La Jornada
La distancia entre ciudad Lázaro Cárdenas y Manzanillo, ambas en el océano Pacífico, es de 541 kilómetros. En ellas se encuentran los dos más importantes puertos mexicanos. El papel que ambos juegan en el tránsito de mercancías en la región (y el mundo) es clave. Allí recalan las importaciones provenientes de Asia. De ellos salen las exportaciones destinadas a la costa oeste de Estados Unidos. De Manzanillo, por ejemplo, se exporta cerveza, azúcar, cobre, tubos de acero, carbón y resina.
El puerto Lázaro Cárdenas puede recibir navíos de grandes dimensiones, calado y todo tipo de cargas; incluso embarcaciones de hasta 170 mil toneladas de desplazamiento. Tiene 18 metros de profundidad. Es, además, el punto final del oleoducto Salamanca-Lázaro Cárdenas, con un diámetro 36 pulgadas.
En 2023 se fusionaron las ferroviarias Canadian Pacific y Kansas City Southern en una sola empresa: CPKC. Fundaron así el único ferrocarril que conecta Canadá, Estados Unidos y México. Se estableció un corredor clave en el transporte de mercancías por tren que conecta Lázaro Cárdenas y el Golfo de México, y un punto de comercio privilegiado con China. Este corredor multimodal ferroviario cuenta con 15 terminales intermodales.
No es difícil imaginar los intereses que buscan apropiarse de las vías que conectan a ambos puertos. Se trata, por supuesto, de controlar los ricos recursos naturales que hay en esos 541 kilómetros, las paradisiacas playas y los ecosistemas enclavados en esa vía y las rutas para el trasiego de drogas. Pero, también, de controlar un espacio que sirve de retaguardia natural y espacio de crecimiento a esos dos grandes polos de desarrollo. Crimen organizado, mineras, empresas inmobiliarias y desarrolladoras turísticas (a menudo mezcladas entre sí) pretenden hacerse de esas tierras a como dé lugar.
Los cárteles tienen en los dos puertos su punto de abastecimiento de los precursores que vienen de oriente y que requieren para fabricar drogas químicas, que luego trasladan a Estados Unidos. El enorme tránsito de contenedores que parte de allí y que cruza la frontera es una de las vías que usan para mover sus mercancías. Es, también la forma de desplazar otros productos en los que se mezclan la economía criminal y la formal (desde contrabando de llantas y venta de fierro a China, hasta ropa de marca etiquetada en maquiladoras del Bajío).
En el camino entre estos dos puertos, en Aquila, Michoacán, se asienta la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula. Junto a las otras tres comunidades nahuas del municipio (Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila) son propietarias, bajo el régimen comunal, de más de 200 mil hectáreas. Colindan con el océano Pacífico a lo largo de 100 kilómetros. Las hermosas playas ubicadas en sus tierras están muy bien conservadas.
Las tierras comunales de Ostula, amparadas por títulos primordiales, son codiciadas por narcos, empresas mineras, políticos y empresas inmobiliarias. Por todas las vías, legales e ilegales, han tratado de despojar a los comuneros de su posesión. Por defenderlas, los campesinos han pagado un alto costo. Desde el 26 de julio de 2008 han sido asesinados 40 comuneros y desparecido a seis, incluidos varios de sus más importantes dirigentes. La primera víctima fue el profesor Diego Ramírez, coordinador de la Comisión para la Defensa de las Tierras Comunales. Su cuerpo destazado fue arrojado en la playa de Xayakalan. Los asesinos nunca fueron detenidos.
Otro de los ultimados fue Pedro Leyva Martínez. En septiembre de 2011, en la tercera edición de las Jornadas Andino-Mesoamericanas, tomó la palabra. Explicó: Cómo nos hierve la sangre al mirar tanto despojo, y cómo es necesario decirle ¡basta! al temblor que trae uno en su corazón. Para nosotros la guerra todavía no ha terminado. Todavía seguimos combatiendo a aquellos que nos han pisoteado. Nosotros el fusil no lo hemos soltado, el fusil todavía lo traemos en la mano. Todavía seguimos luchando, seguimos defendiéndonos. El 6 de octubre, poco después de explicar en la Ciudad de México la historia de su lucha, fue asesinado en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan.
Por lo pronto, está en disputa una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales ubicadas junto al Pacífico que Santa María Ostula recuperó en 2009. Es una lucha que comenzó cuando en 1964, después de que sus tierras ancestrales fueron reconocidas por una resolución presidencial, fallas técnicas en los planos permitieron a los pequeños propietarios de La Placita invadir el territorio comunal y fraccionarlo. Esos invasores se convirtieron en integrantes o aliados del crimen organizado en la región: La familia michoacana y Los caballeros templarios.
La comunidad sigue siendo acosada, tanto con las armas como por las vías legales. Apenas el 3 de julio, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó el poblado de La Cofradía de Ostula, con drones, explosivos y armas de grueso calibre (https://shorturl.at/GPJyK).
Con la justicia amañada, los supuestos pequeños propietarios de La Placita, ligados a los malosos, consiguieron que el Tribunal Unitario Agrario distrito 38, dentro del juicio 78/2004, fallara a favor de ellos, reconociéndoles tierras en posesión inmemorial de la comunidad. Este procedimiento estuvo plagado de irregularidades. Tiempo después, el Tribunal Superior Agrario confirmó la sentencia.
Este agosto, el segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del decimoprimer circuito (Morelia, Michoacán), resolverá el juicio de amparo directo 463/2023, a través del cual la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, está impugnando esta resolución.
La hora cero se acerca para la comunidad indígena de Santa María Ostula. Una terrible injusticia puede cometerse en su contra. Hay que evitarla.
X: @lhan55
https://www.jornada.com.mx/2024/08/06/opinion/013a1pol