Demanda intervención del gobierno
El narco, instalado en Comunidad Lacandona, afirma dirigente chol
Presiona a pobladores a fin de que exijan salida de la GN
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 30 de enero de 2024, p. 25
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Las denuncias acerca de la presencia de hombres armados y cobro de derecho de piso en el área de la zona arqueológica de Bonampak nos da la razón de que en comunidades lacandonas operan grupos del narcotráfico que han generado violencia, afirmó Esquivel Cruz González, presidente de la Comisión para la Paz en la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.
El gobierno tiene que actuar, pues ya no hay otra salida; tiene que restablecer el orden, tomar en serio lo que hemos venido denunciando, y no es capricho de Frontera Corozal el movimiento de denuncia que iniciamos el 11 de octubre, sino la exigencia de todo un pueblo que quiere seguridad, agregó.
Entrevistado en San Cristóbal de las Casas, recordó que a causa de la violencia, la inseguridad y la intención de grupos de narcotraficantes de cobrar derecho de piso en Frontera Corozal, localidad situada en Comunidad Cacandona, los 10 mil habitantes de esa comunidad iniciaron un movimiento que incluyó marchas, mítines, retención de policías estatales y otras protestas, para divulgar la situación.
Prestadores de servicios turísticos aseguraron recientemente que indígenas lacandones de Lacanjá Chansayab, armados, cobran por permitir recorridos en la zona arqueológica de Bonampak, por lo que algunas agencias de viajes suspendieron sus visitas a ese lugar.
Cruz González manifestó que los malandros que están llevando a cabo esas acciones son lacandones que viven en Lacanjá Chansayab, Betel y San Javier, a los que hemos denunciado desde el 11 de octubre para que el gobierno los detenga y se frenen la inseguridad y la violencia. Ellos están maltratando al turismo en la zona.
Aclaró: No todos los lacandones están involucrados, pero sí amenazados. Sabemos que en estos días han estado obligando a los transportistas que trabajan en la zona a que firmen un documento dirigido al Presidente de la República para pedir que se retire la Guardia Nacional; están presionando al pueblo para que firme.
Acceso restringido, ley seca y toque de queda
En cuanto al cierre de Frontera Corozal a fuereños desde el 12 de octubre, lo que impide visitar la zona arqueológica de Yaxchilán, afirmó que se debió a cuestiones de seguridad, porque la comunidad estaba en riesgo por la violencia de los grupos criminales.
Rememoró que “el pueblo se levantó el 11 de octubre para defenderse, para cuidarnos de la delincuencia organizada, y se tomó la decisión, por amplia mayoría en asamblea general, de controlar la entrada y salida de los ciudadanos por los levantones, las extorsiones y el cobro de derecho de piso. Para restablecer el orden se cerró el paso en la frontera de México con Guatemala, y la entrada de los que llegan de la ciudad a la comunidad”.
Según Esquivel Cruz, “estamos resistiendo y cuidándonos, porque el gobierno no nos ha respondido como debería para garantizar la seguridad. Por ello el pueblo decidió cerrar y en este momento no hay condiciones para abrir por completo el paso a extraños.
Está siendo afectada la economía, pero todos estamos apechugando porque hemos sido afectados; es una decisión de lancheros, de los que tienen restaurantes y hospedaje; es un acuerdo en general porque no hay condiciones para entrar en la zona, pero ya estamos armando una estrategia para empezar a recibir el turismo, con protocolos de seguridad para garantizar su integridad y la del pueblo.
El dirigente de origen chol explicó que la asamblea de Frontera Corozal valora la posibilidad de reabrir el acceso a turistas. Espero que en 15 días tengamos algo más acabado. Si las fuerzas de seguridad federal se mantienen en la zona, habrá condiciones para abrir.
Informó que por acuerdo de la asamblea guardias armados controlan los accesos a Frontera Corozal para impedir la entrada los malandros y extraños. Los habitantes están autorizados a salir de la comunidad a partir de la 5 de la mañana, y regresar a las 6 de la tarde a más tardar.
Cruz González sostuvo que como resultado del nuevo reglamento, muchas familias de Frontera Corozal están felices. Nuestra comunidad es un ejemplo a seguir; ahora está prohibida la venta de alcohol, drogas y de otros productos dañinos para la salud. Quien intenta hacer esas actividades ilícitas es sancionado con 15 días de cárcel y una multa que acuerda la asamblea. La inseguridad nos obligó a regularnos.
Destacó que la gente está retomando actividades agrícolas olvidadas. Hoy tal vez podemos ser los productores más grandes de maíz, porque mucha gente está en las parcelas como no lo hacía desde hace mucho tiempo. Esto ha sido en parte por la necesidad de ponernos reglas para restablecer el orden y controlar la inseguridad.
El subagente municipal de Frontera Corozal, Francisco Méndez López, informó que todos los pobladores estaban obligados a no consumir alcohol el 24 y el 31 de diciembre pasados, pero las autoridades encontraron envases de cerveza procedentes de Guatemala, por lo que redactaron un documento de siete puntos y acudieron a dialogar con las autoridades del país vecino, al otro lado del río Usumacinta.
Fuimos a las aldeas La Felicidad y Yanaí para plantearles la situación y a informarles de los acuerdos tomados en Frontera Corozal para prohibir el consumo de alcohol, expuso.
Les dijimos que al que se sorprenda vendiendo cervezas o aguardiente será encarcelado y multado por la comunidad, según los usos y costumbres. Estuvieron de acuerdo con nuestros planteamientos y han cumplido, finalizó.
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