La expansión del aguacate y el crimen organizado rodean los asesinatos de dos defensores ambientales de Michoacán
Gonzalo Ortuño López
05 de mayo de 2026
Mongabay
La defensa del territorio en Michoacán, al occidente de México, está bajo amenaza del crimen organizado y la expansión del monocultivo del aguacate. En el transcurso de una semana, Roberto Chávez Bedoya y Lázaro Mendoza Ramírez, defensores del territorio, fueron asesinados en diferentes hechos en una región donde la violencia se intensifica contra quienes protegen la naturaleza.
Ambientalistas y defensores consultados por Mongabay Latam señalan no solo la labor socioambiental de los defensores como el motivo de sus asesinatos, sino también los patrones de violencia asociados a la deforestación, al acaparamiento de agua para huertas de aguacate y al papel de los grupos armadosque han extendido su control a nuevas regiones del estado.
Los asesinatos, coinciden, no son hechos aislados o sorpresivos pues existen antecedentes que explican cómo ha escalado la violencia en esta región de Michoacán, corazón de la producción nacional de aguacate en México.
Una voz contra la deforestación, el acaparamiento de agua y el tráfico ilegal de especies
Al igual que otros pobladores del municipio de Madero, Michoacán, Roberto Chávez era parte del Comité de Defensa Ambiental del Zangarro, una forma de organización comunitaria nacida para proteger los bosques de pino y encino de esta zona, que cuenta con la altura y agua ideales para el cultivo de aguacate.
La región se caracteriza también por dos afluentes que forman los ríos Curucupatzeo y Carácuaro, los cuales representan la principal fuente de agua para las localidades y cuyos cursos han sido alterados para los monocultivos durante los últimos 10 años, dice Julio Santoyo Guerrero, defensor ambiental y excompañero de Chávez.
“Él estaba muy claro en la necesidad de que se respetara el agua para todos; que no se derribaran los bosques, que son indispensables; que no hubiera cambios del uso de suelo; y que pararan la cacería de venados”, dice el defensor.
Santoyo cuenta que la expansión aguacatera llegó al municipio de Villa Madero en 2015, cuando sus pobladores comenzaron a percibir escasez de agua en los riachuelos y escurrimientos de los que viven las poblaciones serranas. En medio de este conflicto por el agua fue que nacieron los comités de defensa, que se fueron enfrentando cada vez más intereses de grupos armados por el control de cultivos de aguacates y frutillas.
“Desde 2016 era sabido en Madero que detrás del cambio de uso de suelo, de la tala legal e incluso de la generación de incendios estaba el crimen organizado”, dice el defensor a Mongabay Latam y agrega que desde entonces los grupos criminales presionaron a aguacateros para aliarse.
“Se ofrecían a los aguacateros para que los protegieran y para contener la presencia de las instituciones tanto estatales como federales que los identificaban como taladores o como generadores de cambio de uso de suelo”, explica.
Santoyo narra que los integrantes de los comités de defensa ambiental de la región han rechazado colaborar con el crimen organizado y facilitarles la explotación del bosque, lo que ya provocó antecedentes violentos previo al asesinato de Chávez.
“En 2025, desde mayo, el crimen organizado se acercó a compañeros de los comités de defensa ambiental y les dijo que podríamos trabajar de manera conjunta, que ellos también estaban de acuerdo en la defensa del medioambiente. Incluso ofrecieron donar 20 millones de pesos para la compra de árboles y para reforestación”, comenta el defensor.
La expansión de la violencia y el asesinato como mensaje
La negativa de los defensores del comité, cuenta Santoyo, provocó una reacción violenta el 6 de noviembre de 2025, cuando un grupo de hombres armados atacó la casa de uno de los defensores del comité en donde se encontraban varios integrantes.
Aunque nadie murió en el ataque, nadie esperaba que la siguiente agresión fuera contra Chávez. En las primeras horas del 13 de abril su cuerpo fue hallado sobre la carretera que conecta a las comunidades de El Terrenate y Etúcuaro.
“Nadie creyó que fueran a ir contra Roberto [Chávez] porque era una persona bastante amable, que no le gustaba la confrontación. Temíamos por la seguridad de otros compañeros que tienen liderazgo. Los mismos que lo asesinaron, le hablaban. Uno entiende que no era el quién sino el mensaje que iban a mandar con el asesinato”, lamenta Santoyo.
Organizaciones y colectivos ciudadanos también han detectado un aumento de la violencia en esta parte de Michoacán asociada a la expansión aguacatera. El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán ha señalado incluso el desplazamiento forzado de personas asociado a la tala clandestina y a los intereses de esta industria, la cual requiere grandes cantidades de agua.
“Michoacán es uno de los estados en esta región con mayor cantidad de biodiversidad, con una importante presencia de cuerpos de agua dulce. Aquí se encuentran algunos de los lagos más grandes del país. Un patrimonio biocultural al cual están sincronizadas las comunidades indígenas y campesinas”, explica un integrante del observatorio que pide no ser identificado.
Al menos durante 2024, Michoacán fue el tercer estado con mayor número de personas desplazadas con 1555 casos en 11 eventos, de acuerdo con un informe del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
“Lamentablemente, en 2025, muy probablemente se rebasó esa cifra. Esto provoca que el territorio quede expuesto a la explotación indiscriminada de grupos criminales, guardias blancas [paramilitares] o intereses económicos con capacidad de inversión, pero para quienes la presencia de las poblaciones estorba”, sostiene el integrante del observatorio.
Hasta ahora, la Fiscalía de Michoacán solo ha informado que la participación de Chávez en la protección de los bosques es parte de “las líneas de investigación en curso”. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, únicamente ha dicho que “ya hay operativos en Villa Madero para dar con los responsables”.
En tanto, Santoyo afirma que los integrantes de los comités de defensa ambiental han ubicado y señalado a los presuntos responsables del asesinato de Chávez.
“Todos están perfectamente identificados como los autores, algunos como los autores de los atentados del 6 de noviembre y otros como los autores materiales del asesinato del compañero Roberto Chávez Bedoya. Hemos tenido reuniones con los fiscales que llevan el caso y dicen que no han tenido la suerte de haberlos detenido”, comenta el defensor.
Para Santoyo, quien también cuenta con medidas de protección por amenazas recibidas debido a su labor ambiental, los integrantes de los comités de defensa ambiental viven un momento crítico, por lo que han solicitado medidas para al menos nueve de ellos que se encuentran en riesgo.
De autodefensa a líder comunitario
Un día después del asesinato de Chávez, autoridades informaron la desaparición del defensor Lázaro Mendoza Ramírez. Solo unos días después, su cuerpo fue hallado dentro de un vehículo calcinado, en la localidad de Cungo, en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán.
En 2014, Mendoza participó en los grupos de autodefensas surgidos en Michoacán como respuesta a la violencia generada por el crimen organizado en el estado. Sin embargo, el defensor se dedicó a la labor socioambiental en la comunidad de Paramuen, de acuerdo con diferentes reportes periodísticos.
Para el defensor Julio Santoyo, el caso de Mendoza coincide con los mismos patrones de violencia que ocurrieron en el caso de Chávez, pues advierte que la expansión aguacatera también alcanzó al municipio de Salvador Escalante.
“El ambientalismo de esta zona ha denunciado el riesgo que ya tiene el Lago de Zirahuén por el robo de agua. Cuando supe a los pocos días que habían asesinado al compañero Lázaro [Mendoza] pienso que es el mismo patrón”, dice Santoyo a Mongabay Latam.
Mendoza también era colaborador de la radio comunitaria Fragua Radio, donde lo consideraban un luchador social y defensor de la localidad de Paramuen.
Pese a que las autoridades estatales no consideran a Mendoza como un defensor del territorio, sino como una persona dedicada a las huertas de aguacates, defensores y funcionarios locales han destacado su labor socioambiental.
“Él estuvo en las autodefensas hace 13 años, pero esto tuvo que ver con un asunto de territorio. Si alguien puede chocar con la delincuencia son los ambientalistas”, considera Santoyo.
“Esto es un crimen. Es un golpe brutal contra un luchador social, un hombre que dio todo por su pueblo y por las causas más justas de Salvador Escalante. Lázaro [Mendoza] no buscaba fama, buscaba justicia, dignidad y un mejor futuro para su comunidad”, publicó el regidor local del municipio, Diego Martínez, tras el asesinato del defensor.
Al respecto, el gobernador Ramírez Bedolla sostuvo que existe una orden de arresto contra uno de los presuntos responsables del caso, sin que hasta ahora se tenga información de una captura al respecto.
Persisten los riesgos contra defensores ambientales en México
Durante 2025, al menos 10 personas defensoras del territorio fueron asesinadas en México, de acuerdo con un reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Aunque se trata del segundo año menos letal en una década, Itzel Arteaga, abogada de la organización, advierte que los riesgos para defensores persisten en el país.
“Estructuralmente no ha cambiado la situación. El Acuerdo de Escazú [tratado internacional que insta a los Estados a proteger a los defensores ambientales] sigue sin estar implementado como debe ser, no hay mecanismos de información y de participación para los proyectos que son una de las causas de conflictividad social”, dice la defensora a Mongabay Latam.
Artega también cuestiona el modelo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual considera que solo reacciona en algunos casos, pero carece de acciones de prevención.
“Cada año decimos lo mismo. El mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas está rebasado en temas económicos, de personal, incluso las medidas que ellos tienen y que plantean para proteger a las personas ya no son suficientes en lo absoluto”, señala la defensora.
Aunque durante 2025 el estado de Michoacán no fue un foco rojo en los datos del informe del CEMDA, agrupaciones como el Observatorio de Seguridad de Apatzingán señalan que no hay medidas que atiendan la crisis humanitaria del desplazamiento forzado en el estado por el control de los recursos naturales.
“Todo ambientalista en Michoacán está corriendo un alto riesgo por su vida”, dice Santoyo al recordar el caso de Chávez y los riesgos que persisten contras las personas defensoras tras su asesinato.
“‘¿Usted cree que sí nos hagan caso las autoridades?’ Es una pregunta que me hizo Roberto. La respuesta está allí en la realidad, poco se ha hecho. La destrucción continúa en Madero, en Tacámbaro, en toda la franja aguacatera”, advierte.
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