17 de agosto de 1999
En los últimos cinco años y medio, a partir de la insurrección zapatista en Chiapas, diversos reportajes en la prensa nacional hablan de importantes reservas petroleras dentro de la selva Lacandona.
Ello en contraste con los escasos informes de Pemex e incluso de ciertas instituciones norteamericanas de exploración geológica, que reconocen la presencia de petróleo en la Selva Maya (en Chiapas, Guatemala y Belice) pero en muy bajas cantidades. No obstante, numerosas fuentes y datos hablan de la presencia en la región de yacimientos petrolíferos gigantes, y tal vez supergigantes.
Aclarar el punto es esencial por la manera en que la anhelada privatización de los yacimientos mexicanos implica la expulsión violenta de decenas de miles de campesinos indígenas de sus tierras. La privatización de Pemex, parcialmente administrada, pero secreta y sistemáticamente promovida por el gobierno federal, abiertamente ofrecida al capital mundial por Vicente Fox y por Roberto Madrazo (Financial Times, 9 de agosto de 1999), no sólo implica empeñar en manos extranjeras la principal fuente de la riqueza y la soberanía nacional, sino también la expulsión violenta de mexicanos que habiten sobre mantos petroleros.
Pemex reconoce en ciertos documentos dos vastas e importantes regiones petroleras (Ocosingo y Marqués de Comillas), aunque también resalta su persistente búsqueda en el Prospecto San Fernando (a la altura de Yaxchilán y Bonampak). Reconocimientos a los cuales hay que añadir las atinadas predicciones efectuadas, entre 1953 y 1986, por las brigadas de prospección de Pemex en los numerosos anticlinales y fallas en el norte, centro y sur de la Selva Lacandona. En correspondencia con tales datos, o añadiendo nueva información, se suman los reportes de Oil and Gas Journal, el U.S. Geological Survey, la General Accounting Office, así como de George Baker. Igualmente llama la atención un documento de trabajo de Ecosur, destinado a promover el manejo privado y trinacional de la cuenca del río Usumacinta, por su mapa titulado Project Salinas en el cual se describen con precisión siete enormes yacimientos de petróleo, que no siempre coinciden con los informes precedentes. A todo lo anterior hay que añadir los numerosos testimonios de campesinos que han trabajado directamente para las compañías extranjeras dedicadas a la exploración, así como la intensa actividad de exploración y explotación efectuadas por empresas trasnacionales durante los últimos 20 años en la frontera de Guatemala con México.
Un mapa de todas estas áreas petroleras podría mostrar cómo cientos de comunidades indígenas de la selva y numerosos municipios autónomos quedan ubicados encima o muy cerca de los yacimientos o nuevos pozos petroleros. Pero el Valle Amador, ubicado al norte de lago Miramar, resulta ejemplar no sólo por su petróleo. Para la CFE es también uno de los 74 puntos del estado de Chiapas en los cuales pueden construirse nuevas presas hidroeléctricas privatizables, mientras para Semarnap es una de las puertas de entrada a la estratégica Reserva de la Biosfera de Montes Azules, curiosamente administrada por Conservation Internacional, también hoy entusiasta promotora mundial de la privatización de las áreas naturales protegidas.
Mientras los precandidatos del partido oficial se devoran mutuamente con ahínco y Vicente Fox se dedica a maquillar sus incómodas propuestas de venta de los yacimientos y/o de Pemex, se desarrolla el presente operativo militar en la selva (La Jornada, Juan Balboa, 15 de agosto de 1999). Además de proteger la futura privatización de los yacimientos y de castigar al EZLN por la solidaridad que brinda a diversas luchas sociales de la nación, la ofensiva militar tiene el propósito de abrir una nueva crisis política que desvíe momentáneamente la atención sobre la grave ruptura que hoy amenaza al PRI, si bien podría también servir para una nueva negociación entre secretarías de Estado (y grupos de interés nacional y trasnacional que las acompañan) en torno a los espacios de explotación petrolera y conservación de la biodiversidad en la selva. La injustificada nueva ocupación militar del norte y el noreste de la selva, así como de Montes Azules, destinada a abrir múltiples carreteras que atraviesen el último sector intacto de nuestra biodiversidad, bien podría servirle a Pemex (y a todas las empresas petroleras que podrían venir detrás de ella) para renegociar con Semarnap la explotación de los yacimientos desconocidos en los años ochenta, cuando se establecieron con Sedue los actuales márgenes de las áreas protegidas y los términos de la actividad petrolera. El problema estriba en que la explotación antiecológica del petróleo --de manera análoga a lo que hace cinco años representaron los ganaderos de Chiapas-- corresponde a un patrón técnico y a un agresivo sector del capital mundial en franca decadencia, mientras la biodiversidad (emparentada con la ingeniería genética) representa la vanguardia y el futuro del capital mundial.
Complejo mosaico de intereses geoeconómicos y políticos estratégicos que aunque contradictorios entre sí, parecieran darse la mano al momento de requerir la expulsión de la población indígena. ƑPermitirá la sociedad civil esta nueva agresión militar y petrolera en contra de las comunidades y la selva?