Criminalidad estructural en la Tarahumara

Los drones que lanzan bombas son ya otra forma de terror del crimen organizado. En eso coinciden las más de 200 familias víctimas de desplazamiento forzado de los municipios de Moris y Uruachi en la sierra de Chihuahua, ahora refugiadas en Ciudad Cuauhtémoc, y otras familias de los municipios de Guadalupe y Calvo y de Badiraguato, Sinaloa, refugiadas en Parral.
No es un fenómeno casual ni aislado ni meramente local. La semana antepasada, The Washington Post reveló que mercenarios que participan en la guerra Rusia-Ucrania han sido contratados por cárteles de la droga en México para entrenarlos en el uso de drones de combate (https://me-l.co/kn9dr54u). Por otro lado, hay que recordar que en abril pasado, cuando se descubrió que en la sierra de Chihuahua operaban dos agentes de la CIA, fallecidos en un accidente de automóvil, las autoridades estatales declararon que “entrenaban a la policía en el uso de drones”.
Ya no se trata, pues, de una guerra de cárteles locales o nacionales. Lo que sucede en las sierras de Chihuahua, Guerrero o Michoacán es la localización, el aterrizaje local de disputas globales entre fuerzas legales, paralegales o ilegales en alianza para disputarse los territorios con todos sus recursos estratégicos y el paso por ellos. Las periferias aún no están exangües, a pesar de haber sido devastadas por siglos. Han entrado a una nueva fase del extractivismo, a una fase de acumulación para la que el crimen organizado cumple funciones muy similares a las que los corsarios cumplieron para el capitalismo mercantilista. Los cárteles de la droga ahora ejecutan el despojo para ellos y preparan despojos mayores para las empresas extractivistas.
Los sitios más remotos de la Tarahumara sirven como laboratorios clandestinos y escondites para el procesamiento de drogas sintéticas; la geografía montañosa es paso obligado de varios gasoductos, como el de Topolobampo-El Encino; hay 24 proyectos mineros vigentes en la sierra, precisamente en los municipios donde hay más hechos de violencia: Ocampo, Moris, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos, Chínipas y Madera. Ahí están presentes sobre todo las compañías mineras canadienses GoldCorp, Pan American Silver, Agnico Eagle, Evrim Resources, Reyna Silver y Silver Spruce Resources; la estadunidense Coeur Mining, y la mexicana Fresnillo. Todos ellos contaminan las vertientes de los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte y Conchos.
En esos lugares, las mineras negocian con los grupos delincuenciales: les pagan derecho de piso para que impidan o sofoquen las resistencias comunitarias a las minas y otros proyectos extractivistas como la tala clandestina o incluso “legal” de los bosques de los pueblos.
El extractivismo también tiene su “lado amable”: buena parte del valor con que logran quedarse las comunidades y las familias es drenado por la venta de cerveza y alcohol sin ningún control. Así también las trasnacionales Heineken y Constellation Brands y sus distribuidores lucran en estas regiones que se pensaba estaban ya vacías de cualquier riqueza a extraer.
Para poder ejercer esta violencia económica, criminal y extractivista en la sierra, se debilita a las autoridades y formas de organización de las comunidades indígenas y campesinas. El crimen organizado impone autoridades ejidales cómplices; se imponen la forma de ejido a la de comunidad indígena y una Ley Agraria que les resulta ajena y la hace convivir con “chabochis”, mestizos con usos, costumbres e intereses muy diferentes.
Muchas veces, los programas gubernamentales, lejos de contribuir al fortalecimiento de las comunidades, las debilitan o socavan su tejido organizativo. No toman en cuenta a las autoridades tradicionales, imponen dirigencias desde afuera, las juzgan como incapaces de administrar recursos y rendir cuentas, ejercen tutelaje sobre ellas como si estuvieran en una infancia perpetua. Así, la violencia extractivista y criminal por un lado y el paternalismo o indianismo oficial por el otro conspiran contra el baluarte social más antiguo, más genuino contra la violencia en todas sus formas: la autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas y afromexicanas.
No se puede construir la paz en las periferias indígenas sin respetar y fortalecer la autonomía de sus comunidades. La acción del Estado debe orientarse a dotarlas de instrumentos y recursos que las fortalezcan, desarrollen sus propias capacidades y las empoderen; quitarles estorbos y obstáculos externos. Por ejemplo, la Procuraduría Agraria debe buscar más recursos humanos, jurídicos y materiales para acompañar a las comunidades y evitar que les impongan comisariados ejidales aliados o manipulados por el crimen organizado y las empresas depredadoras. Programas como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) y Sembrando Vida deben tener bien en cuenta que no son la salvación que viene de fuera de las comunidades; que esas acciones gubernamentales adquieren todo su sentido cuando las comunidades se apropian de ellas y las transforman para fortalecer su resistencia.
Porque las comunidades no sólo luchan por su subsistencia y por sus territorios contra la dupla empresas extractivistas-crimen organizado: luchan también por el sentido que dan a sus quehaceres, a sus vidas, por sus historias, por su lengua, por sus símbolos, como señala Fernando Buen Abad: “Cada disputa consciente por el sentido, cada narración alternativa, cada recombinación semiótica de resistencia constituye un arma contra la criminalidad estructural que el neoliberalismo representa” (https://n9.cl/dmtnj).
https://www.jornada.com.mx/2026/10/07/opinion/016a2pol