Escalofriante. El coronel José Rodríguez Pérez, responsable de 27 Batallón de Infantería de Iguala, habría dado la instrucción de ultimar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida cuadro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014. Los militares no sólo no hicieron nada para protegerlos, aunque sabían en tiempo real lo que sucedía. No sólo falsearon lo sucedido. Simple y llanamente, los asesinaron y desaparecieron, al menos, a parte de los 43 jóvenes.

Tres acontecimientos se empalman en la masacre de Ayotzinapa. El central es la salvaje agresión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por el crimen organizado, militares y policías. El segundo consiste en la decisión de agentes estatales de distinto nivel de no intervenir para evitar que el crimen se consumara, pese a contar con información en tiempo real de lo que acontecía.

El 9 de agosto de 2003, en Oventic, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en sustitución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MARZ), cuyas funciones continuarían. Se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las juntas para atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento.

La fotografía de Fabrizio León tomada en 1985 habla por sí misma. Con los pesados bultos de café a sus espaldas y las huertas del aromático desplegadas hasta las faldas de la montaña frente a ellos, tres jornaleros indígenas chiapanecos caminan para dejar su carga. Es el último jalón del día. Tras una interminable faena pizcando las cerezas, se dirigen a dejar su carga al finquero antes de que el sol de ponga. Es un fruto cosechado con sangre y sudor, con despojo y dolor.

Los pequeños caficultores están molestos y decepcionados con el gobierno federal. Le recriminan que a la trasnacional Nestlé le haya otorgado indebidamente privilegios. También, negarse a dialogar y acordar con ellos cuestiones fundamentales de la industria.

Es compleja la relación entre derecho y política, aun cuando ésta debería practicarse siempre en apego al derecho. No es el caso tratándose de los pueblos indígenas que históricamente han estado sometidos al despojo de sus territorios y quienes logran un reconocimiento a través de sentencias, aún tienen que seguir luchando para que las ejecuten, que les cumplan. En ello van en juego toda una serie de maniobras y alianzas de los despojadores con la complicidad de quienes deberían estar de parte del derecho de los pueblos.