Magdalena Gómez

La última semana del pasado junio tuvo acontecimientos fuertes en materia de seguridad, igual en Guanajuato, Guerrero y Michoacán, que ameritan acercamientos y lecturas específicas. Sin embargo, me concentraré en lo sucedido esos días en Chiapas, por lo que se reconoció y afirmó desde el poder tanto en el ámbito estatal como en el federal y sobre todo por los impactos que dejan tanto a nivel de organizaciones como las zapatistas y de derechos humanos como en la sociedad de la entidad y su impacto en todo el país.

Seguramente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que han trabajado por la justicia por más de 30 años, entenderán que no me puedo detener en este texto a enumerar las razones para disentir totalmente del juicio sumario y falto a la verdad que en su contra se emitió en días pasados desde la voz presidencial. Estamos ante una emergencia más de las que viven los pueblos indígenas en todo el país y, en este caso, una más de las que atentan contra los pueblos zapatistas.

Con el encuentro internacional El Sur Resiste 2023 y la muy amplia caravana previa, los diversos pueblos indígenas buscaron visibilizar los daños socioambientales y bioculturales de los megaproyectos, destacando el Corredor Interoceánico y el llamado Tren Maya. En este importante proyecto político y organizativo promovido por el Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron activistas de diferentes estados del país y representantes de por lo menos 10 países más: España, Chipre, Grecia, Chile, Argentina, Colombia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y Ecuador.

Hace 17 meses falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el conflicto de límites entre Chiapas y Oaxaca (controversia constitucional 121/2012). Su discusión no fue ajena al temor de caer en el terreno político. Ello devela la idea de que el derecho no se utilice para resolver problemas sociales o políticos, señalaron en los debates del pleno del máximo órgano del Poder Judicial. Es una primera llamada de atención, pues en tratándose de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho agrario en general esa es justamente la materia por la que se acude a tribunales.

El 4 de abril la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emitió un muy fuerte comunicado dirigido a los tres órdenes de gobierno. Su tesis central es lamentablemente coincidente con lo que sucede en otras regiones del país: Nos preocupa la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en los pueblos de los municipios.

El día de mañana el Tribunal de Justicia del estado de Puebla celebrará una audiencia sobre el caso de Miguel López Vega, acusado individual al margen de las legítimas decisiones y acciones de defensa colectiva de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla de la entidad, contra la decisión del Comité Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) de entubar las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en el río Metlapanapa.

El pasado 29 de octubre, el Presidente de la República firmó en el pueblo yaqui de Belén, el decreto para la restitución de alrededor de 30 mil hectáreas, superficie que había sido despojada a la tribu yaqui. Para ello, el gobierno federal negoció con los propietarios, el pago de 420 millones de pesos de 11 predios localizados 10 en el municipio de Guaymas y otro en Cajeme.

No se puede abordar este caso sin rendir homenaje a las madres y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Su caminar incansable en busca del paradero de sus hijos merecería una respuesta de justicia que hoy por hoy aparece ligada a su antítesis, como la impunidad. Difícil resumir las narrativas de las instancias encargadas de procuración de justicia.

El 18 de agosto se presentó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi ocho años el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Ello en Palacio Nacional en presencia del Presidente de la República, en un encuentro sin posibilidad de diálogo sobre un documento cuya existencia conocieron en ese momento. Lo señalado sobre su contenido es de tal magnitud e impacto que sólo atinaron a expresar que lo revisarían y después emitirían opinión.

El 9 de agosto de 2003, en Oventic, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en sustitución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MARZ), cuyas funciones continuarían. Se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las juntas para atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento.