Ayotzinapa marca un parteaguas en la administración de Enrique Peña Nieto. Hay un antes y un después en su gobierno a raíz de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas rurales. Desde entonces, comienza el deterioro de la imagen presidencial y del mexican moment vendido por los mercados, que se profundiza imparablemente con el paso de los días. El nombre del mandatario pasará a la historia asociado con la noche de Iguala.

Una emboscada contra los integrantes de la Unión de cooperativas Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla; un desalojo y la apertura de una carpeta de investigación por supuestos delitos contra habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; un desalojo violento por la policía de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que protestaban en el ejido La Aurora contra del Proyecto Chemours Laguna, que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de cianuro de sodio, e

Entre las novedades de los recientes días destacan varios acontecimientos que vienen a confirmar lo que ya prefigurábamos en la larga construcción del poder social o ciudadano en México: la aparición a lo largo y ancho del país de redes regionales de resistencia ciudadana (R3), que es la consecuencia directa de muchos años de esfuerzos y batallas colectivas.

Una ciudadanía informada y alerta sobre los problemas que aquejan al medio ambiente es la mejor manera de evitar daños a la salud pública y a la naturaleza. Así sucede, por ejemplo, con la campaña internacional para advertir sobre los efectos nocivos que ocasiona un herbicida elaborado por Monsanto, la trasnacional más poderosa de transgénicos, semillas y agroquímicos. El herbicida se llama Dicamba y, según organizaciones ecologistas, su toxicidad, asociada a su volatilidad originará este año la muerte de 60 millones de mariposas en Estados Unidos. ¿Cuántas de ellas son Monarca?

Además del deterioro por las condiciones de explotación extrema que ya de por sí sufre la diversidad de seres vivos que habitan sobre la tierra, la clase política pretende poner a la venta esta inconmensurable riqueza de la que nuestro país es privilegiado.

En octubre de 2016 la senadora Ninfa Salinas presentó una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), elaborada de prisa y con graves fallas, incluso a nivel de su constitucionalidad, que refleja los intereses del grupo empresarial al que pertenece.