Las grietas del Plan Maestro

“Más seguridad”, pedía con desesperación el profesor Federico García Parra ante la embestida del crimen organizado en la comunidad me pháá de Huitzapula. En mayo las balaceras arreciaron y los drones con explosivos caseros aterrorizaron a las familias. Todos cerraron sus puertas y resistieron con el poco maíz y frijol que guardan en sus costales. En el pueblo sólo escuchaban el estruendo de las armas de alto poder.
El maestro Federico, afectado por la desaparición de su hijo Luis Fernando, mantuvo la fuerza para denunciar los hechos de violencia que a diario se registraban en su comunidad. El 2 de mayo comentó: “cargo la frustración por los problemas de inseguridad que prevalecen en la comunidad y porque no sé nada de mi hijo.”
En la madrugada del 12 de mayo dos casas fueron quemadas por las bombas que lanzaron más de una centena de personas armadas. Los militares que se encontraban en el crucero de Lucerito no reaccionaron. Las escuelas cerraron por tiempo indefinido. El transporte público se suspendió. “Desde el 27 de abril de 2024, cuando empezó el asedio de la delincuencia, hemos vivido entre las balas”.
El maestro relataba que los tiradores se apostaban en los cerros que están alrededor de Huitzapula. Nadie podía salir por el temor de ser asesinado o desaparecido. El 8 de mayo, Antonio Reyes fue asesinado cuando se dirigía a su parcela. Las autoridades comunitarias solicitaron al gobierno federal la presencia del Ejército y la Guardia Nacional. Al siguiente día, más de 80 personas –entre ellos 17 niñas y 15 niños– se refugiaron en la comisaría. Las mujeres suplicaban la intervención de las fuerzas federales. Ante la inacción de los funcionarios difundieron un video donde más de 600 mujeres y niños exigían seguridad. Como prueba de esta embestida delincuencial, algunos ciudadanos registraron en sus celulares las balaceras y las subieron a las redes sociales. Por la noche dos patrullas de la policía estatal y una del Ejército llegaron al pueblo, mientras el subsecretario de asuntos políticos del estado se empeñaba en desvirtuar los hechos.
El agravio mayor fue el asesinato del tesorero de bienes comunales, Andrés García Mendoza. Los hechos ocurrieron a unos metros donde se encontraban los militares y la Guardia Nacional. Federico tenía un atisbo de esperanza, creía que un día no tan lejano los grupos delictivos se extirparían con la intervención decidida de las autoridades federales. Su pesimismo fue mayor porque vislumbraba que la red criminal está tejida con los hilos del gobierno. Para el docente, el antídoto contra la delincuencia está en reactivar las asambleas comunitarias para fortalecer la organización y la defensa territorial.
El 26 de mayo, cerca del poblado de Tres Lagunas fue emboscada la joven pareja Cristal Avilés Sierra y Emilio Pacheco Florentino, comerciantes en pequeño que se trasladaban en su camioneta para surtirse de mangos en la región de la Cañada. Ante la impotencia y la rabia por el crimen perpetrado, el maestro convocó a una asamblea para emplazar a las autoridades a que investiguen y desmantelen esta estructura delincuencial.
En junio enviaron un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum con la esperanza de que atendiera su petición. Quedaron a la deriva porque ni el Ejército ni la Guardia Nacional llegaron a Huitzapula. Sus temores crecieron al constatar que el gobierno federal no atendía sus denuncias. Entendieron que las versiones del grupo agresor respaldadas por los presidentes municipales son las que llegan a Palacio Nacional.
Para las 19 comunidades contempladas en el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, las acciones anunciadas por la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez en Chilapa, eran desconocidas. Por ejemplo, las familias desplazadas continúan en su mayoría fuera de las comunidades, pero para el subsecretario de derechos humanos Arturo Medina la situación se había normalizado. Presumió que de las 316 familias desplazadas, sólo 33 estaban pendientes de regresar. También informó que se han iniciado 32 carpetas de investigación, sin embargo, sólo se abalanzaron contra el defensor comunitario Jesús Plácido Galindo. Lo confinaron al penal de Almoloya dándole un trato de delincuente peligroso.
La Secretaría de Gobernación difundió que el Plan Maestro se focaliza en los municipios de Chilapa, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas, para atender las causas de la violencia en la Montaña Alta y Baja de Guerrero. Convergen 20 dependencias que combinan acciones de seguridad pública con atención social mediante la incorporación a programas de bienestar, infraestructura, salud, proyectos agropecuarios y el acompañamiento en el retorno de las familias desplazadas.
Las comunidades agredidas como Alcozacán y Huitzapula han solicitado médicos, clínicas equipadas y medicamentos; bachilleratos para los jóvenes y bancos del Bienestar para las personas mayores. En los eventos cerrados que ha realizado el gobierno federal anunciaron varias acciones como la reparación de viviendas en Tula, los servicios que brindan las instituciones y los tianguis del bienestar en Xicotlán y Olinalá. Dotaron de maíz y frijol a los habitantes que ya retornaron a Teticic.
Las familias que huyeron de las balaceras y que perdieron su ganado, sus cosechas y sus viviendas, no regresarán, porque saben que la delincuencia sigue controlando las comunidades. Se desplazan en los caminos y permanecen dentro de la región. El Plan Maestro no centra sus esfuerzos en desmontar las estructuras delincuenciales y tampoco le apuesta a investigar los nexos de los funcionarios municipales con la delincuencia.
El 26 de agosto el maestro Federico fue asesinado al salir de la Escuela Primaria Bilingüe “Antonio Plaza” en Zapotitlán Tablas. Antes de abrir su camioneta arribó una motocicleta con dos personas armadas que de inmediato le dispararon. Los vecinos lo dejaron a merced de los criminales. Esta cadena de crímenes se mantiene intocada entre las autoridades de Guerrero. Es la grieta más grande que nos hunde en la barbarie. El Plan Maestro no debe maquillar esta dolorosa realidad.
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