El 26 de septiembre de 2014, la vida cambió radicalmente para el hoy maestro Ulises Martínez Juárez. Nacido en Tixtla, Guerrero, hijo de un policía comunitario, era entonces estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La noche de Iguala lo marcó para siempre. Sus 43 compañeros desaparecidos le duelen en lo más profundo del corazón.

Como tantas regiones en Chiapas, la comunidad lacandona se ha convertido, desde años, en terreno de operación y ¬disputa del crimen organizado. Formada a partir del Decreto Presidencial de 1972, dotó de 614 mil 321 hectáreas del desierto de la Soledad a 66 jefes de familia lacandones. Desde entonces se encuentra atravesada por múltiples conflictos agrarios y ambientales, a los que ahora se suma la disputa del narco por el control de ese territorio, contra las comunidades.

Del sueño a la pesadilla. A finales de enero del año pasado, mil 368 habitantes de la comunidad nahua de El Coire, votaron por obtener su presupuesto directo y tener su autogobierno indígena. Siete meses después, celebraron, con honores a la bandera y una gran fiesta popular con espectáculos deportivos, danzas y comida regional, el 319 aniversario de su fundación.

La producción de granos básicos, fundamental para la alimentación humana y animal, a la que se dedica la mayoría de los campesinos y agricultores, fue la perdedora neta del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994).
El tratado abrió el mercado mexicano a las importaciones de EU y Canadá, sin que México tuviera posibilidad de competencia, a la par de que cambió las políticas agrícolas y destruyó las instituciones y servicios públicos que apoyaban la agricultura.

Una amplia red de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, chuj, lacandón, zoque, mam, ikoot, ayuuk, chinanteco, bene gula, nahua, me’phaa, hñähñu, wixarika y rarámuri, junto a organizaciones, colectivos y movimientos sociales en defensa de los territorios y la vida campesina, con presencia en 18 estados de la república, señalaron en declaración conjunta que la violencia en contra de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la constante en el país (https://tiny

Amira Flores Velázquez tiene 20 años y estudia sicología social en la Universidad Autónoma de Puebla. Aún tiene fresco en la memoria el 20 de febrero de 2019, cuando asesinaron a mansalva a su papá, el indígena nahua de 36 años, radialista, campesino orgánico y defensor del pueblo de Amilcingo, Samir Flores Soberanes.