Más de 300 organizaciones, comunidades y personas nacionales y extranjeras solicitan intervención de la SCJN para proteger los derechos de la comunidad maya de Chapab
Gerardo Suárez
CCMSS
15 enero, 2024
Cientos de comunidades, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos(as) de México y otras regiones del mundo se sumaron a la solicitud que la comunidad maya de Chapab, Yucatán, le hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga su caso y pueda poner un freno a la violación de los derechos humanos al medio ambiente y la salud, y a la libre determinación como pueblo indígena, ocasionada por la operación de una mega granja de cerdos que se instaló en su territorio en 2017, propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, sin su consentimiento y con cobijo de instituciones estatales y judiciales.
Aunque la población de Chapab obtuvo en 2021 una suspensión definitiva de la granja dentro de un juicio de amparo promovido ante los juzgados de distrito en Yucatán, por las afectaciones ocasionadas por la operación de dicha mega granja, principalmente por la probable contaminación del agua, el aire y el suelo; este juicio fue desechado por el Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, a quien se le aduce un accionar favorable para los intereses del empresariado porcícola, como lo evidencia su intervención en otros litigios de comunidades mayas también afectadas por esta misma industria.
El magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García argumentó que la demanda presentada por la comunidad de Chapab no tiene validez porque es extemporánea, ya que debieron demandar dentro de los primeros 15 días después del establecimiento de la mega granja. Este argumento carece completamente de sentido puesto que los daños al territorio y a las y los pobladores se hicieron evidentes durante la operación de la mega granja.
Adicionalmente, es insólito que el Poder Judicial Federal resuelva un periodo de tiempo obtuso (caduco) para la defensa de derechos humanos por afectaciones al ambiente, al territorio y a otros derechos que prevalecen hasta que las autoridades cumplan con sus obligaciones.
Con estos resolutivos favorables para las empresas porcícolas, a pesar de la demostración de la violación de derechos humanos de los pueblos y los impactos ambientales, el Poder Judicial Federal manda un mensaje, por demás preocupante, diciéndole a las empresas que pueden operar en la irregularidad, si no fueron demandadas dentro de los primeros 15 días después de que se establecieron en los territorios de las comunidades.
Además del litigio mencionado anteriormente, integrantes de la comunidad de Chapab, organizados en el colectivo Kanan Lu’um Moo (que se traduce al español de la lengua originaria maya como “cuidar la tierra”) ya han solicitado a las autoridades ambientales y administrativas la realización de una consulta indígena para que la comunidad decida si quiere o no esa mega granja, misma que produce más de 48 mil cerdos por ciclo, generando con ello una gran cantidad de residuos que desembocan en afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y al derecho de vivir tranquilos en su territorio.
Más de 300 organizaciones, comunidades y personas nacionales y extranjeras solicitan intervención de la SCJN para proteger los derechos de la comunidad maya de Chapab
15 enero, 2024, Por: Gerardo Suárez
Cientos de comunidades, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos(as) de México y otras regiones del mundo se sumaron a la solicitud que la comunidad maya de Chapab, Yucatán, le hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga su caso y pueda poner un freno a la violación de los derechos humanos al medio ambiente y la salud, y a la libre determinación como pueblo indígena, ocasionada por la operación de una mega granja de cerdos que se instaló en su territorio en 2017, propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, sin su consentimiento y con cobijo de instituciones estatales y judiciales.
Aunque la población de Chapab obtuvo en 2021 una suspensión definitiva de la granja dentro de un juicio de amparo promovido ante los juzgados de distrito en Yucatán, por las afectaciones ocasionadas por la operación de dicha mega granja, principalmente por la probable contaminación del agua, el aire y el suelo; este juicio fue desechado por el Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, a quien se le aduce un accionar favorable para los intereses del empresariado porcícola, como lo evidencia su intervención en otros litigios de comunidades mayas también afectadas por esta misma industria.
El magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García argumentó que la demanda presentada por la comunidad de Chapab no tiene validez porque es extemporánea, ya que debieron demandar dentro de los primeros 15 días después del establecimiento de la mega granja. Este argumento carece completamente de sentido puesto que los daños al territorio y a las y los pobladores se hicieron evidentes durante la operación de la mega granja. Adicionalmente, es insólito que el Poder Judicial Federal resuelva un periodo de tiempo obtuso (caduco) para la defensa de derechos humanos por afectaciones al ambiente, al territorio y a otros derechos que prevalecen hasta que las autoridades cumplan con sus obligaciones.
Con estos resolutivos favorables para las empresas porcícolas, a pesar de la demostración de la violación de derechos humanos de los pueblos y los impactos ambientales, el Poder Judicial Federal manda un mensaje, por demás preocupante, diciéndole a las empresas que pueden operar en la irregularidad, si no fueron demandadas dentro de los primeros 15 días después de que se establecieron en los territorios de las comunidades.
Además del litigio mencionado anteriormente, integrantes de la comunidad de Chapab, organizados en el colectivo Kanan Lu’um Moo (que se traduce al español de la lengua originaria maya como “cuidar la tierra”) ya han solicitado a las autoridades ambientales y administrativas la realización de una consulta indígena para que la comunidad decida si quiere o no esa mega granja, misma que produce más de 48 mil cerdos por ciclo, generando con ello una gran cantidad de residuos que desembocan en afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y al derecho de vivir tranquilos en su territorio.
La consulta indígena debería realizarse de acuerdo con las pautas constitucionales e internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y los estándares en materia de participación pública en temas ambientales y de autonomía que establece el Acuerdo de Escazú. Ambos instrumentos son perfectamente aplicables al caso de Chapab. Sin embargo, las autoridades estatales han negado contar con las facultades para la realización de la consulta, a pesar de que la consulta previa y la participación pública son obligaciones constitucionalmente reconocidas en México.
Dada la respuesta de las autoridades, el colectivo Kanan Lu’um Moo presentó una nueva demanda de amparo por la vulneración de su derecho a la consulta indígena, al consentimiento previo, libre e informado, y a la libre determinación. Demanda de amparo que está en riesgo de ser desechada pues nuevamente ha sido turnada al Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, con el mismo magistrado, Jorge Enrique Eden Wynter García.
Después de años de buscar justicia a nivel local sin tener un resultado favorable, el colectivo Kanan Lu’um Moo ahora solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de su juicio de amparo, como acción categórica para que su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios nacionales e internacionales de justicia para los pueblos originarios.
Para la comunidad maya de Chapab y las organizaciones defensoras de derechos humanos es preocupante la reiteración, en los tribunales del Poder Judicial Federal, de criterios arbitrarios y alejados de los estándares de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Temen que en su caso nuevamente, tanto el mismo Tribunal Colegiado, como el Magistrado Ponente, Jorge Enrique Eden Wynter García, resuelvan en favor de la mega granja porcícola y el empresariado, y que con ello esta mega granja siga operando a pesar de las irregularidades y atropellos demostrados.
Al menos, otros diez pueblos mayas de Yucatán también han denunciado la violación de sus derechos por la operación de mega granjas porcícolas que generan afectaciones ambientales, a la salud y a la libertad de las personas.
Si la SCJN atrajera el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que se establecen en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente responsable para con los pueblos originarios afectados por estos proyectos que llevan muchos años obstaculizando la posibilidad de vivir en paz dentro de sus territorios.
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