Tres acontecimientos se empalman en la masacre de Ayotzinapa. El central es la salvaje agresión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por el crimen organizado, militares y policías. El segundo consiste en la decisión de agentes estatales de distinto nivel de no intervenir para evitar que el crimen se consumara, pese a contar con información en tiempo real de lo que acontecía.

El 9 de agosto de 2003, en Oventic, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en sustitución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MARZ), cuyas funciones continuarían. Se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las juntas para atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento.

La fotografía de Fabrizio León tomada en 1985 habla por sí misma. Con los pesados bultos de café a sus espaldas y las huertas del aromático desplegadas hasta las faldas de la montaña frente a ellos, tres jornaleros indígenas chiapanecos caminan para dejar su carga. Es el último jalón del día. Tras una interminable faena pizcando las cerezas, se dirigen a dejar su carga al finquero antes de que el sol de ponga. Es un fruto cosechado con sangre y sudor, con despojo y dolor.

Los pequeños caficultores están molestos y decepcionados con el gobierno federal. Le recriminan que a la trasnacional Nestlé le haya otorgado indebidamente privilegios. También, negarse a dialogar y acordar con ellos cuestiones fundamentales de la industria.

Es compleja la relación entre derecho y política, aun cuando ésta debería practicarse siempre en apego al derecho. No es el caso tratándose de los pueblos indígenas que históricamente han estado sometidos al despojo de sus territorios y quienes logran un reconocimiento a través de sentencias, aún tienen que seguir luchando para que las ejecuten, que les cumplan. En ello van en juego toda una serie de maniobras y alianzas de los despojadores con la complicidad de quienes deberían estar de parte del derecho de los pueblos.

El 27 de junio, en el istmo oaxaqueño, las comunidades zapotecas y mixes de la región baja estuvieron de fiesta: la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), una de las organizaciones indígenas más longevas de la región y el estado, cumplió 37 años. Eso es motivo de festejo, pues muchas de las organizaciones que, como ella, nacieron para defender los intereses de los pueblos, terminaron cooptadas por el estado y sus dirigentes haciendo lo que en un principio combatieron.