Alistan bases para dar apoyos en infraestructura a indígenas y afromexicanos
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Domingo 26 de abril de 2026, p. 4
Con el reconocimiento explícito de que las comunidades son las únicas que pueden decidir de manera democrática las obras e inversiones a realizar mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Fais-Piam), la Secretaría de Bienestar alista la publicación de los lineamientos que regirán el uso de estos recursos para el ejercicio fiscal 2026.
El gobierno federal destinará este año más de 135 mil millones de pesos al Fais, distribuidos entre estados y municipios con base en sus niveles de pobreza y rezago social. De manera adicional, para este año se definió un componente indígena no distribuible por 13 mil 506 millones 70 mil pesos, equivalente a 10 por ciento del total del fondo.
La nueva versión de los lineamientos, próxima a su publicación y disponible para consulta en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, introduce cambios en los principios que rigen el Fais-Piam.
El documento incorpora dos disposiciones ausentes en la versión anterior: la prerrogativa exclusiva de las asambleas comunitarias para decidir el destino de los recursos y la obligación de “garantizar la participación efectiva de las mujeres” tanto en las asambleas como en la integración de los comités que administran y vigilan los fondos.
El catálogo de obras financiables se amplía de manera considerable. Entre las incorporaciones figuran la posibilidad de construir, con los recursos del fondo, laboratorios escolares, consultorios médicos, centros de atención integral para las mujeres y panteones municipales o comunitarios.
Por primera vez, el catálogo incluye además una sección de inversiones que permite a las comunidades adquirir maquinaria de construcción, materiales e insumos para el mantenimiento de equipos, dotándolas de mayor capacidad para ejecutar obras de forma directa.
En el plano operativo, los lineamientos eliminan el calendario fijo de ministraciones y condicionan las entregas de recursos al avance registrado en el sistema de información del fondo. El plazo para comprometer recursos se extiende al 31 de diciembre.
El documento prohíbe expresamente la entrega de dinero en efectivo a la población y establece que ningún servidor público podrá recomendar empresas, despachos o contratistas para la ejecución de proyectos.
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