A un mes de la trilla del maíz y como parte de los programas de reactivación económica que impulsa el gobierno para paliar la crisis que se agudizará por la pandemia del coronavirus, el pasado 25 de marzo se anunció un nuevo precio de garantía para los medianos productores del grano en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

La jornada 

El territorio y los recursos naturales de la comunidad de Santa María de Ostula, en la costa de Michoacán, están en disputa. Es, literalmente, una lucha por la vida y la muerte, en la que los comuneros defienden su tierra y su hábitat de los embates del crimen organizado.

La pobreza y precariedad en que viven comunidades y habitantes de la Península de Yucatán no son producto de su supuesto aislamiento del mercado mundial. Desde hace más de un siglo no existe tal cosa. A través de la industria henequenera, las explotaciones forestales, las granjas porcícolas, los proyectos extractivos, el gran turismo, el territorio peninsular y sus pobladores están estrechamente integrados a éste.

Hace meses, en mayo de 2019, los gobiernos federal y estatal inauguraron en el Istmo de Tehuantepec el parque Energía Eólica del Sur y las subestaciones eléctricas Arquitecto Ignacio Chávez y José Eduardo Ramírez Briseño. Entre protestas de los pobladores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció que la administración federal respetará la voz de los pueblos originarios y que ningún proyecto se realizará sin su aprobación.

Está en discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) presentada por el diputado Eraclio Rodríguez, de Morena. Parece un texto dictado por las trasnacionales semilleras, designado, punto por punto, a favorecer sus intereses de lucro, contra la soberanía alimentaria de México. Es una iniciativa con la que pierden todos los agricultores y que además intenta criminalizar las semillas campesinas.