Paro nacional por la soberanía alimentaria

Nuevamente los campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) se manifestaron antier en diversos puntos de las carreteras en diferentes estados.
A finales de octubre y noviembre pasados, realizaron el primer bloqueo simultáneo en una movilización nunca antes vista que paralizó al país. Después de cinco meses y decenas de reuniones con funcionarios de distintas secretarías, consideran que el gobierno no ha cumplido sus compromisos y que su situación es insostenible.
Esta movilización, como las pasadas, es una muestra de que la ausencia de políticas agrícolas y la destrucción de las instituciones emprendida por el gobierno anterior (2019-2024) ha colocado a la agricultura nacional al borde de la quiebra. El T-MEC somete a los agricultores a una competencia abierta con los productores de Estados Unidos, ellos sí respaldados, subsidiados y protegidos por su gobierno.
La financiera rural (FND), heredera del Banrural y del Banco de Crédito Ejidal cardenista, fue eliminada de un plumazo el sexenio anterior, y dejó a los agricultores sin banca de desarrollo, sin crédito para la siembra ni para la compra de maquinaria. Una demanda del FNRC al gobierno es que devuelva la banca de desarrollo, ya que los agricultores necesitan crédito para producir.
La banca comercial presta a tasas de interés muy altas y exige garantías que no pueden cumplir. Las casas comerciales son las que actualmente aportan los recursos para sus cultivos, a cambio de comprarles los insumos a precios muy altos. Un claro retroceso en las condiciones para mantener sus niveles de competencia. Es responsabilidad del gobierno establecer un sistema de financiamiento al campo, una banca de desarrollo de primer piso, que en México había existido desde 1929.
También exigen precios de garantía para todos los productores y todos los granos básicos, que cubran los costos de producción y garanticen la rentabilidad de su trabajo. El gobierno pasado destruyó los sistemas de comercialización que habían establecido los gobiernos neoliberales presionados por los campesinos, y transfirió sus recursos al programa de precios de garantía que nunca funcionaron como tales y apoyaron a un número insignificante de productores.
En otras ocasiones, establecieron precios objetivo, pero condicionados a volúmenes reducidos de producción y a agricultores identificados como pequeños o medianos. Esto excluyó grandes volúmenes de producción de granos básicos indispensables para la alimentación de la población.
Hasta 2018, se destinaban 9 mil 750 millones de pesos a los programas de comercialización que operaba Aserca. En su lugar, el sexenio pasado estableció el programa de precios de garantía que hasta 2024 absorbió 12 mil 534 millones de pesos. A pesar de las movilizaciones de finales de 2025, que enfatizaron las dificultades de comercialización y la necesidad de subsidios para apoyar los ingresos de los agricultores frente a la caída de los precios internacionales de los granos, el presupuesto de la Secretaría de Agricultura para 2026 eliminó los precios de garantía y orientó únicamente mil 500 millones de pesos a un programa de acopio para el bienestar, que no está orientado a resolver el mercado de todos los granos, sino únicamente a comprar a los productores pequeños. No hay otro programa de comercialización en el presupuesto cuando en las condiciones actuales resulta urgente.
El gobierno anunció en días pasados que ha apoyado con mil 900 millones de pesos a 31 mil 768 productores de maíz, que representan sólo 1.2 por ciento de quienes lo siembran, pues se dedican a su cultivo 2.67 millones de agricultores.
El complemento de precio se otorgó sólo a 2.5 millones de toneladas de maíz, que corresponden a 11 por ciento de las 22.5 millones que todavía produce México. Para el gobierno, esos apoyos son la muestra de que los campesinos han sido atendidos; sin embargo, una lectura en sentido contrario da la razón a las movilizaciones del 6 de abril.
El avance hacia la soberanía alimentaria requiere de políticas de protección, regulación y fomento responsabilidad del Estado. Mantener la idea equivocada de que son ayudas de buena voluntad que se otorgan a los campesinos y agricultores si sobran recursos presupuestales profundizará la crisis agrícola y el aumento de la dependencia alimentaria.
La represión de las movilizaciones, como la ocurrida en Tlaxcala, es señal de una intolerancia inadmisible.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
https://www.jornada.com.mx/2026/04/08/opinion/015a1pol