Mucha gente no sabe que el aumento de la producción a través de variedades de cultivos de alto rendimiento (semillas mejoradas o híbridos) conlleva la disminución de nutrientes, vitaminas y proteínas en los alimentos producidos.

El 27 de julio pasado, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, presentó otro componente de la farsa de bioseguridad en México: la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados, otra forma de subsidiar con recursos públicos a las trasnacionales de los transgénicos.

Aunque los casos comprobados de gripe porcina humana llegan a más de 100 mil en el mundo y se teme que las próximas mutaciones del virus lo harán más letal, los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se esfuerzan en ignorar las causas reales de la pandemia.

Un nuevo informe científico muestra que la contaminación transgénica del maíz en México está más extendida de lo que se creía, pero además, que el gobierno ha contribuido activamente a aumentarla a través de sus propios programas.

Las corporaciones y la mayoría de los gobiernos promueven los agrocombustibles como una opción para sustituir el petróleo por energías limpias, renovables, que garanticen a las comunidades rurales buenos precios agrícolas y mercados de exportación para los países del Sur, además de reducir las emisiones de gases invernadero a la atmósfera. Pero esta quimera se estrella con la realidad: la tierra arable en el planeta es finita.

La Academia Americana de Medicina Ambiental (AAEM, por sus siglas en inglés), hizo pública en mayo 2009 su posición sobre los alimentos transgénicos. Por la salud y la seguridad de los consumidores llaman a establecer urgentemente una moratoria a los alimentos genéticamente modificados y la implementación inmediata de pruebas independientes y de largo plazo sobre su seguridad.