Las comunidades de Morelos objetan el avance de proyectos de urbanización de miles de casas que requieren de la perforación de pozos de agua que abatirán los castigados manantiales de la región.
Como se trata de pueblos que hace décadas organizan sus sistemas de agua en torno del manantial Chihuahuita, y como su merma ha implicado que otros poblados pierdan sus derechos de aguas, 13 pueblos del sur de Morelos consideran inaceptable la muerte de esta fuente.
Los pueblos llevan más de un año solicitando información, gestionando documentos, reclamando derechos en instituciones públicas, hablando con autoridades y manifestando su descontento sin ser escuchados. A cambio, han recibido promesas incumplidas, engaños, difamación en los medios y golpes de la policía estatal.
Dos veces ocuparon el ayuntamiento de Emiliano Zapata, lo que no sirvió para que las autoridades estatales tomaran cartas en el asunto. En mayo pasado bloquearon seis carreteras del sur de Morelos, en Puente de Ixtla y Tlaltizapán. El gobierno respondió con una golpiza a una septuagenaria de Xoxocotla que terminó en una reyerta, lo cual no pasó a mayores por la prudencia de las comunidades.
Para manipular el descontento y terminar con una toma de carreteras que llevaba 15 días, el gobierno accedió a una negociación con los afectados, a fin de revisar si las obras inmobiliarias afectarían los manantiales. A cambio, las comunidades solicitaron que se obligara a la empresa Urbasol a suspender la construcción mientras durara el diálogo. El gobierno y la empresa aceptaron y se instalaron mesas en Xochitepec. Después que la empresa presentó su proyecto ejecutivo de "conjunto urbano", se hizo patente que la manifestación de impacto ambiental, los trámites de registro y autorización y el proyecto mismo estaban plagados de irregularidades.
Hace tres semanas, como resultado de esta crisis, la empresa reanuda las obras. El gobierno de Marco Adame finge demencia y su secretario de Gobierno, Sergio Alvarez Mata, comienza a dar largas a las comunidades. lo que, de facto, disuelve la mesa del diálogo.
A partir de esta fecha, la prensa leal al gobierno señala que las comunidades volverán a las carreteras y algunos de estos medios se dedican a vocear la falsa noticia con altavoces en los pueblos, con la esperanza de provocar un desbordamiento que, a diferencia del primer bloqueo, una vez identificadas las autoridades de los pueblos que encabezan la lucha, ocurra, ahora sí, una represión brutal y selectiva.
En tanto, los 13 pueblos, acompañados de otros 10, llaman a la realización de un Congreso Morelense de Pueblos con problemas ambientales y sociales similares. El 28 y 29 de julio acuden a Xoxocotla más de 700 personas procedentes de 48 pueblos del estado y acuerdan no volver a luchar aisladamente. Llaman a formar un consejo de pueblos, con representantes elegidos en asambleas comunitarias.
Esta organización busca el rescate colectivo de ríos, manantiales y acuíferos, una agricultura diversificada y orgánica, programas comunitarios de manejo de basura, la construcción sustentable de vivienda y el ordenamiento comunitario de los territorios. Reclama un freno a las políticas federales de descampesinización y urbanización salvaje; detener proyectos de plantas de tratamiento de aguas y megabasureros costosos; la apertura de consultas populares y la aplicación de tecnologías apropiadas.
El gobierno se opone a esta vía porque se trata de un camino democrático que no busca el lucro de grandes inversionistas externos, necesitados de reciclar fondos especulativos (¿e ilegales?) globales que hoy sobran en Estados Unidos y Europa. Por ello, la Secretaría de Gobierno impone, a toda costa, el boom inmobiliario y le conviene desbarrancar los cuestionamientos legales y las movilizaciones políticas ciudadanas.
El gobierno morelense responde al Congreso de los Pueblos afirmando que es ilegítimo porque sólo representa a células del EPR, el EZLN y la APPO (¿y Al Qaeda y la Jihad islámica?). La violencia le permitiría a Adame sacar de foco el contenido central de las luchas, empujar a los pueblos a la desesperación y las acciones directas violentas, deshacer las movilizaciones, justificar ante la opinión pública la criminalización de los luchadores sociales y la represión de los pueblos.
Este lunes los pueblos van a mostrarse con una movilización en Cuernavaca, para que la ciudadanía morelense y del país pueda juzgar, por sí misma, la profundidad de la muerte ambiental y cultural de Morelos, así como la vitalidad y pertinencia del Congreso de los Pueblos.
Morelos: provocación gubernamental vs propuestas populares
05 de agosto de 2007