12 de noviembre de 1996
En breve el Congreso de la Unión deberá aprobar un conjunto de reformas constitucionales en las que se materializará parte de un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos indígenas.
Ese es, al menos, el compromiso que firmó el gobierno federal con el EZLN en febrero de este año en San Andrés. El corazón de estas reformas es el reconocimiento en la Carta Magna a la libre determinación de los pueblos indígenas ejercida a través de la autonomía.
Héctor Aguilar Camín (HAC) reconoce (La Jornada, 4/11/96) que no entiende la idea autonómica. Sugiere que, en su lugar, los pueblos indios deben intentar otra ruta dentro del régimen vigente entre la que se encuentra la fundación de un partido político, el reclamo de las posiciones de la administración pública dedicadas a la atención de cuestiones indígenas y la organización de una jornada en contra del aislamiento cultural y geográfico.
Ante la revuelta india y su exigencia de derechos, responde proponiendo su integración en los circuitos de la política institucional, su reducción territorial y el camino de una nueva conversión ``modernizadora''. Sus propuestas evaden, simultáneamente, los planteamientos y conquistas sustantivas alcanzadas por los pueblos indios. Sólo pueden entenderse como una negativa a modificar el marco jurídico vigente y como un rechazo a los compromisos que el gobierno suscribió en San Andrés.
Los pueblos indios plantean la incorporación a la Constitución del derecho a la libre determinación y la autonomía, entendida, como ``el derecho a decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente''. Ese es el consenso al que llegaron en la Mesa sobre Derechos Indígenas y refrendaron en el Congreso Nacional Indígena.
No reivindican la obtención de un registro como partido político ni ser considerados como una organización corporativa más, sino su reconocimiento como pueblos y una recomposición profunda de las relaciones de poder que les permita remontar su situación de subordinación e integración asimétrica con el resto de la sociedad nacional. Sostienen que es necesario emprender un conjunto de reformas que modifiquen el marco institucional vigente.
Exigen derechos, tanto políticos como de jurisdicción, para fortalecer su representación en los poderes legislativos y para que se reconozcan sus instituciones y mecanismos tradicionales para elegir a sus autoridades comunitarias y municipales, al margen de partidos políticos. Reivindican el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público. Plantean el derecho de varios municipios para asociarse, con el objetivo de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Impulsan una redistritación y una remunicipalización que haga coincidir los núcleos de población indígena con la organización territorial electoral.
Tiene razón HAC cuando señala que los pueblos indios podrían reclamar para sí las posiciones de la administración pública dedicadas a atender cuestiones indígenas. Estas han fracasado en su objetivo de procurar bienestar y desarrollo. Sin embargo, no es suficiente. Sin un incremento sustancial de los recursos destinados a estos pueblos y una modificación drástica de las políticas que los afectan (desde la rural hasta la comercial) la descentralización y ``privatización'' que propone Camín no será más que una vía para transferir más pobreza y permitir que el Estado siga desatendiéndose de sus responsabilidades redistributivas y asistenciales.
En contra de lo sostenido por HAC es perfectamente razonable exigir al Estado programas de inversión pública que permitan remontar el aislamiento geográfico de miles de comunidades; ya debería haberlo hecho hace mucho, porque: el Estado, pero también la sociedad urbana tienen una enorme deuda con esos pueblos que debe saldar, y porque en esas comunidades aisladas y crecientemente insumisas, que HAC llama a reducir para convertirlas a la ``modernidad'' (como hicieron los primeros colonizadores), se concentra la mayor parte de nuestra biodiversidad (una de las más extensas de nuestro planeta) y vastos recursos naturales. Tal y como ha documentado Víctor Toledo, los pobladores de esos territorios han cuidado de ellos mucho mejor que nuestros modernos depredadores. Estos son, a pesar de las apariencias, mucho más una reserva para el futuro que un rezago histórico. El Estado debe garantizar a esos pueblos una justa retribución por la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus regiones y facilitar las condiciones para un desarrollo equitativo y sustentable.
Todo ello está estrechamente vinculado a la lucha india por la libre determinación y la autonomía y en oposición a la pretensión de crear caminos para una nueva integración subordinada. En ellas están las claves para su reproducción y florecimiento. Así lo establecen los Acuerdos de San Andrés, sobre los que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de legislar en breve.