¿En manos de quién queda la defensa de nuestras aguas?
No es casual que subió el valor de las acciones de Grupo México y Peñoles en cuanto se publicó esta nueva versión de la Iniciativa.
Pedro Moctezuma Barragan
30 de abril de 2023
Aristegui Noticias
Mientras celebramos enérgicamente la aprobación unánime en el Senado del paquete de reformas en materia de minería, señalamos que las reformas originalmente propuestas en la Iniciativa del Presidente en materia de agua fueron eliminadas.
La Legislación aprobada representa un gran avance: Por fin la minería no será considerada como actividad preferente; se codifica el derecho de los pueblos indígenas a la consulta; las comunidades y los particulares cuyas tierras serán minadas recibirán el 5% de las utilidades generadas; los concesionarios mineros tendrían que presentar un vehículo financiero para cubrir posibles daños sociales o ambientales.
Sin embargo, el agua perdió en este round no solo porque fue el aspecto que más les importó a los intereses mineros, sino porque la institución a cargo de su defensa, la Comisión Nacional del Agua, rehusó defenderla.
Después de hacer vacío al proceso de elaboración por parte de las Secretarías de Economía y del Medio Ambiente de las reformas presentadas por el Presidente, la Conagua se coordinó por su cuenta con los intereses megamineros para preparar una nueva versión a ser presentada en la Cámara de Diputados.
En plena crisis hídrica y ambiental la megaminería logró concesiones de agua a 30 años, lo que nos lleva más allá del 2053, éstas permitirán que la minería tóxica siga burlándose de las debilitadas capacidades de inspección y sanción de la Conagua y la Profepa.
Lograron asimismo poder aprovechar “las aguas de laboreo,” vastas cantidades de agua que salen cuando cortan las venas de los acuíferos al sacar los minerales, sin disponibilidad, sin concesión y sin límite.
Lograron liberarse de cualquier tope al porcentaje de agua de un acuífero que podría ser concesionado por una minera. Las cientos de presas de jales seguirán ocupando cauces federales, cada una siendo una bolsa tóxica lista a romperse con el tiempo o con alguna lluvia “atípica.”
La versión aprobada reemplazó las medidas efectivas en materia de agua con artículos vacuos: repite la ya establecida obligación de solo concesionar volúmenes disponibles, manteniendo la excepción para aguas de laboreo.
Requiere que las mineras reciclen el 60% del agua usada en sus “instalaciones,” un término que solo se refiere a oficinas, baños y comedores. Anuncia que las mineras no afectarán el derecho humano al agua, pero sin medidas concretas al respecto.
No es casual que subió el valor de las acciones de Grupo México y Peñoles en cuanto se publicó esta nueva versión de la Iniciativa.
El papel de la Conagua, al haber intervenido la Iniciativa Presidencial para sacrificar el agua en el paquete de reformas, demuestra una vez más que se trata de una institución que sigue permeada de redes al servicio de los grandes intereses. En el caso de la minería, es el área técnica, específicamente la de aguas subterráneas, la que está a cargo de garantizar la “disponibilidad” para las mineras.
Casualmente en estos días esta área está actualizando la NOM 011 sobre disponibilidad de una manera que les permitirá seguir manipulando los volúmenes concesionables. Al basar la NOM en trabajo de gabinete y no en información de campo (de por sí solo cuentan con 66 estaciones piezométricas para cubrir 653 acuíferos), el área de aguas subterráneas podrá seguir “ajustando” las disponibilidades a modo.
Ejemplifiquemos con el caso del Acuífero Cedros. Ahí cuando la minera Goldcorp (ahora Newmont) encontró una nueva veta de oro, el área de aguas subterráneas de Conagua publicó en el DOF el estudio de la propia minera en donde se “descubrió” una recarga adicional de 44 millones m3/año en pleno semidesierto zacatecano, la totalidad de la cual fue concesionada a la minera.
Hoy en día Newmont controla el 84% del agua de este acuífero, y las comunidades a su alrededor han tenido que migrarse frente al desecamiento de sus pozos.
Es de notar que la Conagua no solo no defendió nuestras aguas frente a las presiones de la megaminería sino lleva más de 20 días sumergida en una parálisis a nivel nacional.
El hackeo del 13 abril fue prevenible e inexplicable, y ha sido más destructivo que el incendio de Oficinas Centrales en marzo de 2019. Ahora que, bajo la 4T, la corrupción ya no es mandato oficial sino prolifera por inercia propia encubriéndose bajo la popularidad del Presidente, la Comisión Nacional del Agua se está implosionando.
Por lo tanto, surge la profunda pregunta: ¿Quién defenderá nuestra agua?
Desde hace 11 años la Constitución mandata que el Congreso de la Unión emita una Ley General de Aguas que daría base para una institucionalidad centrada en los derechos humanos y no en los grandes mercados del agua.
Faltando esto, los defensores del agua siguen siendo ignorados y mal tratados por la Conagua, así como hostigados e incluso asesinados por los intereses que acaparan y envenenan el vital líquido.
Por esto, se levantó un repudio multitudinario frente a la exclusión del agua del paquete de reformas. A sabiendas que no pondría en peligro su aprobación, las más de 136,000 firmas pidiendo a los Senadores que respetaran las medidas de protección del agua de la Iniciativa original fueron un acto necesario de alerta frente al riesgo que implica para nuestra Nación seguir posponiendo la efectiva defensa de nuestras aguas.
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