La Profepa facilitará la consulta de expedientes de denuncias ambientales
Alexia Villaseñor
Periódico La Jornada
Lunes 4 de mayo de 2026, p. 13
Con la finalidad de garantizar la justicia ambiental y un mayor acercamiento con los defensores del territorio y de los derechos humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha modificado algunas de sus competencias, como la inspección con investigación, vigilancia e imposición de medidas, indicó Alberto Rojas Rueda, subprocurador de este organismo.
Desde hace más de un año, el objetivo, dijo, “es transformar la procuraduría en una auténtica defensoría pública del derecho al medio ambiente sano y en general de los derechos humanos en la materia”.
Ahora, agregó, se integrará un expediente público por caso denunciado, con lo cual se logrará el acceso efectivo al derecho a la información para los defensores. Antes, cada persona afectada podía denunciar y se abrían diferentes carpetas, lo que dificultaba el seguimiento. Rojas calificó esta medida de sustancial porque habilitará a los defensores, que son denunciantes, para que puedan acceder de manera expedita a los datos.
Otro elemento que destacó es la participación de la procuraduría en las reuniones del comité del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por el momento tienen voz, pero “quisiéramos tener la posibilidad de votar, de tomar decisiones, y en eso estamos trabajando para ver de qué manera podemos profundizar la contribución”.
En la presentación del informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideró que la Profepa “ha estado cada vez más cercana y ha caminado con las personas al respaldar su lucha por el cuidado del medio ambiente”, mediante la revisión de casos con “un mayor rigor técnico y jurídico, buscado todos los caminos legales posibles para atenderlos en una lógica de poner por encima la protección”.
Subrayó que una de las denuncias que ya tuvo una resolución favorable es la clausura total y definitiva de la granja porcina de la empresa Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, Yucatán. Desde 2021, comunidades mayas expusieron el deterioro por las descargas de aguas residuales. En este mes la granja deberá concluir su desmantelamiento.
Lo anterior, enfatizó a este diario, “es un logro que hemos hecho conjuntamente con los defensores y defensoras del territorio”.
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