Tejido de saberes y resistencia ante la agroindustria porcícola en Yucatán
Irina Llamas-Torres, Carlos Llamá Ventura, Flavio Ayuso y Luciana Porter Bolland
17 de mayo de 2026
La Jornada ecológica 301
Presentamos algunas recomendaciones construidas entre representantes de comunidades mayas, académicos y profesionales del derecho, para abordar, desde una mirada compleja, integral y orientada a la justicia socioambiental las problemáticas derivadas de la imposición de una mega granja porcícola en el poniente de Yucatán.
Nuestras propuestas se tejen en respuesta a un entramado de poder económico, político y jurídico, respaldado por instancias gubernamentales que configuran una trama de violencia estructural que vulnera sistemáticamente los derechos de las comunidades afectadas.
Bastó el respaldo y promoción del gobierno del estado de Yucatán para que la agroindustria porcícola se expandiera por la entidad como una promesa de desarrollo; hoy en Yucatán existen al menos 507 granjas porcícolas (Semarnat, 2023). Entre los responsables, sobresale la empresa del Grupo Porcícola Mexicano “Kekén”, cuya producción se exporta a más de 10 países de América, Asia y África.
La crianza de cerdos se realiza bajo operaciones concentradas de alimentación de animales (CAFO), cuyos espacios reducidos y cerrados aglomeran hasta 80 mil cerdos. Una de estas granjas, que actualmente está en litigio, opera desde hace más de 10 años sobre territorio ancestral maya. Esta granja se estableció en una zona de selva baja caducifolia con parches de selva baja inundable y selva mediana.
Las selvas inundables, o ak’alchés, son ecosistemas únicos en la península de Yucatán donde los suelos llegan a anegarse 50 centímetros o más durante la temporada de lluvia, haciéndolas vulnerables a la contaminación del agua. Las comunidades mayas de la zona han conservado este ecosistema a lo largo de la historia gracias a la relación que tienen con la naturaleza, siendo su identidad cultural el resultado de este fuerte vínculo.
Desde la llegada de Kekén a su territorio, las comunidades y colectivos locales como Cantukún y Consejo Maya del Poniente de Yucatán, Chik’in-já, han denunciado formal y públicamente la instalación ilegal e ilegítima de la granja.
Pero hasta ahora las estrategias planteadas por los gobiernos estatal y federal para regular la agroindustria porcícola han priorizado la productividad de la empresa por encima de la vida, cultura y derechos de las comunidades mayas.
Es por ello que junto a Chik’injá, en el marco de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia “Construyendo puentes hacia la búsqueda de soluciones a los problemas socio ecológicos en la península de Yucatán” (fue parte del Programa Nacional Estratégico Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad de la ahora Secihti), realizamos una investigación colaborativa orientada a tejer conocimiento y fortalecer resistencia, respondiendo a la necesidad de colocar lo que se sabía sobre el tema en un plano de igualdad política y a la urgencia de atender esta problemática desde una perspectiva integral, transdisciplinaria y con enfoque de derechos humanos y justicia socioambiental.
El litigio por la posesión del territorio donde se estableció la granja de Kinchil, presentado en el Tribunal Unitario Agrario 34 de Mérida por el intento de desposesión del territorio (expediente TUA 165-2013), hace evidente la urgencia de revisar los instrumentos legales mediante los cuales las empresas porcícolas acceden a la posesión de tierras sin aplicar criterios claros. Aquellos que cumplan con lo dispuesto en las leyes ambientales y derechos humanos, indígenas y agrarios, establecidos en la legislación nacional e internacional.
Asimismo, es prioritario regular la injerencia de las empresas en espacios de gobernanza local, pues en las comunidades afectadas, la empresa Kekén ha empezado a controlar los servicios de salud y cultura, lo que genera el debilitamiento de la autonomía local.
En 2021, las comunidades afectadas de Kinchil, Celestún y San Fernando Maxcanú, tomando en cuenta el derecho a la libre determinación, realizaron una autoconsulta tras la que rechazaron la granja instalada en su territorio. Hasta ahora tanto las autoridades como la empresa han ignorado este resultado. Por ello se exige el reconocimiento vinculante y la atención correspondiente a esta consulta, así como la revisión de los procesos de la instalación de granjas porcícolas en pueblos indígenas.
Según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en Yucatán Kekén cuenta con al menos 20 títulos de concesión de agua, sin embargo, se estima que pueden ser más. La empresa extrae del acuífero una gran cantidad de líquido para su operación y posteriormente la descarga con heces, antibióticos y orina. En 2023, Chik’in-já, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, monitorearon el agua de cenotes y pozos artesanales utilizados para la apicultura y consumo humano, y encontraron concentraciones de coliformes fecales (E. colli) por encima de los máximos permisibles.
Igualmente, Semarnat publicó en el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, que las aguas residuales de las granjas porcícolas exceden los límites permisibles referentes a DQO (demanda química de oxígeno), nitrógeno y fósforo, establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-2021.
El trabajo conjunto reveló también que es necesario evaluar los impactos reales y potenciales de la agroindustria porcícola sobre las actividades productivas locales. Por ejemplo, la apicultura que es pilar económico regional, ha sido gravemente afectada, entre otras cosas, por la pérdida de certificaciones orgánicas por la presencia de la granja.
El gobierno del estado de Yucatán impulsó la norma técnica ambiental NTA-001-SDS-22, para regular los centros de producción porcícola, pero no hay información pública sobre su aplicación.
Se considera prioritario que el gobierno estatal establezca un sistema público de monitoreo de la salud integral de las poblaciones cercanas a las granjas porcícolas y llevar a cabo una investigación para trabajar en la reparación y mitigación de los daños ocasionados por la contaminación del agua.
En general, sobresalió la necesidad de brindar acceso público a la información sobre la calidad y manejo del agua por parte de la agroindustria porcícola. En este sentido, los gobiernos deben hacer cumplir el Acuerdo de Ezcazú y garantizar el acceso a la información, a la participación pública, la justicia y a la protección de defensores.
En tanto, Kekén, a través de convenios con instituciones públicas como el Centro de Investigación Científica de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán, ha emprendido una estrategia para limpiar su reputación acuñándose el nombre de “porcicultura sustentable”, cooptando la producción del conocimiento para legitimar sus operaciones bajo discursos de una supuesta conservación de la biodiversidad y compromiso social. Lo anterior se traduce en la validación fraudulenta de los daños que ocasiona la granja al ambiente, la violación de los derechos comunitarios y la criminalización de los defensores en pro de su capital.
A partir de esta investigación, consideramos que es urgente impulsar una evaluación integral de las granjas porcícolas, con enfoque transdisciplinario y basado en los derechos humanos e indígenas. Reconocer los impactos culturales relacionados con la transgresión de selvas y cuerpos de agua sagrados, implica considerar los valores relacionales que los pueblos indígenas y comunidades locales le dan a la naturaleza (Pascual et al., 2023).
En este entretejer de saberes y resistencia, queda claro que para salvaguardar la dignidad, cultura y territorio del pueblo maya, es indispensable detener el avance del modelo porcícola que despoja a las comunidades de su identidad, tierra y autonomía.
Para poder avanzar hacia una verdadera justicia socioambiental es urgente implementar acciones de restauración ecológica y de reparación integral. De igual manera, impulsar mecanismos de justicia redistributiva que garanticen la devolución de bienes comunes y restituyan la tierra a las comunidades.
Referencias
SEMARNAT. 2023. Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán.Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Pascual et al., 2023. “Diverse values of nature for sustainability.” Nature 620, 813–823
Irina Llamas-Torres1,5*, Carlos Llamá Ventura2,3, Flavio Ayuso4 y Luciana Porter Bolland5
1Estancia posdoctoral de incidencia en Secihti
2Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-já
3Cantukún
4Abogado agrario independiente
5Instituto de Ecología, AC
*Correo-e: irinallamas@gmail.com