Magdalena Gómez

El pasado fin de semana se realizó en Loma de Bácum, del pueblo yaqui en Sonora, una asamblea emblemática por el tema abordado, porque es parte de un proceso organizativo con cinco reuniones previas que han sido convocadas conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena (CNI). También lo es porque simbólicamente dio inicio al año de actividades anunciado hace días para llegar al 30 aniversario del CNI en octubre de 2026.

Dicen que a las leyes, y agrego a los informes oficiales, hay que analizarlos no sólo por lo que dicen, sino por lo que callan. El apartado relativo al tema que enuncio es exhaustivo en datos sobre acciones realizadas desde y por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Retomo seis elementos.

El cambio de gobierno en Chiapas no ha dado garantía de paz para la ciudadanía y en especial para los pueblos y las comunidades indígenas en un marco de respeto a sus derechos. Sólo coloquemos la mirada en los acontecimientos que se presentaron el 8 de junio pasado. Ese día se efectuó la incursión a territorio guatemalteco por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en persecución a unos presuntos delincuentes y cuatro de ellos fueron abatidos.

El pasado 17 de mayo en Baborigame, Guadalupe y Calvo,Chihuahua, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó dos decretos de restitución y reconocimiento de tierras como Propiedad Comunal Tradicional: 502 hectáreas a la comunidad ódami, de Mesa Colorada, y 317 hectáreas a la comunidad ralámuli, de Mogótavo. Los cuales se sumaron a la reunión anterior en Mogótavo en la que firmó dos decretos similares a favor de las comunidades de Guasachique y Bosques, de San Elías Repechique: mil 485 hectáreas y 693 hectáreas.

El Centro Frayba presentó en días pasados en San Cristóbal de las Casas ,el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal; entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de lucha y resistencia. Su título encuentra sentido en la dedicatoria que habrá que tomar muy en cuenta:

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA); el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocaron a los firmantes de la declaración por la vida, a la Jornada Global ¡Justicia para Samir Flores Soberanes; 6 años de impunidad, a realizarse del 20 al 23 de febrero o cuando sus realidades se los permitan. En su llamado anticiparon que la impunidad se mantiene porque la autoría del crimen está ligada a quienes siguen libres y ¬gobernando.

Consulta indígena y afromexicana
Magdalena Gómez
La Jornada
14 de enero de 2025

Ya son varias décadas de lucha incansable del pueblo nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, por la recuperación de las tierras que les han despojado entre otros, pequeños propietarios del ejido La Placita. Han utilizado la muy desgastante vía jurídica y mostrado una y otra vez que mantienen su cosmovisión y su identidad como pueblo. Así lo han expresado:

Está en curso una muy amplia cadena de movilizaciones en México y algunas ciudades de Europa en defensa del poblado 6 de Octubre, de bases de apoyo zapatista, integrante del caracol de Jerusalén, asentado en las tierras ocupadas a raíz del alzamiento zapatista de 1994. Durante 30 años la ocupación se ha desarrollado de manera pacífica y continua.

La reciente aprobación de una nueva reforma constitucional relativa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido motivo de la reiteración, casi lugar común de que se cubre una deuda histórica. Ojalá fuera así, pero su letra no avala tal aseveración. Por lo pronto, quiero recordar que a las reformas hay que evaluarlas no sólo por lo que dicen, sino también por lo que callan. A esos claroscuros me referiré sin abordar el contexto político de sus promotores y el silencio de actores indígenas claves y representativos.