16 de julio de 1996
La aceptación del EZLN y de la delegación del gobierno federal en San Andrés de nuevas reglas en la negociación cierra un ciclo en el complejo camino del diálogo. La consecuencia inmediata de éstas es que pavimentan el camino de la pacificación en la entidad. Establecer nuevas reglas para la negociación fue una demanda de los zapatistas en la fase inmediatamente posterior a la sentencia por terrorismo de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin. La sentencia prácticamente congeló el Diálogo de San Andrés y provocó la escalada del conflicto. Esto no fue sino la gota que derramó un vaso colmado de insuficiencias y arbitrariedades en los procedimientos de la negociación desde tiempo atrás. Entre éstas se encontraban tanto los desalojos y la violencia gubernamental contra grupos de campesinos que desestabilizaban las pláticas, como la negativa de la representación oficial a que en la Comisión de Verificación y Seguimiento se incorporaran las partes.
La primera consecuencia importante en la lógica de la negociación que se desprende de la crisis es la relevancia adquirida por la Cocopa, tanto durante los momentos más álgidos de ésta como en su solución. La comisión legislativa se convirtió en un instrumento eficaz para desactivar la salida militar y para procesar salidas constructivas. Se transformó en un puente entre, de un lado, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, y del otro los zapatistas. Funcionó como una fuerza autónoma del Poder Ejecutivo con preocupaciones republicanas. La Cocopa pasó a ocupar un espacio privilegiado en la mediación del conflicto.
La conquista de esta función se hizo sin restarle espacio a la Conai, que mantuvo su papel de canal privilegiado en la comunicación con el zapatismo, evidenció la ausencia de condiciones políticas para restablecer el diálogo en las fechas establecidas, y alertó a la opinión pública sobre los riesgos de una escalada en el conflicto. Pagó por ello el precio de una campaña más de satanización en su contra.
El nuevo espacio ocupado por la comisión legislativa era, en el pasado, territorio privilegiado de la delegación gubernamental. Durante meses la estrategia de la ``gobernación'' consistió en tratar de ``achicar'' la negociación. Para ello buscó sacarla de la prensa, pretendió hacer creer a la opinión pública que el EZLN sólo buscaba ganar tiempo, evitó el debate no llevando invitados a la Mesa sobre ``Democracia y Justicia'', procuró restarle dimensión nacional al conflicto chiapanequizándolo y se negó a aceptar la incorporación de los zapatistas a la Comisión de Verificación y Seguimiento. A final de cuentas la estrategia resultó un boomerang; quien resultó achicada y desplazada fue la misma ``gobernación'', el conflicto ocupó durante mayo las primeras planas de la prensa y mostró una dimensión nacional. Una parte muy significativa de su espacio político fue ocupado por la Cocopa.
El zapatismo utilizó la crisis de las ``sentencias por terrorismo'' no para hacer tiempo en la negociación sino, por el contrario, para acelerar su reconversión en una fuerza política nacional de nuevo tipo. Tanto la realización del Foro Especial para la Reforma del Estado, como los avances en la constitución del FZLN, como las demostraciones de que está empeñado en avanzar en la gestación de una vía inédita para transitar pacíficamente a la democracia o las declaraciones de que las armas cumplen para ellos hoy una función defensiva, muestran que la solución al conflicto chiapaneco no está en la militarización de la entidad sino en la generación de espacios de desarrollo político.
Las nuevas reglas para la negociación no modifican la Ley para el Diálogo, pero sí los Acuerdos de San Miguel. Crean mejores condiciones para avanzar en el proceso de pacificación. Evitan, por ejemplo, que se produzcan rupturas unilaterales del Diálogo y le dan a la Cocopa la autoridad para calificar un eventual rompimiento. Crean algunos instrumentos para contener las provocaciones externas que afectan la dinámica de la negociación. Reconocen la justeza de las demandas que inspiraron la insurrección indígena. Pero las reglas no son en sí mismas la negociación sustantiva, sino el camino para que ésta se realice en los mejores términos posibles. Ninguna regla podrá evitar la falta de voluntad gubernamental para ofrecer soluciones de fondo.
El zapatismo ha distendido el conflicto dando muestras reiteradas de su disposición a buscar salidas pacíficas. El proceso es, sin embargo, aún frágil y puede ser afectado tanto por provocaciones externas como por la intransigencia gubernamental. Le toca ahora al gobierno federal corresponder a esta distensión no con declaraciones sino con hechos: desmilitarizando el estado, sacando al Ejército de las comunidades.