Magdalena Gómez

El pasado 3 de diciembre el corresponsal de La Jornada en Chiapas, Elio Enríquez, publicó una noticia que resulta preocupante por lo que puede desatar en activación de agresiones a comunidades zapatistas, justo a unos días de que se cumplan 30 años de alzamiento del EZLN, en cuyo contexto se recuperaron tierras que han ocupado en forma pacífica, continua y pública desde 1995, por cierto no exenta de agresiones de grupos civiles armados para provocar su desplazamiento forzoso.

Es complicado plantear un enfoque de derechos bajo el riesgo inminente de ser ubicada del lado de los conservadores, por decir lo menos. Vaya paradoja y, sin embargo, resulta indispensable acercar ese espejo a temas cruciales como la situación de los pueblos indígenas ante la evidente militarización que se ha instaurado en los tiempos de la llamada 4T.

Me interesa destacar el alto valor político y simbólico que una vez más nos muestran los pueblos indígenas y con ello enunciar al final de este texto, la agenda compleja presente y pendiente respecto del conjunto de la sociedad.

Así lo han denunciado los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, desde el plantón que instalaron enfrente del campo militar número 1 como respuesta a la convicción de que desde la Presidencia de la República se continúa protegiendo al Ejército.

Los pasados 31 de julio y 1º de agosto se realizó en el espacio solidariamente facilitado por el Centro Pro de Derechos Humanos el foro Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, convocado por la coordinación de organizaciones civiles. Se celebraron sucesivamente las mesas sobre violencia, justicia y paz, para concluir con la dedicada al arte en la resistencia.

Es importante destacar el sexto y último informe del GIEI, cuya presentación, el pasado 25 de julio, ha generado intensas polémicas a raíz de las muy contundentes conclusiones que expresaron con ética y profesionalismo, fuera de toda duda, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos de los cinco integrantes originales que permanecieron hasta ayer que finalizó su mandato. Como sabemos, están por cumplirse nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y aún no se cuenta con la información contundente sobre su destino y paradero.

Bien lo han dicho los pueblos indígenas: su resistencia no se mide ni agota por sexenios; siendo esto cierto, también hay que visibilizar y cuestionar las políticas estatales en turno.

La última semana del pasado junio tuvo acontecimientos fuertes en materia de seguridad, igual en Guanajuato, Guerrero y Michoacán, que ameritan acercamientos y lecturas específicas. Sin embargo, me concentraré en lo sucedido esos días en Chiapas, por lo que se reconoció y afirmó desde el poder tanto en el ámbito estatal como en el federal y sobre todo por los impactos que dejan tanto a nivel de organizaciones como las zapatistas y de derechos humanos como en la sociedad de la entidad y su impacto en todo el país.

Seguramente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que han trabajado por la justicia por más de 30 años, entenderán que no me puedo detener en este texto a enumerar las razones para disentir totalmente del juicio sumario y falto a la verdad que en su contra se emitió en días pasados desde la voz presidencial. Estamos ante una emergencia más de las que viven los pueblos indígenas en todo el país y, en este caso, una más de las que atentan contra los pueblos zapatistas.

Con el encuentro internacional El Sur Resiste 2023 y la muy amplia caravana previa, los diversos pueblos indígenas buscaron visibilizar los daños socioambientales y bioculturales de los megaproyectos, destacando el Corredor Interoceánico y el llamado Tren Maya. En este importante proyecto político y organizativo promovido por el Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron activistas de diferentes estados del país y representantes de por lo menos 10 países más: España, Chipre, Grecia, Chile, Argentina, Colombia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y Ecuador.