Colectivos indígenas de la Sierra Norte de Puebla denuncian simulación en consulta sobre Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas
Consideran que sería útil regular la usurpación de identidad, sobre todo en el acceso a cargos públicos
Edgar Barrios
11 de septiembre de 2026
El Sol de Puebla
Organizaciones y colectivos de la Sierra Norte de Puebla denunciaron que laconsulta convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el domingo 30 de agosto en la comunidad de San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, para dar a conocer la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de México, careció de una convocatoria real.
Según el pronunciamiento conjunto, al evento solo asistieron empleados del propio instituto y beneficiarios de sus programas, sin participación efectiva de las comunidades locales. El encuentro se caracterizó por una extensa inauguración con discursos políticos, mientras que en las mesas de trabajo el documento se leyó de manera textual y únicamente en español. Por ello, los firmantes concluyeron: “no fue consulta, no fue previa, libre ni informada”.
El pronunciamiento cuestiona de fondo el diseño de la reforma en materia de justicia comunitaria. Los colectivos preguntan cómo evitar que la ley obligue a los Jueces de Paz a actuar más como empleados del gobierno que como servidores elegidos por la asamblea, y qué condiciones materiales y económicas necesitan realmente estas figuras y las autoridades de las juntas auxiliares para operar sin depender de presupuestos condicionados por el municipio o el Estado.
Además, plantean cómo blindar legalmente las decisiones de las asambleas comunitarias frente a amparos o demandas de empresas privadas, y cómo garantizar que las juventudes sigan participando en los cargos de justiciasin que el enfoque restaurativo maseual —basado en el diálogo, la faena y la reparación del tejido social— se pierda frente a la lógica de castigo y cárcel del Estado.
En materia de tierras y territorio, el documento objeta que la propuesta otorgue al Ejecutivo federal solo la facultad (”podrá”) y no la obligación (”deberá”) de reconocer y titular las tierras indígenas. Los colectivos señalan también que, en los dictámenes de afectación ambiental, es el propio Estado quien define qué constituye un daño significativo, mide si se alcanza ese nivel, decide si procede una consulta y concluye si el proyecto puede continuar, lo que a su juicio concentra el control del proceso en la autoridad y no en las comunidades.
Cuestionan igualmente quién avala la ley, para quién son sus beneficios, de dónde saldrá el dinero para aplicarla y por qué dependencias como el INPI, Gobernación, Cultura y Conagua deben avalar las decisiones de la asamblea.
Comunidades enlistas exigencias
Las organizaciones exigieron que se declare la prohibición de transgénicos en México, argumentando que el T-MEC impide actualmente esa restricción pese a que México presentó una propuesta en ese sentido en 2024, la cual fue rechazada por el panel del tratado. Pidieron también que se precisen las “áreas estratégicas” a las que alude la reforma como excepción al derecho a la libre determinación sobre los recursos naturales, así como que se respete la decisión de las asambleas comunitarias sobre cualquier proyecto en su territorio, incluyendo la producción libre de transgénicos y la soberanía alimentaria, sin que se explique con qué recursos se garantizarán estos principios.
En salud, el documento plantea que reconocer la medicina tradicional no puede significar que el Estado se desentienda de su obligación de garantizar el derecho humano a la salud mediante servicios públicos dignos, gratuitos, oportunos, interculturales y de calidad. Los colectivos advierten que, bajo el argumento de fortalecer la medicina tradicional, existe el riesgo de que una responsabilidad del Estado termine recayendo en las propias comunidades, mientras los hospitales continúan sin especialistas, medicamentos, equipo ni personal suficiente. Sostienen que una verdadera ley de derechos indígenas debe garantizar que la interculturalidad en salud signifique complementariedad y no sustitución, participación y no imposición, y reconocimiento —no apropiación— de los conocimientos tradicionales.
En materia de justicia y género, las organizaciones exigieron que la ley tipifique y blinde explícitamente los derechos de las mujeres por encima de cualquier costumbre comunitaria, evitando que la “autonomía” se use como argumento para justificar violencia de género, matrimonios forzados o exclusión en la toma de decisiones. Señalaron que la propuesta requiere un enfoque más transversal frente a problemáticas como la pobreza extrema, la falta de acceso a la salud reproductiva y el analfabetismo, que afectan de forma diferenciada a las mujeres, y lamentaron que no se especifique un presupuesto para acciones de igualdad sustantiva ni los procedimientos para lograrla. Precisaron que, si bien la ley promueve el fortalecimiento de la propiedad social, no plantea una postura explícita de paridad de género.
El documento también advirtió sobre el riesgo de que la operatividad del derecho a la autodeterminación quede condicionada a padrones y reconocimientos del INPI, lo que violentaría el principio de auto adscripción indígena reconocido por tratados y jurisprudencia internacional, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Los firmantes sostuvieron que el Estado debe limitarse a reconocer la identidad que la persona o comunidad declara, aunque señalaron que sería útil regular la usurpación de identidad, sobre todo en el acceso a cargos públicos. Finalmente, expresaron preocupación de que la representante del Poder Legislativo legitime la reforma el próximo 12 de octubre. El pronunciamiento fue suscrito por la Coordinación de organizaciones de Cuetzalan —integrada por Tochan Nuestra Casa A.C., Yolpakiulis A.C. Colectivo de Mujeres, Red de Mujeres Siuamej Tayolchikauanij, Yankuiktlahtol Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.—, así como por la Red de Defensoras de los Territorios de la Sierra Norte de Puebla, el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y Territorio de la Sierra Norte de Puebla, y los grupos Tinochin Chignautla y Mujeres Organizadas de Ixtacamaxtitlán.
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