Chiapas: Frayba denuncia amenazas y agresiones contra miembros del CNI
En grave riesgo, la vida, la integridad y la seguridad personal de indígenas que defienden la vida y el territorio en varias regiones del estado, señala
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 14 de julio de 2026, p. 25
San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Fray-ba) denunció “agresiones y amenazas que ponen en grave riesgo la vida, la integridad y la seguridad personal de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), que defienden la vida y el territorio en diversas regiones de Chiapas”.
Señaló que “los derechos colectivos de los pueblos indígenas –en particular la autonomía y la libre determinación– se encuentran bajo un hostigamiento constante que afecta de manera profunda su vida comunitaria, sus procesos organizativos y su economía”.
En un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa, en la que también participaron representantes de los afectados, señaló que entre los miembros del CNI se encuentran 39 locatarias y locatarios del mercado tradicional Belisario Domínguez, en el municipio de Ocosingo; la comunidad de San Francisco, de Teopisca; cinco familias desplazadas del ejido Jotolá, de Chilón y de la localidad de Agua Clara, de Salto de Agua.
Detalló que recientemente integrantes de la mesa directiva de la coalición de locatarios del citado mercado “han perpetrado despojo de locales, bloqueo de accesos, construcción de bardas para impedir el ingreso, retiro de mercancías y diversas formas de presión económica, todo ello en contra de integrantes del CNI”.
El Frayba sostuvo que “a pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades han mantenido una actuación omisa e ineficaz, al no garantizar medidas de protección, impedir la continuidad de las agresiones ni restituir el acceso a los espacios físicos de trabajo”.
Explicó que la comunidad San Francisco “ha denunciado la amenaza de destrucción de su territorio bajo el discurso del ‘progreso’ impulsado por el gobierno estatal, que pretende construir la carretera Teopisca-San Cristóbal, que afectaría directamente a 14 comunidades, cuyas montañas resguardan sitios sagrados, manantiales, fauna y otros bienes naturales fundamentales para su identidad, economía y vida comunitaria”.
El Frayba denunció que“la construcción de este tramo carretero no cuenta con el consentimiento de las comunidades, ya que los tres niveles de gobierno no han llevado a cabo una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En el caso del ejido Jotolá, refirió el centro de derechos humanos, “se cumplen seis meses del desplazamiento forzado de cinco familias, expulsadas mediante un operativo en el que participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, la Policía Estatal Preventiva y autoridades ejidales, mismas que destruyeron cinco viviendas, detuvieron a dos personas y una mujer fue víctima de tortura”.
Criminalizan a familias
El Frayba expresó que “las familias continúan enfrentando un proceso de criminalización mediante una causa penal por el presunto delito de despojo agravado, aunque en todo momento han reiterado su disposición al diálogo, por lo que hacemos un llamado al Estado mexicano para que atienda esta situación”.
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, añadió que integrantes del CNI de la comunidad de Agua Clara, de Salto de Agua, “han denunciado el incremento de amenazas y hostigamiento en su contra, relacionados con la disputa por la posesión de las tierras que habitan y trabajan desde hace más de 10 años; han reportado agresiones contra sus animales, las cuales forman parte de un patrón de violencia e intimidación”.
Afirmó que “actualmente, las familias enfrentan nuevas presiones vinculadas a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque que busca desalojar a uno de sus integrantes para la construcción de una carretera saca cosechas, lo que evidencia un escenario de intimidación”.
Por lo anterior, el Frayba exigió al Estado mexicano “el cese inmediato de las amenazas, hostigamiento y cualquier intento de desalojo de las familias integrantes del CNI en Chiapas”.
Reiteró que “el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, abstenerse de toda acción que los vulnere y generar las condiciones necesarias para que estas comunidades vivan con dignidad, seguridad y tranquilidad en sus territorios”.
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