Tildan la medida de show mediático
Colectivos: el envío de fuerzas armadas a la Montaña Baja no resuelve la crisis
Lilian Hernández y Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2026, p. 25
La respuesta que ayer dio el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de enviar a las fuerzas armadas y a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación (SG) a la Montaña Baja de Guerrero, es “un show mediático” que no resuelve de fondo el problema, aseguraron integrantes de más de 20 colectivos agrupados en la Misión Civil de Observación-Sexta, que documentan violencia y agresiones contra comunidades indígenas.
Durante un mitin efectuado ayer frente a la SG, en la capital del país, los participantes señalaron que la acción impulsada por el gobierno federal “es una mentira”, porque las mismas autoridades saben desde hace más de una década que los grupos criminales se quieren adueñar de todas las tierras.
“Hay ataques y violencia; el Estado manda a policías, se toman la fotografía y se van. Nosotros tenemos clarísimo que después de hoy (ayer) van a volver las agresiones y entonces lo que diga Sheinbaum en su mañanera de que ya resolvieron, es una mentira”, advirtieron.
Pese a la lluvia que retrasó la protesta, los asistentes denunciaron que la violencia sufrida a partir del 6 de mayo en la Montaña Baja de Guerrero es sólo un ataque más del grupo delictivo Los Ardillos como otros que ya han padecido los integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Indígenas viven una “política de muerte”
Tras demandar que la Federación ataque el problema de raíz, expresaron que esas comunidades indígenas viven una política de muerte ejercida por el narcotráfico en la región. De acuerdo con sus cifras, ya suman 81 personas de las 24 comunidades del Cipog-EZ asesinadas y más de 25 desapariciones en la Montaña Baja.
“Esto también lo sabe el gobierno, por eso simulaba que le brindaba protección a defensores de derechos humanos, como al compañero del Cipog-EZ, Jesús Plácido, y a otros promotores, pero en febrero se las retiraron”, denunciaron.
También reclamaron que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirma que es un conflicto entre grupos criminales, pero es falso, porque no son 96 desplazados, sino más de 2 mil 200 personas que huyeron de sus comunidades en la Montaña Baja.
“Los criminales no sólo son Los Ardillos, sino toda la estructura que va desde las presidencias municipales hasta los policías estatales y locales, y no dudamos que llega a las autoridades generales, porque no puede ser que estén viendo la muerte y digan que no está pasando nada”, reprocharon frente a la dependencia federal.
Mientras, organizaciones civiles demandaron a los gobiernos federal y de Guerrero instrumenten un operativo de protección y seguridad en las comunidades indígenas de la región Montaña Baja, pertenecientes al (Cipog-EZ), acosadas por Los Ardillos.
También urgieron a acciones de búsqueda y protección de personas desaparecidas o retenidas; que se investigue y sancione a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y se garantice la vida e integridad de las familias desplazadas, así como un retorno seguro para ellas.
La Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación-Sexta expusieron que las familias denunciaron que “el grupo armado asesinó a por lo menos cinco personas, quemó viviendas, mató animales y sembró terror en la región”.
Asedio desde 2015
Que desde 2015, dichos poblados han estado bajo el asedio del crimen organizado, que busca desarticular la organización comunitaria y su sistema de seguridad y justicia indígena.
“En 11 años hemos documentado por lo menos 76 asesinatos y 25 desapariciones; mientras el Estado mexicano ha mostrado una actitud de completa indiferencia frente a la desesperación de los pueblos indígenas”.
Actualmente, dijeron que por lo menos se han sufrido ataques armados en Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, y el 9 de mayo los criminales ingresaron a Alcozacán, por lo urgieron la “real presencia” de las fuerzas armadas.
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