Pueblos de la Huasteca exigen a Sheinbaum cancelación del fracking
Redacción Desinformémonos
04 de agosto de 2026
Representantes indígenas de los pueblos náhuatl y tének de la Huasteca Potosina enviaron una misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la emisión de un decreto formal que prohíba «de manera absoluta y definitiva» el uso de la fracturación hidráulica (fracking) y la minería a cielo abierto en sus territorios, en la región Huasteca y en todo el país.
Los representantes recordaron en la carta que cuando Sheinbaum se presentó como candidata a la presidencia, durante su campaña en Zacatecas, prometió prohibir la minería a cielo abierto y el fracking, pero que hoy «los diputados y senadores han hecho oídos sordos a este reclamo urgente para la vida y han congelado las iniciativas» para frenar los proyectos.
«Hoy, faltando a su propio compromiso, usted ha hablado de explorar y extraer petróleo y gas en diversas regiones, incluyendo en sus planes a nuestros pueblos y comunidades. Con la bandera de la soberanía energética se pretende sacrificarnos. Usted, como mujer de ciencia, sabe bien que no hay nada sustentable en la exploración y explotación petrolera, y que ni la tecnología más moderna hace que esta actividad sea segura para el medio ambiente o para la economía», recordaron.
Por ello, también demandaron la cancelación inmediata de cualquier plan o proyecto de exploración, extracción de hidrocarburos o megaproyectos energéticos de Pemex u otras empresas que impacten directa o indirectamente en sus territorios y acuíferos, así como el respeto pleno a la autonomía indígena y «un alto a la simulación legislativa, suspendiendo los actos de la consulta regresiva sobre la ley reglamentaria del Artículo 2.º Constitucional y estableciendo un diálogo directo con las Asambleas Generales Comunitarias».
«Exigimos el respeto a nuestra libre determinación, sin intermediación ni tutela de partidos políticos y con los tiempos adecuados, conforme al artículo 2.º constitucional, los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el principio de no regresividad en derechos humanos (artículo 1.º constitucional)», añadieron.
Finalmente, reiteraron que en sus asambleas comunitarias acordaron no dar ningún consentimiento a megaproyectos energéticos ni de ningún tipo que pongan en riesgo la vida, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y su territorio. «Como pueblos originarios que antecedemos a la formación de la Nación, somos primeros en derecho», subrayaron.
A continuación la carta completa:
CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Tancanhuitz, San Luis Potosí, a 3 de agosto de 2026.
A la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
Presente.
Quienes nos dirigimos a usted somos representantes indígenas de los pueblos Náhuatl y Tének de la Huasteca Potosina, para recibir notificación en el 481 117 3409. Por el encargo que nos ha dado nuestro pueblo, tenemos el deber y la responsabilidad de hablar por los que ya existieron, por los que hoy vivimos y por las generaciones que aún no nacen.
Nuestra voz no nace del odio ni del rencor; nace del corazón que late gracias al agua que nos da vida, a la tierra que nos alimenta y que abraza el descanso de nuestros ancestros, esa misma tierra que guarda la esperanza de quienes tienen el derecho a existir.
Nuestros pueblos y comunidades hemos vivido aquí desde tiempos inmemoriales; hemos resistido al paso de los años y al olvido. Antes de que la Nación se fundara, nuestra sangre ya caminaba este territorio. Cuando llegó la colonización a despojarnos, resistimos, y la historia ha sido testigo de nuestro amor a la Madre Tierra y a todo lo que nos brinda.
Aun siendo parte de México, sin que se reconozcan de verdad nuestras identidades, nunca dudamos en defender esta tierra ante amenazas extranjeras o ante la ambición del vecino del norte, que insiste en adueñarse de lo nuestro y destruirlo todo sin importar nuestra existencia.
Lamentablemente, en nuestra propia tierra sufrimos discriminación, despojo y el intento de borrarnos día a día. Esto lo hace un grupo de gente que solo entiende la lengua del poder, del robo o del delito para quedarse con lo ajeno, ignorando las leyes que ellos mismos hacen y usándolas solo cuando les conviene.
En 1994, la voz hermana del pueblo Maya en el sureste unió nuestras voces cansadas. Aunque no compartíamos todas sus formas, nos unió la misma causa: el reconocimiento no solo político, sino también de nuestro territorio y de nuestra libertad para decidir sin que nos impongan modelos ajenos. Hasta el día de hoy, esto sigue siendo una deuda pendiente del Gobierno para con nosotros.
En 2021 se avanzó muy poco en nuestro reconocimiento a nivel nacional. Aunque en nuestro estado de San Luis Potosí ya se nos había reconocido como sujetos de derecho público desde 2003, la ley se quedó en el papel y en la realidad no se aplica. Además, los gobiernos impusieron su paternalismo para acallarnos con apoyos y subsidios.
Nuestra insistencia dio nuevos fruto cuando en 2018 logramos abrir un camino para ser vistos y escuchados. Con mucho esfuerzo acompañamos y empujamos hasta llegar a 2024 a una nueva reforma que prometía cambiar 17 artículos constitucionales. Sin embargo, al final, el despacho jurídico de la Presidencia solo presentó la modificación al artículo 2°, quedándonos a deber nuevamente los derechos territoriales y político-electorales para ejercer de verdad nuestra autonomía y autogobierno, sin la tutela de partidos políticos que nos son ajenos.
Quienes viven del gobierno celebran esto como un gran logro, pero en el fondo la reforma fue recortada y condicionada, dándonos un reconocimiento incompleto y limitado. A nivel federal tenemos hoy la personalidad que en San Luis Potosí ya teníamos desde 2003, pero usted debe saber que las instituciones nos siguen tratando como objetos de ayuda pública y no como sujetos con derechos.
Cuando usted fue candidata a la Presidencia, durante su campaña en Zacatecas, prometió prohibir la minería a cielo abierto y la fracturación hidráulica (fracking). Vimos que ese era el camino correcto. Sin embargo, los diputados y senadores han hecho oídos sordos a este reclamo urgente para la vida y han congelado las iniciativas, tanto la que envió el anterior Presidente como las de otros actores políticos.
Hoy, faltando a su propio compromiso, usted ha hablado de explorar y extraer petróleo y gas en diversas regiones, incluyendo en sus planes a nuestros pueblos y comunidades.
Con la bandera de la soberanía energética se pretende sacrificarnos. Usted, como mujer de ciencia, sabe bien que no hay nada sustentable en la exploración y explotación petrolera, y que ni la tecnología más moderna hace que esta actividad sea segura para el medio ambiente o para la economía.
Le recordamos que la geología de nuestra tierra es kárstica y porosa. Nuestra agua es frágil: abundante solo unos meses al año, mientras que el resto del tiempo vivimos en escasez.
Usted sabe muy bien que la región Huasteca —que abarca más de 80 municipios entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas— es un territorio vivo donde habitamos cerca de un millón de personas de los pueblos Náhuatl, Tének, Otomí, Tepehua, Totonaco y Xi’iuy. Nuestro territorio no son tierras vacías ni sin dueño.
Su comité de expertos no vive en nuestra tierra; vive en otros entornos y depende de empresas petroleras o de una academia acomodada al poder. Cualquier informe de ese grupo carece de autoridad moral y científica, pues está marcado por intereses ajenos a la vida de las comunidades indígenas.
Le exigimos congruencia con la palabra empeñada. Le pedimos prudencia, porque la llamada «utilidad pública» no puede estar por encima de nuestros derechos humanos e históricos.
El Estado mexicano debió obtener nuestro Consentimiento Libre, Previo, Informado y Vinculante —tal como lo mandatan el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas— antes de adoptar decisiones como el Plan Estratégico de Pemex. Intentar hacer una consulta ahora es extemporáneo. Por ello, en uso de nuestro derecho constitucional y mediante nuestras Asambleas Generales Comunitarias, hemos decidido no dar nuestro consentimiento a megaproyectos energéticos ni de ningún tipo que pongan en riesgo la vida, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y nuestro territorio. Como pueblos originarios que antecedemos a la formación de la Nación, somos primeros en derecho.
Asimismo, le informamos con pena que la consulta para definir la ley reglamentaria del artículo 2.º es solo una farsa: no se informa, se simula, no se consensúa, se dictan procedimientos, no se garantiza el derecho a la participación real, pues se imponen sedes y formas ignorando a la Asamblea General Comunitaria, que es nuestra máxima autoridad. El texto presentado no es una iniciativa, es un texto borrador de lo que más adelante podría ser una iniciativa. Esta simulación en su conjunto no es para proteger nuestros derechos, sino una estrategia diseñada para engañarnos y acotar nuestros derechos.
POR TODO LO ANTERIOR, EXIGIMOS Y SOLICITAMOS CON BASE EN LA CONSTITUCIÓN Y LA CONVENCIONALIDAD A SU GOBIERNO:
1. La emisión de un decreto formal que prohíba de manera absoluta y definitiva el uso de la fracturación hidráulica (fracking) y la minería a cielo abierto dentro de nuestro territorio, en la región Huasteca y en todo el país, con sustento en los artículos 1.º, 2.º (Apartado A, fracciones V y VI) y 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que reconocen la protección de nuestro hábitat y territorio, garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano y al agua, así como el principio precautorio ambiental respaldado por el Convenio de Escazú.
2. La cancelación inmediata de cualquier plan o proyecto de exploración, extracción de hidrocarburos o megaproyectos energéticos de Pemex u otras empresas que impacten directa o indirectamente nuestros territorios y acuíferos, en apego a los artículos 1.º, 2.º (Apartado A, fracción V) y 4.º de la CPEUM, así como al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, que protegen el derecho humano al agua, la integridad de nuestros territorios, el principio de no regresividad y el derecho sobre los recursos naturales de nuestras comunidades.
3. El respeto pleno a la autonomía indígena y un alto a la simulación legislativa, suspendiendo los actos de la consulta regresiva sobre la ley reglamentaria del Artículo 2.º Constitucional y estableciendo un diálogo directo con las Asambleas Generales Comunitarias. Exigimos el respeto a nuestra libre determinación, sin intermediación ni tutela de partidos políticos y con los tiempos adecuados, conforme al artículo 2.º constitucional, los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el principio de no regresividad en derechos humanos (artículo 1.º constitucional).
4. El otorgamiento de una audiencia formal con usted en sus oficinas para ser escuchados de manera directa, garantizando nuestro derecho fundamental de audiencia y debido proceso (artículo 14 de la CPEUM y artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en concordancia con el derecho de petición (artículo 8.º constitucional), que mandata a la autoridad a escuchar y dar respuesta formal, por escrito y en breve término a nuestras solicitudes.
“Porque el amor al agua y la tierra vence al miedo.”
ATENTAMENTE
CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS
¡Por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos y comunidades! OR EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN
C. Angelina Reyes Hernández C. Hermelinda Vázquez Bautista
Representante Nahua Representante Nahua
C. Cenorina Bernal Fernández C. Rafael Reyes Martínez
Representante Tének Representante Tének
C. Marcos Alejo Torres
Representante Tének
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