Cuando los mineros hablan, los poderes republicanos callan. O se someten. Así ha quedado demostrado en lo que va del proceso legislativo para reformar la ley minera y recuperar la soberanía nacional en la materia, según dijo el Presidente de la República al presentar la iniciativa ante la Cámara de Diputados.

Hace 17 meses falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el conflicto de límites entre Chiapas y Oaxaca (controversia constitucional 121/2012). Su discusión no fue ajena al temor de caer en el terreno político. Ello devela la idea de que el derecho no se utilice para resolver problemas sociales o políticos, señalaron en los debates del pleno del máximo órgano del Poder Judicial. Es una primera llamada de atención, pues en tratándose de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho agrario en general esa es justamente la materia por la que se acude a tribunales.

El 1º de enero de 1994, Pablo González Casanova vacacionaba en Cuba. Se metió a nadar y de repente su esposa le gritó: Ven, que está saliendo México en la televisión. Al llegar frente a la pantalla, se encontró con las imágenes de “los muchachos que tomaron San Cristóbal, encapuchados. A los dos días –me explicó en larga entrevista– ya estábamos en México. Después me llamó don Samuel Ruiz a formar parte de la comisión para la paz. Acepté”.

Si la energía y los recursos, las ominosas advertencias, las profecías apocalípticas que las empresas mineras emplean para atacar y defenderse del paquete de reformas para una minería regulada presentado por el Ejecutivo federal al Congreso el 28 de marzo, si todo eso se empleara para defender el gran e indispensable bien común que es el agua, ya estaríamos superando la crisis hídrica.

Protegido por Israel, Tomás Zerón de Lucio, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en tiempos de Enrique Peña Nieto, quien torturó y amenazó de muerte a detenidos, alteró y fabricó pruebas falsas y fue figura clave en la elaboración de la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dice ser un perseguido político.

El 4 de abril la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emitió un muy fuerte comunicado dirigido a los tres órdenes de gobierno. Su tesis central es lamentablemente coincidente con lo que sucede en otras regiones del país: Nos preocupa la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en los pueblos de los municipios.