Si el Estado no actúa contra el crimen organizado, vendrán masacres o levantamientos indígenas: Carlos González
Gloria Muñoz Ramírez
28 de mayo de 2026
Desinformémonos
Carlos González García es integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), abogado especialista en derecho agrario y, sobre todo, defensor del territorio y acompañante de las comunidades en resistencia. En entrevista con Desinformémonos deshila la actual embestida criminal contra los pueblos originarios. Habla de los recientes ataques en Guerrero y Michoacán, y de los intereses macroeconómicos que hay detrás de ellos. Advierte que la virulencia de Estados Unidos hacia los pueblos del mundo está imprimiendo mayor celeridad a esta guerra. Y vislumbra tres escenarios: que el Estado proteja a las comunidades y desarticule a los grupos criminales; que las comunidades sean masacradas. O que se levanten.
A continuación la entrevista completa.
– En los últimos tiempos, pero de manera muy visible en las últimas semanas, se han acrecentado y agravado diversos ataques a comunidades indígenas de México. ¿A qué atribuyes esto? ¿En qué contexto se dan?
Los ataques a comunidades en las últimas semanas han sido muy brutales, en algunos casos no vistos antes. Tenemos el caso específico de las comunidades indígenas del municipio de Chilapa, que participan con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policías Comunitaria Pueblos Fundadores, que no se han alineado con el cártel de Los Ardillos ni con ningún otro previamente. Y también hacia las comunidades de los municipios de Atlixtac y Olinalá.
Hay una guerra generalizada en la Montaña Baja y en la Montaña Alta de Guerrero, en contra de comunidades que no han permitido ser controladas por el crimen organizado. Junto a esos ataques tenemos los que se dan en Michoacán. En la comunidad de Santa María Ostula, en los últimos días también hubo ataques muy contundentes, excesivamente violentos. Se dio la incursión de un grupo de aproximadamente 50 sicarios, en apariencia la mayoría colombianos, que se proclaman integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Como en otras ocasiones, ese ataque fue por el lado de la Cofradía de Ostula, que está en la parte norte, la más alejada de la costa. Los atacantes llegan por el lado de Colima, por los municipios de Chinicuila y Coalcomán, que son controlados por el cártel.
Junto a estos ataques existen otros también en comunidades purépechas de la Cañada y de la Sierra, específicamente en Acachuén, la Cañada de los Once Pueblos. La policía municipal se hizo cómplice de los sicarios y los protege. Otro ataque contundente fue hacia la comunidad de Santa María Sevina, en el municipio de Nahuatzen, aquí también se habla de la presencia de sicarios de origen colombiano. Ahí asesinaron a dos integrantes de la Ronda Comunitaria.
Aparte ha habido otras escaramuzas, ofuegos cruzados en otras partes de la meseta y en otras partes de Guerrero, donde se han encontrado cuerpos mutilados y personas ejecutadas. Creo que esos han sido los ataques más virulentos hacia comunidades indígenas, pero no son los únicos y no son todos de la misma naturaleza. Existen acosos fuertes en otras regiones del país hacia las comunidades.
– ¿Qué intereses hay detrás de estos ataques?
Esta ola de ataques tan violenta es porque existen intereses económicos externos a las comunidades, principalmente las minas. En el caso de la Montaña de Guerrero, existen importantes yacimientos de oro y otros minerales, y hay actualmente proyectos mineros en ejecución, como el de la Media Luna. Existen 24 concesiones mineras entre la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Creemos que ese es un elemento importante que genera los ataques, porque lo que buscan es el desplazamiento de las poblaciones de sus territorios para hacer una reocupación y un reordenamiento de los mismos.
En el caso de Guerrero, Michoacán, Chiapas, vemos este tipo de procesos. En Ostula no ha sido posible, aunque lo han intentado desde hace años y de manera más violenta desde 2024, porque la Guardia Comunal ha podido resistir en la parte alta. Sin embargo, hacen algo que debería corresponder al Estado mexicano, que es desarticular a estos cárteles y proteger a las poblaciones civiles.
En Ostula y toda la región tenemos la misma situación: intereses mineros e inmobiliarios muy grandes. En el caso de la Meseta Purépecha también hay intereses significativos, como la madera y el aguacate. En todas las comunidades en las que hay estos ataques y estos procesos violentos, y esta presencia casi imparable de los cárteles criminales, hay recursos naturales, territorios en disputa, proyectos interesados en consolidarse.
– También hay ataques no necesariamente armados contra comunidades
En efecto, no en todos lados hay ataques con drones, con explosivos, o que generen desplazamientos masivos de poblaciones, pero sí existen circunstancias de acoso y de represión. Es el caso de los basureros en el estado de Puebla, la disputa por el agua en Querétaro y en el centro del país, es algo generalizado.
– En las regiones que mencionas hay comunidades organizadas desde hace décadas
Para nosotros no es nada circunstancial que se esté atacando a comunidades que han resistido históricamente. La mayoría de las comunidades atacadas tienen sistemas de seguridad comunitarios, guardias comunales, policías y rondas comunitarias. Eso supone que, al darse los ataques, habrá una reacción, una respuesta, y creemos que es lo que se busca: exacerbar las condiciones de violencia y la inestabilidad en las regiones indígenas del país. Más aún, pensamos que los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos es lo que están buscando.
Llama la atención cómo de unas semanas para acá estos ataques se recrudecen y se vuelven sumamente violentos. La forma en que fueron atacadas las comunidades de Xicotlán, de Tula, de Acahuehuetlán y de Alcozacán, con drones y bombas, si bien no fueron los primeros, porque esos fueron en Ostula en 2024, creemos que son los más violentos.
La comunidad de Tula está prácticamente destruida. Sus casas están destruidas, quemadas, el pueblo está totalmente abandonado. Es algo que no se había visto en la región de la Montaña ni en las regiones indígenas desde hace un buen tiempo, por lo menos en la parte centro y sur del país.
– ¿Cuál es el papel del Estado en esta coyuntura? ¿Omisión? ¿Complicidad? ¿Dejar hacer?
Quienes participan de esta complicidad y de estas omisiones, son diversas instituciones y funcionarios, y en diverso grado. Habría que hablar de personas, de funcionarios que están integrados y forman parte del crimen organizado. Así lo dice la población en las regiones en las que ellos gobiernan. En Guerrero es muy fuerte la complicidad, son varios municipios del centro y de la Montaña que son gobernados por presidentes municipales que impusieron Los Ardillos.
Es particularmente paradigmático el caso de Mercedes Carballo Chino, la presidenta municipal de Chilapa, que es cuñada de Celso Ortega, el Ardillo mayor, el líder del cártel. O está el caso de su sobrino, que es diputado en el Congreso del estado, o de su hermano Jaime, que es dirigente del PRD y que ha sido presidente de la Cámara en el estado, del Congreso local, y ha sido presidente municipal en dos ocasiones y diputado en dos ocasiones.
Es muy comentado en el estado el nexo que pueda tener Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora. A partir de que él fue presidente municipal en Acapulco, se dispararon el crimen organizado y el predominio del cártel Beltrán Leyva, actualmente fragmentado en múltiples facciones.
Guerrero es el estado con mayor fragmentación y presencia de cárteles criminales. La DEA habla de 14 cárteles y más de 400 células que operan en todas las regiones del estado. Pero Michoacán no se queda atrás, sin hacer a un lado la violencia que ha sufrido San Lorenzo Azqueltán o toda la presencia criminal en la Sierra Wixárika. Pero en el caso de Michoacán también se habla de la complicidad de presidentes municipales, se habla del gobernador y de su familia vinculados al Cártel Jalisco.
Tenemos ese primer elemento de complicidad, de contubernio e infiltración en las instituciones del Estado mexicano. No nos resulta casual que el 6 de mayo el ejército y la Guardia Nacional se retiraron de las tres bases de operaciones interinstitucionales que tenían en las cercanías de Tula, y a partir de ese día iniciaron los ataques con drones y con armas de alto poder por parte de Los Ardillos.
Es algo que desde nuestro punto de vista resulta inexplicable y creemos que se tiene que investigar. Tendría que llegarse al conocimiento de por qué se retiraron, quién lo ordenó y qué mandos estuvieron involucrados.
Hablamos de identidad entre criminales y gobernantes. En un segundo caso hablamos de infiltración de instituciones, y finalmente, si vamos de lo más complejo a lo menos, tenemos el caso de la omisión. ¿Por qué tardaron tantos días los cuerpos castrenses y de seguridad de la federación en ingresar a las comunidades bombardeadas? ¿Por qué lo hicieron diciendo que iban a dialogar con los criminales en lugar de entrar de inmediato a proteger poblaciones y desarticular al cártel de Los Ardillos?
La presión que hicimos fueron fuertísimas. La sociedad nacional e internacional ejercieron una presión importante, así como los medios de comunicación y las redes sociales. Todo eso obligó a que la presidencia de la República adoptara decisiones y enviara a funcionarios de primer nivel a la región afectada y existiera compañía en el lugar, lo cual es insuficiente. A la Misión de Observación le habían prometido acompañamiento y no lo dieron hasta que llegó a Alcozacán.
– No sólo en México se está atacando a la población originaria. Parece que hay una estrategia global…
Los procesos de despojo de largo aliento que se han intensificado en los últimos años y meses, y que configuran lo que hemos llamado una guerra, se cruzan con la virulencia con la que Estados Unidos, sus gobernantes, su presidente, están haciendo en el mundo, en América Latina y en México, bajo esa misma lógica. No es un capítulo aparte de la guerra de conquista, es el capítulo más crudo y más reciente. Es la virulencia de Estados Unidos hacia los pueblos del mundo, que está imprimiendo mayor celeridad a esta guerra.
– Ante este complejo y alarmante panorama ¿qué escenario vislumbras?
Hay tres posibilidades. La primera, que es la que esperamos, es que el Estado actúe y dé acompañamiento a las comunidades atacadas del modo en el que éstas lo planteen, porque muchas veces el acompañamiento que dan es invasivo, llegan a los pueblos, ocupan espacios públicos y se convierten en un nuevo factor de desplazamiento de población en lugar de apoyo. Lo que están pidiendo todas las comunidades afectadas es el establecimiento de bases operativos interinstitucionales en puntos específicos de las geografías afectadas.
En Ostula se ha insistido desde febrero de 2024 en el establecimiento de una base en una localidad de Chinicuila, no adentro del territorio comunal, pero sí en un espacio que es como un pueblo fantasma porque su población fue desplazada desde hace varios años por la presencia criminal. Desde ahí se puede atajar el ingreso de comandos armados criminales hacia la costa nahua de Michoacán.
En el caso de Guerrero y en específico del CIPOG-EZ, se exige el establecimiento de tres bases operativas en tres puntos específicos: el Crucero del Jagüey, el camposanto que se encuentra enfrente del pueblo de Tula, y la entrada de Joaquín Herrera. Ahora, con el último pronunciamiento del domingo, lo incrementaron a cinco bases, y en el caso de Sevina es lo mismo. Santa María Sevina desde hace tiempo exige el establecimiento de una base operativa en el punto que consideran adecuado.
Los dos otros escenarios son la masacre de las poblaciones, o que se levanten. Si no se dan garantías a las comunidades para la protección de la vida, de la integridad, de los derechos fundamentales, es el camino que les dejan. Son dos vías, ambas muy terribles y que tendrían un impacto en coste de vidas, en sufrimiento y en mayor desplazamiento, pero que podrían darse.
No queremos que se den, no queremos llegar a eso, porque podrían ayudar a la embestida que ha recrudecido el gobierno de Estados Unidos y sus órganos de seguridad nacional y de inteligencia en el mundo, en América y en el país.
México está en un escenario de amenaza, como Gaza, como las amenazas a Cuba. Y hablamos de cada una desde su particularidad y su dimensión, pero no para minimizar lo que pasa aquí. Decimos que Irán está en Guerra, que Gaza está siendo masacrada, que Medio Oriente es un escenario de guerra, a veces hablamos de Colombia, pero México está en una guerra muy violenta que está provocando gran cantidad de personas desaparecidas que se acumulan día con día, sin que exista una solución por parte del Estado, y con un número considerable de homicidios dolosos en poblaciones civiles. Los cárteles criminales tienen el control de buena parte del país, la clase política está coludida con los criminales, buena parte de los municipios son controlados por los cárteles. Estamos en una situación no distinta a la que se vive en otros países en guerra.
Las comunidades están insistiendo de manera desesperada en que les hagan caso, en que les atiendan, en que haya una acción del Estado para desarticular a los cárteles y castigar a quien se tenga que castigar, proteger a las poblaciones civiles y garantías para el funcionamiento de las policías comunitarias.
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