Magdalena Gómez

No se puede abordar este caso sin rendir homenaje a las madres y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Su caminar incansable en busca del paradero de sus hijos merecería una respuesta de justicia que hoy por hoy aparece ligada a su antítesis, como la impunidad. Difícil resumir las narrativas de las instancias encargadas de procuración de justicia.

El 18 de agosto se presentó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi ocho años el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Ello en Palacio Nacional en presencia del Presidente de la República, en un encuentro sin posibilidad de diálogo sobre un documento cuya existencia conocieron en ese momento. Lo señalado sobre su contenido es de tal magnitud e impacto que sólo atinaron a expresar que lo revisarían y después emitirían opinión.

El 9 de agosto de 2003, en Oventic, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en sustitución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MARZ), cuyas funciones continuarían. Se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las juntas para atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento.

Es compleja la relación entre derecho y política, aun cuando ésta debería practicarse siempre en apego al derecho. No es el caso tratándose de los pueblos indígenas que históricamente han estado sometidos al despojo de sus territorios y quienes logran un reconocimiento a través de sentencias, aún tienen que seguir luchando para que las ejecuten, que les cumplan. En ello van en juego toda una serie de maniobras y alianzas de los despojadores con la complicidad de quienes deberían estar de parte del derecho de los pueblos.

En unos días culminará en la Ciudad de México la marcha que salió el pasado 25 de abril de la comunidad wixárika de Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, para exigir al Presidente de la República, la ejecución de las diversas sentencias a su favor logradas a lo largo de 16 años, que ordenan la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la región. La marcha de cerca de 200 comuneros, fue un acuerdo de asamblea desde el pasado marzo.

El 24 de abril pasado culminó en Cuentepec con la expedición de un decreto inédito la Primera Asamblea de los Pueblos Nahuas del Estado de Morelos contra la Minería y los Megaproyectos de Muerte, con ella también lo hizo la Caravana por el agua y por la vida: pueblos unidos contra el despojo capitalista con una declaración y propuesta política para responder a la pregunta: ¿qué sigue?

Es un hecho que, en su resistencia histórica, los pueblos indígenas se movilizan, unos para promover y fortalecer su organización autonómica en defensa de sus territorios, sin confiarse en que del Poder Ejecutivo en turno emanará la protección a los mismos.

Ya es un hecho que en la llamada 4T no hay posibilidad de que desde el Presidente de la República se establezcan condiciones para alcanzar la justiciabilidad del derecho indígena , ello a la luz de las violaciones y restricciones que en tres años se han venido colocando, coincidentes, por cierto, con la razón de Estado que prevaleció, al decidir y avalar, sucesivamente los tres poderes, la mutilación y distorsión del alcance de la contrarreforma indígena de 2001. Hoy, como ayer, la problemática de los recursos naturales, es el corazón de la referida razón de Estado.

El 12 de octubre de 2020, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México tomó la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tras varios años de lucha, gestiones burocráticas interminables ante el Gobierno de la Ciudad de México. Lo decidió como repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales.

La impugnación al acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021, avanza más lentamente de lo que se requiere; sin embargo, hay que valorar la decisión de pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX participantes en el Congreso Nacional Indígena al tramitar 17 amparos con el fin de detener el objetivo oficial de acelerar los megaproyectos en curso que resultan favorecidos al declararse de interés público y seguridad nacional y con ello prácticamente eliminar o suspender salvaguardas de sus derechos con ra