Ayotzinapa: a 12 años, informe anunciado

La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum anunció que antes del próximo 26 de septiembre y no el 27, hará público un informe sobre el caso Ayotzinapa que incorporará nuevas líneas de investigación, en el contexto del décimo segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. En la reunión de una semana atrás con la titular del Ejecutivo Federal, fueron presentados los avances más recientes de las investigaciones y se informó de “cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes”. Entre ellas, las relacionadas con nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación, las cuales, se explicó, han permitido ampliar las indagatorias e incorporar nuevos elementos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
No es la primera vez que se habla de nuevas líneas que compartiría previamente con las madres y los padres de los estudiantes. Tratándose del discurso oficial al respecto, lo menos que encontramos son posturas erráticas, un ejemplo: se ha aceptado meses atrás que se invitaría de nuevo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tiempo después afirmó: “el GIEI ya no existe” se invitará a la ONU para que proponga otros expertos. La semana pasada se retomó que se invitaría al GIEI, al parecer no se concretó una propuesta de la ONU.
Y ahora estamos con la información de la Secretaria de Gobernación en el sentido de que algunos integrantes del GIEI han declinado la invitación y no dirá sus nombres. Sin embargo, se aclaró que el gobierno federal tiene la intención de contactar la próxima semana a quienes sí quieran regresar a México a seguir trabajando en estas investigaciones y rearmar un nuevo GIEI.
Pero tratándose de nuevas líneas, el pasado 6 de agosto se concretó una orden de aprehensión para el ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivera, en funciones en septiembre de 2014 y con una trayectoria polémica por decir lo menos. Fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones de las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del municipio de Iguala, Guerrero, obtenidas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Hoy se encuentra recluido en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, estado de México, fue vinculado a proceso penal por la justicia federal y le fue ratificada la prisión preventiva oficiosa imputado por la comisión del delito de desaparición forzada de personas en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre de 2014 por la noche.
El juez de control determinó que las pruebas aportadas por la FGR son suficientes para presumir su responsabilidad pues el material destruido contenía evidencias claves sobre el cerco tendido a los estudiantes y movimientos de traslado y fijó un plazo de 4 meses para la realización de la indagatoria complementaria que vencerá el próximo 4 de diciembre. Pese al discurso del ex gobernador con expresiones como “tengo la conciencia tranquila”, su defensa no aportó pruebas contundentes pues la FGR se respaldó en el testimonio de dos ex funcionarias del Tribunal de Justicia de Guerrero que cumplieron la orden contundente de entregar a Aguirre Rivero los videos referidos.
En amplios sectores, se ha destacado la incongruencia de que a 12 años apenas se haya visibilizado la probable responsabilidad del exgobernador, quien renunció a su cargo poco después de la noche de Iguala. Por su parte los familiares de los estudiantes han reiterado que desde 2014 señalaron que se debía investigar al hoy ex gobernador y plantean que no lo deben dejar en libertad. Por su parte, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh, y de la Montaña Tlachinollan consideraron que la vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre abre una nueva ruta para esclarecer el caso Ayotzinapa pero advirtieron que todavía existen pendientes fundamentales entre ellos información en poder del Ejército y extradiciones como la de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel, y de Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala, que podrían aportar elementos sobre el paradero de los 43 normalistas.
Tlachinollan consideró que esta detención y vinculación a proceso representa una gota de esperanza para los familiares de los normalistas. Ya conoceremos el informe anunciado para los familiares en especial han sido 12 años de férrea voluntad y resistencia, sólo con el impacto inicial de la llamada verdad histórica desmontada de manera contundente por el GIEI y el informe del subsecretario Alejandro Encinas que habló de un crimen de Estado y pagó por ello el costo político. ¡Hasta encontrarlos!
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