«No existe bienestar cuando el desarrollo económico se construye sin las comunidades»: Red TDT frente a imposición de Podebi en Puebla
Redacción Desinformémonos
27 de agosto de 2026
Cientos de organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación ante «la imposición y desarrollo de proyectos vinculados con los denominados Polos del Bienestar», contra los que luchan las comunidades de San José Chiapa y de la Cuenca Libres-Oriental, Puebla, por amenazar sus territorios, el medio ambiente y la vida comunitaria, y provocar la represión y criminalización de los defensores de la tierra y el agua.
Las organizaciones, agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), señalaron que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Futura Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, Puebla (PODECOBI) y el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla (PODECIBI), «están siendo promovidos y ejecutados sin garantizar de manera efectiva los derechos de las comunidades potencialmente afectadas».
Entre las violaciones cometidas por las autoridades, indicaron, se encuentra la vulneración a los derechos de las comunidades a la información, participación, consulta, territorio, agua, medio ambiente sano, salud, autodeterminación y acceso a la justicia.
«No existe bienestar cuando el desarrollo económico se construye sin las comunidades; no existe justicia ambiental cuando se niega información; no existe participación cuando las decisiones ya están tomadas; y no existe democracia cuando se criminaliza a quienes defienden su territorio», aseguró la Red TDT frente a la imposición de los proyectos en los territorios y la represión contra el Movimiento en Defensa del Agua y del Medio Ambiente de San José Chiapa, que ha encabezado la resistencia contra los «Polos de Desarrollo».
De acuerdo con datos oficiales, el PODECOBI fue inicialmente declarado sobre una superficie de 275.2 hectáreas en los municipios de San José Chiapa y Nopalucan, pero posteriormente una nota aclaratoria modificó la superficie a 217.68 hectáreas. Por su parte, el PODECIBI Puebla fue declarado mediante Acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con una superficie de 40.4280 hectáreas en San José Chiapa, sin que la comunidad fuera consultada y sin presentar los estudios ambientales del proyecto.
«Estos datos evidencian que no estamos ante proyectos aislados ni menores, sino frente a una transformación territorial de gran escala que puede producir consecuencias acumulativas sobre el agua, los ecosistemas, las actividades agrícolas, la salud y las formas de vida de las comunidades», resumió la Red TDT.
Por la defensa de su territorio, el Movimiento de San José Chiapa ha sido objeto de represión, criminalización y hostigamiento por parte del gobierno de Puebla y las fuerzas armadas, a pesar de que el Estado mexicano «tiene la obligación de garantizar que cualquier proyecto de desarrollo sea compatible con los derechos humanos y ambientales».
«Exigimos que San José Chiapa no sea convertido en un territorio de sacrificio en nombre del desarrollo», señalaron las organizaciones en un comunicado, en el que incluyeron entre sus demandas a las autoridades federales y del gobierno de Puebla «detener cualquier proceso de imposición de los Polos del Bienestar» en la entidad, cesar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o criminalización contra integrantes del Movimiento en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de San José Chiapa, dar a conocer públicamente los estudios ambientales e impactos de los proyectos y abstenerse de utilizar el sistema penal para inhibir la protesta social y la defensa del territorio.
A continuación el comunicado completo:
Ante la imposición de los Polos del Bienestar en San José Chiapa, Puebla: exigimos respeto a los derechos humanos, al territorio, al agua, al medio ambiente y a la participación comunitaria.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) manifiesta su profunda preocupación ante la situación que enfrentan las comunidades de San José Chiapa y de la Cuenca Libres-Oriental, Puebla, frente a la imposición y desarrollo de proyectos vinculados con los denominados Polos del Bienestar, particularmente el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Futura Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, Puebla (PODECOBI) y el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla (PODECIBI).
Nuestra preocupación no se limita al modelo de desarrollo económico que pretenden imponer los gobiernos federal y estatal. Se refiere, fundamentalmente, a la forma en que estos proyectos están siendo promovidos y ejecutados, sin garantizar de manera efectiva los derechos de las comunidades potencialmente afectadas, particularmente sus derechos a la información, participación, consulta, territorio, agua, medio ambiente sano, salud, autodeterminación y acceso a la justicia.
El propio Diario Oficial de la Federación acredita la dimensión de estos proyectos. El PODECOBI fue inicialmente declarado sobre una superficie de 275.2 hectáreas en los municipios de San José Chiapa y Nopalucan; posteriormente, una nota aclaratoria modificó la superficie a 217.68 hectáreas.
Por su parte, el PODECIBI Puebla fue declarado mediante Acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado el 2 de marzo de 2026, con una superficie de 40.4280 hectáreas en San José Chiapa.
Estos datos evidencian que no estamos ante proyectos aislados ni menores, sino frente a una transformación territorial de gran escala que puede producir consecuencias acumulativas sobre el agua, los ecosistemas, las actividades agrícolas, la salud y las formas de vida de las comunidades.
Ante esta situación, la Red TDT tiene una serie de solicitudes dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales.
Al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Puebla:
1. Detener cualquier proceso de imposición de los Polos del Bienestar que pueda afectar derechos humanos mientras no se hayan garantizado plenamente los mecanismos de participación y consulta correspondientes.
2. Garantizar el derecho de acceso a la información ambiental de las comunidades.
3. Hacer públicos, de manera completa, accesible y comprensible, los estudios, permisos, autorizaciones y evaluaciones ambientales y sociales relacionados con los proyectos.
4. Garantizar una participación pública efectiva, temprana, informada y sustantiva en todas las decisiones ambientales.
A SEMARNAT:
5. Dar a conocer públicamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y demás instrumentos ambientales relacionados con los proyectos específicos que pretendan autorizarse.
6. Informar sobre las evaluaciones de impactos acumulativos y sinérgicos que puedan producirse sobre el agua, suelo, aire, biodiversidad, salud y territorio.
A SENER:
7. Transparentar los Manifestaciones de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) y demás instrumentos sociales que correspondan a los proyectos energéticos vinculados con los Polos.
8. Garantizar que las comunidades conozcan previamente los impactos sociales, territoriales y culturales de las obras e infraestructura energética.
Al INPI:
9. Hacer públicos los criterios, estudios y elementos utilizados para determinar la existencia o inexistencia de pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas.
10. Garantizar que ninguna determinación administrativa sea utilizada para impedir o restringir indebidamente el derecho a la consulta indígena.
Al Poder Judicial de la Federación:
11. Garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental, aplicando los principios de prevención y precaución frente a riesgos de daños graves o irreparables.
12. Analizar las controversias relacionadas con estos proyectos desde una perspectiva de derechos humanos, ambientales y de protección reforzada de las comunidades.
Al Gobierno del Estado de Puebla y a la Fiscalía General del Estado:
13. Cesar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o criminalización contra integrantes del Movimiento en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra de San José Chiapa y demás personas defensoras.
14. Abstenerse de utilizar el sistema penal para inhibir la protesta social y la defensa del territorio.
1. Garantizar el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión, reunión y asociación.
2. Retirar cualquier despliegue policial que tenga como finalidad intimidar o inhibir la organización comunitaria y privilegiar mecanismos de diálogo y solución pacífica del conflicto.
La Red TDT hace un llamado a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos, comunidades, organizaciones campesinas, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y sociedad civil a mantenerse atentas a la situación que atraviesa San José Chiapa y la Cuenca Libres-Oriental.
Asimismo, hacemos un llamado a los organismos públicos de derechos humanos, instituciones nacionales e internacionales y mecanismos de protección para que observen, documenten y den seguimiento a cualquier acto de hostigamiento, criminalización o violación de derechos humanos relacionado con la defensa del territorio.
Desde la RED TDT expresamos que no existe bienestar cuando el desarrollo económico se construye sin las comunidades; no existe justicia ambiental cuando se niega información; no existe participación cuando las decisiones ya están tomadas; y no existe democracia cuando se criminaliza a quienes defienden su territorio.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que cualquier proyecto de desarrollo sea compatible con los derechos humanos y ambientales.
Por ello, exigimos que San José Chiapa no sea convertido en un territorio de sacrificio en nombre del desarrollo.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
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