Ejidatarios de Hecelchakán demandan el desalojo de 300 hectáreas invadidas
Lorenzo Chim
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2026, p. 29
Campeche, Camp., Unos 500 campesinos del ejido Hecelchakan se plantaron frente a palacio de gobierno en protesta por la invasión de al menos 300 hectáreas de sus ampliaciones forestales en el área natural protegida de Balam Ku.
Afirmaron que unas 200 o 300 familias provenientes de diversas entidades del país se asentaron de manera ilegal de sus terrenos en la zona de Chuncopó, cerca de la laguna del mismo nombre, donde han deforestado vastas superficies de sectores maderables.
Encabezados por el comisario ejidal Jorge Moisés Euán Dzul, los labriegos arribaron al inmueble oficial donde exigieron ser atendidos por la gobernadora Layda Sansores para plantearle el problema y pedir el desalojo y recuperación de las 300 hectáreas invadidas.
Detallaron que el ejido cuenta con la documentación que prueba la legal posesión de 34 mil 244 hectáreas de ampliaciones forestales situadas entre los municipios de Escárcega y Candelaria.
Pese a que los inconformes solicitaron dialogar con la mandataria morenista o con algún funcionario estatal, no los atendieron de inmediato por lo que entraron por la fuerza al edificio gubernamental, dónde los policías poco pudieron hacer para contenerlos.
Unos 15 minutos después llegaron por lo menos 50 elementos antimotines fuertemente armados para resguardar el inmueble y evitar actos de vandalismo. Los ejidatarios creyeron que iban a ser desalojados por lo que empezaron a gritar “somos de Morena” y “cuando la gobernadora andaba en campaña, ella nos iba a buscar, nos atendía de besito y hoy no quiere ni darnos la cara”.
Mientras que los uniformados tomaron control de la situación, el subsecretario de Gobierno, Héctor Mena, salió a dialogar con los manifestantes y les pidió integrar una comisión de 10 representantes para dialogar con el secretario de Gobierno, Victor Sarmiento.
En la reunión, Euán Dzul y los ex comisarios Ruperto Balan y Carlos Román Pech refirieron que el problema data de 2023, y aunque han presentado denuncias penales ante la Vicefisclaía Regional y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no se ha procedido contra los invasores, por lo que no descartan que haya colusión con servidores públicos. Sarmiento garantizó que se atenderán sus demandas y se hará valer la ley.
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