El pueblo mayo-yoreme sigue en lucha contra la planta de amoniaco de Topolobampo
La comunidad agotó las instancias nacionales sin obtener justicia y ya presentó la denuncia ante la CIDH
Sanjuana Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 4 de octubre de 2026, p. 10
Cuando duerme en el campamento contra la planta de amoniaco, a Melina Maldonado Sandoval, defensora indígena mayo-yoreme, se le aparece su abuela muerta de 103 años con machete en mano tumbando cabezas: “¡Defiéndete, defiende a tu pueblo!”, le dice al despertarla. Es cuando la pesadilla se le transforma en algo premonitorio: “Sueño que hacemos la guerra para defendernos de este monstruo que está profanando nuestro sitio sagrado”.
Melina, pescadora y artesana de la bahía de Ohuira, Sinaloa, ubicada en el golfo de California, lleva 140 días en pie de lucha con sus com-pañeros indígenas del colectivo Aquí No, bloqueando la entrada de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), del grupo suizo Proman, donde el gobierno alemán, con su banco público KfW IPEX-Bank, desde hace 13 años pretende construir, en un territorio ancestral, una megaplanta de amoniaco con una inversión de 860 millones de dólares, pese a los graves impactos a la salud de sus pobladores y al ecosistema de la zona.
Junto a otras mujeres yoremes, Melina lidera la lucha contra esta multinacional que pretende invadir su territorio sagrado. Y avisa: “El día que la empresa y el gobierno decidan quitarnos de este plantón y judicializarnos, los pueblos se van a levantar en armas. No es una advertencia. Si tenemos que usar machetes como en la revolución, los vamos a utilizar. Aquí no se va a construir la planta de amoniaco, no hemos dado nuestro consentimiento. Es nuestro territorio. Las armas nos harán libres”, dice en tono contundente.
Camino a la CIDH
Durante 13 años de lucha judicial, los pueblos originarios han presentado diversas formas legales para defenderse. Ha sido una lucha titánica comparada con la gesta de David contra Goliat. Tanto es así, que después de agotar las instancias de la justicia mexicana, la semana pasada presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo afirma Alberto Alarcón Gómez, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que acompaña a las comunidades en su lucha judicial: “Se agotaron los recursos internos en varios juicios y ya acudimos al recurso interamericano. Se presentó un escrito de petición a la comisión para que analice el caso. Estamos en una etapa de estudio inicial”.
Añade: “Acudimos con tres argumentos: el primero es que no se respetó el derecho del consentimiento de las comunidades, aunque llevaron a cabo el proceso de consulta; las comunidades más cercanas y afectadas que sufren mayor riesgo no acordaron su consentimiento. El segundo argumento es que no evaluaron de manera adecuada los impactos ambientales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de los juzgados. Y el tercero es que no se evaluaron impactos climáticos a pesar de que la empresa decía que se iban a apegar a estándares internacionales”.
Comenta que desde 2018 existían tres demandas, de las cuales dos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó realizar la consulta: “No se respetó el consentimiento de las comunidades. Aunque la comunidad no quiso, procedieron con el proyecto. Los jueces argumentan que no requerían el consentimiento, sólo preguntarles. Y nosotros alegamos que sí, porque es un proyecto de alto impacto. Y el gobierno mexicano alega que no; por eso acudimos a la jurisdicción interamericana”.
Amparos y resoluciones
A la comunidad mayo-yoreme de Lazaro Cárdenas se le concedió el amparo indirecto 528/2018-7B del juzgado sexto de distrito de Sinaloa, mientras a la comunidad mayo-yoreme de Ohuira, el mismo juzgado le negó el amparo indirecto 350/2018. Luego, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del decimosegundo circuito admitió el amparo en revisión 236/2021 y el amparo en revisión 157/2021 del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del decimosegundo circuito.
Dice que finalmente la sentencia de segunda instancia con el expediente 502/2024 del primer tribunal colegiado en materia administrativa del décimosegundo circuito y la sentencia de primera instancia del expediente 561/2023 del juzgado séptimo de distrito en Sinaloa, después de la consulta, llevaron este asunto a la CIDH.
“Se emite la primera en 2014, pero no se empieza a ejecutar el proyecto hasta 2018, que es cuando se meten las primeras demandas de amparo porque no se había hecho la consulta. La SCJN anula la autorización de impacto ambiental y dice que se haga la consulta. Hacen la consulta mal y emiten una segunda autorización de impacto ambiental. Y contra esa segunda autorización se promueve el amparo. Nos lo niegan en primera instancia y en segunda, y durante cuatro años se estuvo litigando, y en 2026 la segunda instancia nos dice que no necesitan el consentimiento de las comunidades. Ya habiendo agotado primera y segunda instancia acudimos ante la CIDH”.
Comenta que están contra reloj porque el proyecto de la planta de amoniaco sigue avanzando sin que las autoridades decreten una suspensión de las actividades: “El plantón de las comunidades es el que está evitando que continúen las obras. No hay ningún mecanismo jurisdiccional que lo pare. Los pro-cesos ante el foro interamericano son muy lentos por la carga de trabajo enorme. La CIDH es la antesala de la Corte. Todo este proceso nos podría demorar hasta un año”.
El problema más grande es el daño que están haciendo a las comunidades indígenas: “Hay mucha estigmatización y división. La empresa GPO está incitando la división de la comunidad manejando la narrativa de supuestos beneficios económicos y empleo. Esto divide; el impacto social es muy grave. Las principales lideresas están ya con medidas cautelares viviendo con chalecos antibalas. Es un contexto de violencia fuerte. No solamente es un ecocidio, también es un etnocidio”.
Proyecto extractivista
Para Ornela Garelli Ríos, directora de campañas de Greenpeace, la planta de amoniaco representa una amenaza para las actividades tradicionales de los habitantes y sus derechos a la vida, integridad física, libre movilidad, autodeterminación y justicia económica.
El pasado 7 de septiembre realizaron una protesta pacífica en el Zócalo capitalino para llevar el mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Queremos que el gobierno mexicano se sume a la protección de Topolobampo.
“La planta no lleva el avance de 95 por ciento que han mencionado las autoridades; no supera 50 por ciento. Por eso estamos pidiendo a la Presidenta para que instruya a la Semarnat a detener este proyecto, algo que sí está en sus facultades. Ya han detenido otros”.
Colusión de poderes
Dice que hay colusión entre el poder económico y el político para permitir la construcción de la petroquímica: “A lo largo de estos 13 años de lucha se ha visto una fuerte colusión entre el poder económico y el poder político con autoridades de distintos niveles de gobierno: locales, estatales y el gobierno federal. La misma Semarnat y Profepa han sido omisas. Y (están) los spots de algunas secretarías federales a favor de la planta diciendo que va a contribuir a la soberanía alimentaria diciendo que son fertilizantes, cuando en realidad se trata de una planta de amoniaco. Hay un impulso del gobierno mexicano a esta planta y eso ha evitado que se cancele el proyecto”.
Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de Conexiones Climáticas, señala en entrevista que el proyecto de la planta de amoniaco se trata de un modelo de desarrollo ajeno a la zona, por lo que se violentan derechos humanos a costa del llamado progreso.
“La empresa GPO no ha respetado a las comunidades. Es importante destacar el rol que tiene Alemania. La compañía Proman es suizo-alemana, que por medio de su banco público alemán financia este proyecto de alto riesgo. Y el gobierno alemán, por conducto de su ministerio de Economía, da una garantía al préstamo. El involucramiento de Alemania a través de su empresa, su banco y su gobierno es total”. Asegura que si la empresa se establece, las poblaciones tendrán problemas graves de salud por los contaminantes y el riesgo de muerte, aunado a la posibilidad de fugas que podrían “eliminar” a la población entera.
Por eso, insta al gobierno de Sheinbaum a poner por delante a las comunidades pesqueras e indigenas de la bahía y detener el proyecto: “Esta planta es una de las salidas al gas excedente que tiene Estados Unidos. El principal ingrediente que se requiere para meter amoniaco es el gas fósil. Ahí hay un gasoducto que recibe gas que viene de Texas, producto de fracking, y esto permitiría la producción del amoniaco. Por eso lo están estableciendo ahí y porque buscan llegar a los mercados asiáticos. Están usando a México de trayecto”.
Lugar sagrado
Melina recorre todos los días la bahía. Al primer reactor que llegó para la planta de amoniaco le llama misil, por su forma. Asevera que la construcción de la planta acabaría con la cosmovisión de su pueblo: “Con esto nos lastiman; éste es un lugar sagrado para nuestro pueblo. Nos están golpeando en nuestra espiritualidad. Y sin eso, sí somos un pueblo salvaje. Ojalá que no nos arranquen el corazón como lo están haciendo. No quisiéramos enfrentar una guerra como en la revolución, contra inversionistas extranjeros y contra el propio gobierno”.
Angustiada se pregunta: “¿Por qué quieren enfermar un humedal Ramsar de importancia mundial sólo por decisiones gubernamentales de personas que solamente lo están mirando desde un escritorio sin importarles las vidas que dependemos de la bahía? Si construyen este monstruo, no sólo perdería el pueblo mayo-yoreme: perdería el planeta completo”. Y concluye: “El pueblo está enardecido porque nos están robando el alma”.
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