SCJN ampara a comunidades mayas de Hopelchén por plaguicidas en acuíferos
Iván Evair Saldaña
Periódico La Jornada
Jueves 27 de agosto de 2026, p. 24
Tras casi seis años de juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer a comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, al determinar que autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido omisas ante indicios de glifosato y otros plaguicidas en acuíferos.
El fallo, a raíz de un proyecto de la ministra María Estela Ríos González y aprobado por unanimidad, estableció que, bajo una perspectiva intercultural, el agua de esos acuíferos está ligada a la cosmología, la vida y continuidad de los pueblos mayas, por lo que la posible contaminación afecta sus derechos colectivos.
La Corte modificó la decisión de junio de 2024 del juzgado primero de distrito de Campeche, que negó el amparo por considerar insuficientes las pruebas. Concluyó que el juez trasladó en forma indebida la carga de la prueba a las comunidades y restó valor a los indicios aportados por éstas, entre ellos la presencia de glifosato en 20 pozos de siete comunidades, así como en agua purificada y muestras de orina de habitantes.
Bajo los principios de precaución e in dubio pro natura, la SCJN estableció además que la falta de certeza científica absoluta no puede retrasar medidas de protección ante un posible riesgo. Señaló que en asuntos ambientales puede revertirse la carga de la prueba y, tratándose de comunidades indígenas, las pruebas deben valorarse con perspectiva intercultural. Por ello, ordenó a autoridades federales, estatales y municipales actuar progresivamente para atender el riesgo.
La tarea de Conagua es estudiar la presencia de glifosato, monitorear la calidad del agua y publicar los resultados; Semarnat deberá promover un sistema de información y monitoreo y acciones para garantizar agua suficiente y salubre, mientras Cofepris y autoridades de Campeche deberán reforzar el control de plaguicidas. La omisión persistió pese a que desde 2015 la Corte estableció como precedente que el suelo poroso de la Península de Yucatán facilita la filtración de agroquímicos a los mantos acuíferos.
Aunque los ocho ministros presentes avalaron el fallo, hubo debate sobre sus alcances. Loretta Ortiz consideró que debían precisarse otras omisiones y cómo vulneran los derechos a la salud y al medio ambiente. Sara Irene Herrerías propuso actualizar normas sobre plaguicidas y calidad del agua, evaluar restricciones al glifosato y crear un programa de atención médica, pero la ponente rechazó ampliar los efectos.
El litigio comenzó en diciembre de 2020, cuando las comunidades promovieron un amparo indirecto por las omisiones de autoridades ante la contaminación del agua. Tras la negativa de junio de 2024, impugnaron y solicitaron a la Corte atraer el caso, lo que ocurrió en mayo de 2025.
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