Desplazamiento forzado creció 300 por ciento en Sierra Tarahumara, denuncia Misión de Observación
Orsetta Bellani
01 de junio de 2026
Desinformémonos
Centenares de personas han sido desplazadas desde finales de febrero de la región de la Sierra Tarahumara conocida como Triángulo Dorado y se han refugiado en los municipios chihuahuenses de El Parral, Delicias y Chihuahua. Así lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil durante una rueda de prensa el 29 de mayo al término de una misión de observación que encontró a unas 200 personas desplazadas no sólo de las comunidades indígenas serranas de Chihuahua —en su mayoría del municipio de Guadalupe y Calvo—, sino también de Tamazula (Durango) y Badiraguato (Sinaloa).
“Las personas salen con lo que tienen puesto, no llevan alimentos, enfrentan situaciones graves de salud. Dentro de los patrones de violencia en esta disputa territorial está también el reclutamiento forzado, torturas, asesinatos y desapariciones”, afirmó Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT). Señaló que las autoridades suelen estigmatizar a las personas desplazadas diciendo que pertenecen a grupos del crimen organizado y que el único apoyo que les ofrecen son unas despensas.
“Éstas no alcanzan para que las familias desplazadas se puedan volver autónomas y son un paliativo que no resuelve las causas estructurales que llevan a que las personas salgan desplazadas. El gobierno federal no ha intervenido; si el Estado mexicano no participa, no se va a solucionar el problema del desplazamiento forzado interno”, afirmó Saulo Loya, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero.
La misión de observación pidió la conformación de una mesa interinstitucional que atienda el desplazamiento forzado en Chihuahua, conformada por los tres niveles de gobierno, las familias afectadas y la sociedad civil, con el propósito de diseñar una ruta de atención permanente hacia el fenómeno, cuyas causas de fondo no son atendidas.
“Esta misión ha sido necesaria porque no hay un reconocimiento explícito de la presencia de grupos de desplazados por la inseguridad que viven en sus territorios”, afirmó Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
Por su parte, durante la rueda de prensa Sarahí Aguirre Granillo, de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), denunció la existencia de otro fenómeno en la Sierra Tarahumara: el confinamiento forzado de las comunidades, que no tienen libre tránsito y están obligadas a vivir replegadas en sus rancherías, lejos de los centros de salud, escuelas y de los poblados más grandes donde se pueden abastecer de comida.
Otra preocupación expresada por las organizaciones fueron los retornos forzados: “obligan a las familias desplazadas a regresar a sus comunidades sin garantías de seguridad, condicionando la entrega de los programas de apoyo gubernamental”. Esto pasó recientemente en Atascadero, poblado chihuahuense de donde a finales de febrero fueron expulsadas unas 500 personas.
El comunicado final de la misión de observación advierte que el desplazamiento forzado interno en Chihuahua creció 300 por ciento entre 2021 y 2025: de aproximadamente 500 a más de mil 500 personas, de acuerdo con cifras elaboradas a partir de notas de prensa y boletines de organizaciones de la sociedad civil, pues no existen cifras oficiales. En 2026 el número de personas desplazadas sigue en aumento y afecta en su mayoría a mujeres y niños. Por esto, las organizaciones participantes piden que el gobierno federal reconozca formalmente el fenómeno e impulse una ley específica para atenderlo.
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