Silvia Ribeiro

En Querétaro, México, el gobierno estatal y federal parecen haber respondido esa pregunta: el agua es primero para las grandes tecnológicas, como Amazon, Microsoft Google y ahora CloudHQ. Después de que otras megaindustrias como la aeroespacial y automovilística han ido agotando los pozos de agua subterránea y acuíferos de la región, lo que queda lo dispondrán las titánides tecnológicas globales.

El estudio científico más amplio realizado hasta el momento sobre el efecto cancerígeno del glifosato mostró resultados alarmantes: aún en dosis permitidas por las regulaciones, la exposición prolongada a este agrotóxico y otros componentes de sus formulaciones comerciales causaron múltiples formas de cáncer (Panzacchi, S. et al, 2025, Environmental Health, https://doi.org/10.1186/s12940-025-01187-2).

A través de un decreto presidencial, México prohibió el 5 de septiembre 2025 el uso de 35 plaguicidas y las fases del proceso de su síntesis, producción, almacenamiento, comercialización y aplicación, entre otras (https://tinyurl.com/4vhb3htf).

Mientras la crisis climática empeora, los mayores contaminadores globales aumentan las emisiones de gases que la provocan y al mismo tiempo, se justifican y lucran con falsas “soluciones” para el clima, como mercados de carbono y tecnologías de geoingeniería. Un caso típico es el de las megaempresas tecnológicas. Es el sector industrial que más ha aumentado el porcentaje de emisiones, principalmente por el auge de la inteligencia articial (IA) que devora energía, agua y otros recursos y producen basura tóxica.

En las últimas semanas se anunció la aprobación de un trigo manipulado genéticamente en Chile y arroz manipulado en Ecuador. Son hechos graves, porque se trata de cultivos alimentarios básicos que consume la mayoría de la población en esos y muchos otros países de América Latina y el Caribe. En ambos casos, las empresas los presentan como cultivos “editados genéticamente”, lo cual les ha permitido burlar las normas de bioseguridad para transgénicos en ambos países. Ni productores ni consumidores sabrán que se trata de cultivos manipulados genéticamente.

Un nuevo informe del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food, por sus siglas en inglés), reveló que la cadena industrial de alimentos consume al menos 15 por ciento de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) usados a nivel global, porcentaje que va en aumento.

Un reciente informe de la organización Corporate Accountability (CA) confirma que los mercados de carbono son mayormente una estafa: no sirven para aliviar el cambio climático, se apropian del control de tierras, bosques, costas y humedales, en muchos casos en territorios indígenas y campesinos. Sin embargo, este comercio continúa porque es muy lucrativo para empresas, certificadores, verificadores y ONG intermediarias.

El 17 de marzo de 2025 quedó finalmente asentado en la Constitución de México la prohibición de siembra de maíz transgénico en todo el territorio, resultado de décadas de lucha de pueblos indígenas, comunidades y organizaciones campesinas, de la sociedad civil, científicas, culturales y ambientalistas.

Cada mes llegan noticias de un nuevo desastre sobre la muerte masiva de abejas en algún lugar del país, lo cual es una tragedia para la apicultura campesina y para la biodiversidad. Las causas son conocidas, la principal es la deriva del uso intensivo de agrotóxicos, especialmente en la agricultura industrial que usa aviones o drones para la fumigación.

La semana pasada el panel de controversias del T-MEC falló contra México en el caso sobre maíz transgénico levantado por Estados Unidos, al que se sumó posteriormente Canadá. Pese a que México tiene toda la razón al defender su derecho a legislar en protección de la salud de su población y de la diversidad del maíz en su centro de origen, era muy probable que el fallo fuera en su contra. Como lo llamó Luis Hernández Navarro, fue un juego con cartas marcadas (https://tinyurl.com/ye23jkaf).