El Informe anual 29 del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan muestra en portada una imagen que lo dice casi todo y para mayor certeza lo titula: la verdad vestida de verde olivo.
La desviación de poder tiene en este país una historia, que se inserta en la vida jurídica a partir de una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vale señalar que ni la corte ni la comisión tienen la misma naturaleza que la Organización de Estados Americanos (OEA), no obstante ser instancias que pertenecen a la misma. Ambas han realizado de manera autónoma contribuciones esenciales a los derechos de los pueblos en la región.
En torno al aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la semana reciente se publicaron en algunos medios, no es el caso del diario La Jornada, diversas entrevistas y versiones un tanto apocalípticas sobre la trayectoria y el estado actual de este movimiento enfatizando crisis y declives y, sobre todo, reclamando que no ha seguido la ruta que desde afuera algunos definían.
El pasado 3 de diciembre el corresponsal de La Jornada en Chiapas, Elio Enríquez, publicó una noticia que resulta preocupante por lo que puede desatar en activación de agresiones a comunidades zapatistas, justo a unos días de que se cumplan 30 años de alzamiento del EZLN, en cuyo contexto se recuperaron tierras que han ocupado en forma pacífica, continua y pública desde 1995, por cierto no exenta de agresiones de grupos civiles armados para provocar su desplazamiento forzoso.
Es complicado plantear un enfoque de derechos bajo el riesgo inminente de ser ubicada del lado de los conservadores, por decir lo menos. Vaya paradoja y, sin embargo, resulta indispensable acercar ese espejo a temas cruciales como la situación de los pueblos indígenas ante la evidente militarización que se ha instaurado en los tiempos de la llamada 4T.
Me interesa destacar el alto valor político y simbólico que una vez más nos muestran los pueblos indígenas y con ello enunciar al final de este texto, la agenda compleja presente y pendiente respecto del conjunto de la sociedad.
Así lo han denunciado los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, desde el plantón que instalaron enfrente del campo militar número 1 como respuesta a la convicción de que desde la Presidencia de la República se continúa protegiendo al Ejército.
Los pasados 31 de julio y 1º de agosto se realizó en el espacio solidariamente facilitado por el Centro Pro de Derechos Humanos el foro Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, convocado por la coordinación de organizaciones civiles. Se celebraron sucesivamente las mesas sobre violencia, justicia y paz, para concluir con la dedicada al arte en la resistencia.
Es importante destacar el sexto y último informe del GIEI, cuya presentación, el pasado 25 de julio, ha generado intensas polémicas a raíz de las muy contundentes conclusiones que expresaron con ética y profesionalismo, fuera de toda duda, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos de los cinco integrantes originales que permanecieron hasta ayer que finalizó su mandato. Como sabemos, están por cumplirse nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y aún no se cuenta con la información contundente sobre su destino y paradero.
Bien lo han dicho los pueblos indígenas: su resistencia no se mide ni agota por sexenios; siendo esto cierto, también hay que visibilizar y cuestionar las políticas estatales en turno.