La Jornada
Si el Gobierno Federal declaró “el sexenio del agua” es porque, desde hace varios sexenios, muchas comunidades y organizaciones vienen luchando por ese recurso. Así lo reconoció el 7 Congreso Agua para Todxs, Agua para la Vida, celebrado recientemente en Chapingo con participación de 178 comunidades indígenas y organizaciones sociales de 25 estados de la República.
Ahí se conmemoraron a las personas caídas en defensa del agua y del territorio. Se hizo el recuento de los logros de las luchas de estos años: la resolución gubernamental de que no habrá fracking en la Huasteca Potosina; la cancelación de presas y trasvases en el Río Sonora para llevar agua a Hermosillo; la sentencia 543 del Poder Judicial de la Federación, ratificada por la Corte, que obliga a Comisión Nacional del Agua (Conagua)a recuperar el Acuífero Principal de la Comarca Lagunera, y la recuperación ahí mismo de los derechos ejidales sobre el agua, así como clausura definitiva de la mega granja porcícola en la comunidad Santa María Chi, Yucatán, de la empresa Santa María/Pecuaria Peninsular, copropiedad de la familia Loret de Mola.
Las organizaciones y comunidades participantes reafirmaron sus convicciones. La principal: el agua es un bien común, sujeto de derechos, indispensable para la vida, pero vulnerable. Que la privatización del agua, realizada mediante concesiones, contratos o control privado sobre infraestructura y servicios, profundiza la desigualdad social, incrementa los costos, debilita la autonomía comunitaria y pone en riesgo los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas. El mandato irrecusable de los gobiernos para poner fin al modelo neoliberal de privatización y abuso del agua y realizar los cambios estructurales requeridos es una perspectiva de derechos y sustentabilidad.
Entre las 12 demandas de las comunidades y organizaciones destacan: la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y saludable a través de la participación comunitaria y ciudadana. Que la Ley General de Pueblos Indígenas no se limite a reconocer el derecho a ser consultados, sino que reconozcan a los pueblos y comunidades como sujetos colectivos de derecho, con autoridad y capacidad de decisión sobre el agua en sus territorios, y se reconozcan sus sistemas comunitarios de gestión del agua.
Retoman exigencias de diversas regiones del país: que se cumpla con el Plan de Justicia del pueblo yaqui, se registre el Título de Derechos a Aguas Superficiales, y que el gobierno de Sonora transfiera al pueblo yaqui los recursos y administración del Acueducto yaqui. Exigen el cabal cumplimiento de la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a la Conagua a recuperar el Acuífero principal de La Laguna en cinco años. Con relación a la crisis sanitaria del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, demandan se decrete la alerta sanitaria y se tomen acciones efectivas frente a las descargas, sin utilizar la actual crisis para justificar megaobras poco efectivas ni la privatización.
Varios proyectos representan amenazas reales contra el derecho humano al agua, por lo que exigen su cancelación: el trasvase Pánuco-Cierro Prieto (Monterrey 6); la presa Mujer Solteca (Margarita Maza) en Oaxaca, así como el trasvase de Hidalgo a la Cuenca de México. Demandan se cancelen también los proyectos que ponen en riesgo la salud y la sustentabilidad hídrica: la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa; la planta de amoniaco Fermachem en Cañón de Fernández, Durango, y la planta para la licuefacción del gas en Guaymas, Sonora.
Exigen se prohíba la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento y, ante la amenaza del fracking o de la instalación de centros de datos, con un enorme consumo de agua, las organizaciones y comunidades exigen se prohíba la privatización en todas sus formas; solicitan se promulgue un decreto presidencial prohibiendo el fracking y se establezca una moratoria a los centros de datos hasta garantizar que se operen con sustentabilidad hídrica.
La represión contra las y los activistas por el derecho al agua ha cobrado víctimas, por eso el congreso en pleno demanda la liberación inmediata de los activistas en Dinamita, Durango; la liberación de los defensores del agua en Guadalajara y Puebla, y de otros activistas en Yucatán y en Oaxaca, entre otros.
Las demandas de esta red de defensoras y defensores del agua cuentan con el respaldo de sus acciones y sus compromisos: proteger las fuentes de abastecimiento: manantiales, cuencas, zonas de recarga hídrica. La construcción colectiva y desde debajo de alternativas que coloquen por encima de todo el interés público, la justicia hídrica y la protección de los ecosistemas. El intercambio de saberes acumulados, el apoyo a nuevas generaciones de defensoras y defensores del agua, y continuar con la construcción de Contralorías Autónomas del Agua para vigilar y responsabilizar a las autoridades del agua.
El agua será el corazón y el motor de nuevos movimientos y luchas sociales en el contexto del cambio climático, del extractivismo y del acaparamiento de los comunes. El derecho a ella es demanda irrefutable, que trasciende ideologías y desafía tanto a estados reaccionarios como progresistas. Hay pocas cosas tan vitales y no negociables como la sed de las personas y de la comunidad de seres vivos.
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