Magdalena Gómez

Hace 17 meses falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el conflicto de límites entre Chiapas y Oaxaca (controversia constitucional 121/2012). Su discusión no fue ajena al temor de caer en el terreno político. Ello devela la idea de que el derecho no se utilice para resolver problemas sociales o políticos, señalaron en los debates del pleno del máximo órgano del Poder Judicial. Es una primera llamada de atención, pues en tratándose de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho agrario en general esa es justamente la materia por la que se acude a tribunales.

El 4 de abril la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emitió un muy fuerte comunicado dirigido a los tres órdenes de gobierno. Su tesis central es lamentablemente coincidente con lo que sucede en otras regiones del país: Nos preocupa la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en los pueblos de los municipios.

El día de mañana el Tribunal de Justicia del estado de Puebla celebrará una audiencia sobre el caso de Miguel López Vega, acusado individual al margen de las legítimas decisiones y acciones de defensa colectiva de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla de la entidad, contra la decisión del Comité Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) de entubar las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en el río Metlapanapa.

El pasado 29 de octubre, el Presidente de la República firmó en el pueblo yaqui de Belén, el decreto para la restitución de alrededor de 30 mil hectáreas, superficie que había sido despojada a la tribu yaqui. Para ello, el gobierno federal negoció con los propietarios, el pago de 420 millones de pesos de 11 predios localizados 10 en el municipio de Guaymas y otro en Cajeme.

No se puede abordar este caso sin rendir homenaje a las madres y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Su caminar incansable en busca del paradero de sus hijos merecería una respuesta de justicia que hoy por hoy aparece ligada a su antítesis, como la impunidad. Difícil resumir las narrativas de las instancias encargadas de procuración de justicia.

El 18 de agosto se presentó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi ocho años el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Ello en Palacio Nacional en presencia del Presidente de la República, en un encuentro sin posibilidad de diálogo sobre un documento cuya existencia conocieron en ese momento. Lo señalado sobre su contenido es de tal magnitud e impacto que sólo atinaron a expresar que lo revisarían y después emitirían opinión.

El 9 de agosto de 2003, en Oventic, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en sustitución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MARZ), cuyas funciones continuarían. Se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las juntas para atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento.

Es compleja la relación entre derecho y política, aun cuando ésta debería practicarse siempre en apego al derecho. No es el caso tratándose de los pueblos indígenas que históricamente han estado sometidos al despojo de sus territorios y quienes logran un reconocimiento a través de sentencias, aún tienen que seguir luchando para que las ejecuten, que les cumplan. En ello van en juego toda una serie de maniobras y alianzas de los despojadores con la complicidad de quienes deberían estar de parte del derecho de los pueblos.

En unos días culminará en la Ciudad de México la marcha que salió el pasado 25 de abril de la comunidad wixárika de Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, para exigir al Presidente de la República, la ejecución de las diversas sentencias a su favor logradas a lo largo de 16 años, que ordenan la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la región. La marcha de cerca de 200 comuneros, fue un acuerdo de asamblea desde el pasado marzo.

El 24 de abril pasado culminó en Cuentepec con la expedición de un decreto inédito la Primera Asamblea de los Pueblos Nahuas del Estado de Morelos contra la Minería y los Megaproyectos de Muerte, con ella también lo hizo la Caravana por el agua y por la vida: pueblos unidos contra el despojo capitalista con una declaración y propuesta política para responder a la pregunta: ¿qué sigue?