus y sucesivas variantes.
Hablo del Estado para anotar, de entrada, la dimensión que guarda en amplias regiones del país la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas. ¿Quién se encarga de cumplir con la obligación de garantizar la paz y el respeto al más fundamental de los derechos como lo es el derecho a la vida?, para colocar de entrada que la dimensión del derecho colectivo de los pueblos resulta inexistente por lo que en los hechos resulta fielmente practicado el paradigma salinista de ni los veo ni los oigo. Es otra la agenda prioritaria.
Mañana se realizará un encuentro más de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa con el Presidente de la República. Está por cumplirse una década de la desaparición de sus hijos y aún desconocen cuál fue su destino tras aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.
Entre los días 4 y 9 de este mes , se suscitaron graves enfrentamientos en el ejido de Tila constituido en territorio del pueblo ch’ol, en Chiapas. Situación que motivó el desplazamiento de alrededor de 4 mil de sus habitantes, auxiliados para su traslado por la Guardia Nacional y ubicados en albergues temporales en Yajalón. En tanto, un juez vinculó a proceso a seis pobladores de Tila detenidos por presunto homicidio calificado, cometido en agravio de dos personas, informó la Fiscalía General del Estado.
Ya está perfilado el triunfo electoral irreversible del partido Morena a todos los niveles. Con ello se abre la disputa por los cambios indispensables a la línea de continuidad que se perfiló desde la campaña del partido que mantendrá el poder los próximos seis años.
Existe en el país un patrón de criminalización a los diversos movimientos sociales que se organizan para exigir justicia y reclamar derechos. Dicho patrón viene de lejos, ciertamente no inició en 2018; sin embargo, lamentablemente no encontramos un parteaguas en tiempos de la llamada Cuarta Transformación. Los movimientos no han declarado una tregua en sus luchas históricas, menos aún un sometimiento a la veda electoral que no les aplica jurídicamente, pero políticamente viven en la línea de ese fuego.
Es urgente colocar la mirada crítica en el uso político del concepto de diálogo y, ciertamente contrario a derecho, en especial cuando desde el Estado se recurre a él en abierta sustitución a los órganos e instancias obligados a realizar investigación sobre los crímenes para llevar a las instituciones de impartición de justicia los resultados de la misma, colocando la presunción de culpabilidad y los elementos que la sustentan, sin excepción alguna.
Hay una crisis inocultable entre el Presidente de la República y las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi una década. Ello es resultado del virtual estancamiento de la investigación relativa al caso Ayotzinapa provocado, en su etapa reciente, por la negativa del Ejército a entregar 800 folios que son claves para el esclarecimiento sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y el castigo a los responsables.
En 2001, con ocasión del dictamen del Senado que condujo a la contrarreforma indígena violatoria de los acuerdos de San Andrés, publiqué un texto denominado La reforma mutilada ( La Jornada, 26/4/2001), en el que di cuenta de las distorsiones que se introdujeron a lo que fue la iniciativa que presentó el entonces presidente Vicente Fox, conocida como Cocopa, por emanar del proceso de negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal.