Las balas calibre .50 y las de los fusiles G3 incrustadas en las paredes de la escuela Caritino Maldonado horadaron el corazón de las familias indígenas de El Charco. En menos de cuatro horas más de 300 militares se concentraron en Ayutla de los Libres y en camiones artillados subieron los caminos pedregosos de la Montaña. El gobierno de Ernesto Zedillo dilapidó presupuesto para mandar comandos especiales del Ejército, armamento sofisticado, camiones Hummer, Torton y helicópteros. Cumplió su amenaza de usar toda la fuerza del Estado para acabar con cualquier brote de insurgencia armada.

Seguramente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que han trabajado por la justicia por más de 30 años, entenderán que no me puedo detener en este texto a enumerar las razones para disentir totalmente del juicio sumario y falto a la verdad que en su contra se emitió en días pasados desde la voz presidencial. Estamos ante una emergencia más de las que viven los pueblos indígenas en todo el país y, en este caso, una más de las que atentan contra los pueblos zapatistas.

El 2 de junio la oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México consultas para un panel de solución de controversias bajo el capítulo 31 del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), respecto de la política hacia el maíz y otros cultivos genéticamente modificados (bit.ly/3qsc2Ix). Con esta acción Estados Unidos escaló un nivel más, el conflicto que ha sostenido con México desde hace más de dos años, a raíz del primer decreto presidencial sobre maíz transgénico y glifosato, emitido en diciembre de 2020.

Chiapas es un polvorín a punto de estallar. La violencia se multiplica de manera alarmante. Los ataques armados de paramilitares contra comunidades zapatistas son frecuentes y se intensifican. Grupos del crimen organizado organizan levas de jóvenes para engrosar sus ejércitos. Miles de desplazados viven en el monte o en poblados provisionales. Bandas de delincuentes motorizadas protagonizan en San Cristóbal verdaderas batallas campales para controlar mercados y rutas de drogas. Cárteles pelean a sangre y fuego por el control de la frontera con Guatemala.

Entre el 8 y el 15 de mayo pasados los agricultores maiceros de Sinaloa, con sus modestos y antiguos tractores, tomaron las plantas de Pemex en Topolobampo, Guamuchil y Culiacán en demanda de un precio de 7 mil pesos por tonelada para su cosecha de maíz y de 8 mil para el trigo.

El movimiento de los productores de maíz y trigo de Sonora y Sinaloa continúa y se advierte un endurecimiento en sus posturas. En mucho recuerda al movimiento de los agricultores en torno a la presa de La Boquilla, en Chihuahua, en 2020. Como entonces, un grupo importante de agricultores norteños se enfrenta al gobierno federal tomando instalaciones estratégicas, ahora de Pemex, e impugnan las políticas del centro. Como entonces, es peligroso reducir la inconformidad a una manipulación de los agricultores ricos para golpear al gobierno de la 4T.